A la medida de lo que reclamaban los gobernantes provinciales se dictaron en las últimas semanas los desalojos de los 4 asentamientos que se habían dado en la ciudad. La justicia avanzó rápido en criminalizar a las familias sin embargo no hay avances en las propuestas para resolver la falta de viviendas.
Jueves 19 de noviembre de 2020 20:21
Hoy, en horas de la tarde se dio a conocer la resolución de la jueza Laura González Vitale ordenando el desalojo de las familias que ocupaban un predio cercano al Barrio Labraña de Cipolletti. Les dio un plazo de 15 días para que lo abandonen voluntariamente sino se podrá hacer uso de la fuerza pública a cargo del Fiscal Gustavo Herrera, conocido por haber intentado un desalojo ilegal un mes antes en el asentamiento 21 de septiembre.
Con esta orden, que recae sobre los asentamientos 28 de agosto y Rucalaf, se termina de dictar el desalojo para los 4 asentamientos que habian surgido este año. Si bien la jueza hace un reconto de distintas leyes que obligan a la protección de los derechos humanos y de la integridad de los menores, es sabido que en esos procedimientos todo vale, menos las garantías para las familias.
De manera casi incomprensible se escucharon en las distintas audiencias, argumentos de todo tipo por parte de la fiscalía y las querellas: que las familias no tienen necesidades por que cobran subsidios del Estado o porque no estaban demasiado sucios o porque tienen familiares con los que pueden vivir. También se los acuso de impedir el funcionamiento normal de la producción local, como si no hubiera una crisis económica mundial o la pandemia no existiera. Repudiables argumentos de los funcionarios públicos.
Promesas para un futuro incierto
Desde el desalojo en Guernica se dio vía libre en las provincias para avanzar en el mismo sentido. En Río Negro, tanto el oficialismo de Juntos Somos Río Negro y la oposicion del Frente de Todos se alinearon para reprimir. Empezaron por El Bolsón, siguieron por Viedma, luego porGeneral Roca hasta llegar al día de hoy en Cipolletti. Así, la justicia legitima una política de Estado que criminaliza a los más vulnerables y se lava las manos frente a sus responsabilidades para pactar con empresarios y terratenientes jugosos negocios.
Para las familias de Rucalaf y 28 de agosto no hay garantías de que la situación se pueda resolver fácilmente, durante estos meses avanzaron en la construcción de las casillas y el acceso al agua y la luz, están en una mejor situación que al comienzo por eso aceptar una propuesta de relocalización es difícil, porque no hay por parte del municipio una propuesta superadora.
Las familias del 21 de septiembre hoy se retiraron del predio con un ofrecimiento no muy claro por parte del municipio. Se les cede un terreno, en cercanias del canal el 30, conocido como "El espejito" tierras en el que funcionaba un basural, que deberán pagar a futuro, pero no se sabe dónde queda ni en cuanto tiempo podrán acceder a él.
También hay una promesa de un subsidio de 15 mil pesos para que puedan acceder a un alquiler que aún no fue firmado, pero de antemano también se sabe que es escaso cuando los precios de los alquileres superan ampliamente ese aporte.
Mientras tanto las familias de La Alameda 2, también con orden de desalojo, deciden si aceptan o no una propuesta similar para retirarse, pero también hay predisposición para luchar. Sera cuestión de días para saber cómo se desarrolla la situación. Pero es fundamental la unidad de todas las familias y organizaciones para que se eviten los desalojos y se garantice el acceso a la vivienda de todas y todos.
