“No le perdonamos un mango”, sostuvo Mocoroa. La versión oficial no resiste la prueba de la historia de rapiña familiar macrista.
Juana Galarraga @Juana_Galarraga
Viernes 10 de febrero de 2017
El escándalo desatado el miércoles, ante la noticia sobre la condonación de una deuda millonaria por parte del Estado a Franco Macri, sigue sumando repercusiones.
El Gobierno aceptó el perdón de casi la totalidad de una deuda que la empresa Correo Argentino S.A. mantenía con el Estado nacional. La cifra en cuestión supera los $ 70.000 millones y corresponden a una deuda con el Estado contraída en los años en que el padre del presidente comandaba los destinos de la firma SOCMA, como concesionaria del servicio postal de la Nación.
El acuerdo para perdonar la deuda del papá del presidente con el Estado argentino, se da en un contexto en el que el discurso mediático y oficial se hace eco de la anti corrupción para la disputa política con la expresidenta Cristina Kirchner. Las últimas semanas se asistió a una avanzada judicial que asedia a la expresidenta. Las denuncias en su contra por casos de corrupción y por operaciones incompatibles con la función pública durante su Gobierno, son una constante. Entre otras cosas, se la acusa de efectuar maniobras para favorecer a los empresarios constructores amigos a través de la obra pública. La corrupción desarrollada durante las administraciones kirchneristas es innegable.
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Sin embargo, como se volvió a ver con claridad estos últimos días, el enriquecimiento y los grandes negocios a costa del Estado no son patrimonio exclusivo del kirchnerismo. Sin disimulo alguno, se conoció el perdón estatal al empresario Franco Macri, el día del cumpleaños del presidente. Cambiemos hizo de la transparencia y la honestidad, una de sus banderas durante la prolongada contienda electoral que encumbró a Mauricio Macri en la primera magistratura. A pesar de esto, las denuncias por corrupción que lo rodean a él, su familia y a algunos de sus funcionarios, también se suceden una tras otra, aunque abordadas con benevolencia por parte de las empresas de medios.
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Cálculos disímiles
Gabriela Boquín, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, dictaminó el rechazo a este acuerdo y definió que “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva”. Según la fiscal el acuerdo implicaría una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y más de 70 mil millones si se considera que la concesión era hasta 2033.
Sin embargo, ante la gravedad de la denuncia y los cálculos que estima la fiscal, el Gobierno solo se defendió con afirmaciones bastante básicas. “No le perdonamos ni un mango a Franco Macri, nada, ni siquiera los intereses", sostuvo el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, quien firmó el acuerdo.
La versión oficial sostiene que se prevé que la empresa pague el "ciento por ciento del capital verificado", que asciende a "296 millones de pesos". Entre otras cosas, Mocoroa afirmó ayer que la deuda contraída en 2001 no puede ser dolarizada. "Presumo que es un error jurídico", dijo en relación al cálculo de Boquín, que estimó que surge de dolarizar la deuda en pesos y sumarle los intereses de 15 años.
Un poco de aire
El repudio a esta maniobra se generalizó rápidamente. Las redes sociales estallaron y se conocieron declaraciones de representantes de diversos espacios políticos que se pronunciaron en contra del acuerdo.
Entre las últimas repercusiones que suscitó el tema, el senador mendocino de la UCR, Julio Cobos, aseguró que el acuerdo de condonación puede ser considerado “nulo”, lo raro es que habla del Gobierno que integra su partido. La nulidad se derivaría de la falta de competencias de Mocoroa. “Para realizarlo se requiere un empleado de planta y con el respaldo de una resolución", manifestó. Ante tamaño fraude, Cobos -siempre tan “no positivo”- se preocupó por cuestiones administrativas de segundo orden.
Por su parte, la diputada del GEN Margarita Stolbizer, quien se había mantenido en silencio, finalmente ayer manifestó “que el Gobierno de Macri, haga un acuerdo con quita con Macri padre, resulta escandaloso y demasiado parecido al pasado inmediato que se comprometieron a cambiar". Algo parecido a que la vocera del supuesto progresismo anticorrupción haga un acuerdo con el ex – jefe de Gabinete de Cristina Fernández y ex – UCeDe, Sergio Massa.
El kirchnerismo aprovechó esta denuncia como un poco de aire para recuperar iniciativa ante la asfixia judicial que avanza contra Cristina. Ayer se supo que el presidente fue denunciado penalmente por los referentes nacionales del FpV Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti. También fueron denunciados el ministro Oscar Aguad y Mocoroa, este último designado en su actual cargo por Aguad, transitoriamente.
Cristina Kirchner, por su parte, se descargó vía twitter y disparó que “mientras Clarín te distrae con inventos, Macri en el día de su cumpleaños acaba de hacerse un regalo de 70 mil millones”.
Sin embargo, la oportunidad que este acuerdo otorga al espectro kirchnerista para señalar al Gobierno, no puede ocultar que el grupo Macri se enriqueció, así como en períodos anteriores, durante la década kirchnerista. Y siempre estarán presentes los benditos bolsos de José López para recordarle al kirchnerismo que jamás debería decir: “de esta agua no he de beber”.
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Rapiña histórica
En septiembre de 1997, el entonces presidente Carlos Menem entregó mediante un decreto la concesión del Correo Argentino a la Sociedad Macri (SOCMA). El contrato que se había firmado por un término de 30 años, establecía que la empresa debía entregar al Estado nacional un canon semestral de 51,6 millones de pesos
No obstante en el año 1999 los Macri dejaron de pagar este canon y acumularon una deuda de sumas millonarias. Algunos de los acreedores corresponden al sector privado, pero la mayor parte de la deuda se contrajo con el Estado nacional.
En septiembre de 2001, la empresa finalmente inició un concurso preventivo de crisis. El 19 de noviembre de 2003, el flamante presidente Néstor Kirchner rescindió el contrato con el grupo Macri mediante un decreto, cuando aun no se había decretado la quiebra de la empresa. Luego de esto, el gobierno procedió a la reestatización del servicio postal de la Nación.
La concesión otorgada en los años ’90, no sería la primera oportunidad en que el grupo empresario familiar inicia un ciclo de enriquecimiento a través de negocios con el Estado. Como se sabe, el 24 de marzo de 1976 los Macri entraron a la última dictadura militar con 7 empresas. Al finalizar este período sangriento, ya contaban con 47.
Independientemente de cuáles sean los cálculos y cifras con las que el Gobierno nacional intenta justificar el acuerdo alcanzado con el papá del presidente, la tendencia a la rapiña empresarial en detrimento del Estado y las arcas nacionales por parte de la familia Macri, es historia conocida.
