De nuevo queda expuesta la impunidad en manos de la casta judicial, ante otra denuncia de violencia de género contra Pablo Cuchán.
Facundo Martínez Cantariño Docente SUTEBA
Martes 23 de abril de 2019
Pablo Cuchán fue condenado por el femicidio de Luciana Moretti ocurrido en 2004. Su sentencia a 17 años de prisión nunca quedó firme a partir de una apelación motivada en la forma en que se habían considerado los agravantes en el cómputo de la pena, y la causa quedó estancada. Por esa razón, y con el alegato de "buena conducta", es que la Cámara de Apelación de Bahía Blanca (presidida por el Dr. Guillermo Alberto Giambelluca) apeló a la condena en el año 2016 y dejó a Cuchán libre habiendo cumplido 11 años.
Al poco tiempo de ser liberado, agredió en la calle a su ex pareja y ella lo denunció en la Comisaría de la Mujer de Monte Hermoso, donde Cuchán estableció su residencia. Pero nuevamente la justicia miró para otro lado. Cabe recordar que en Monte Hermoso sigue impune el femicidio de Katherine Moscoso, un caso donde resonaron implicancias de personas cercanas al poder, y un entramado de explotación sexual que nunca terminó de salir a la luz.
Este domingo por la mañana, trascendió en los medios que Cuchán había sido detenido durante la noche para averiguar las circunstancias de un nuevo hecho de violencia. La joven agredida realizó la denuncia y nuevamente la justicia optó por no hacer absolutamente nada. Probablemente algo tenga que ver el alto status económico de su familia, dueña de un importante comercio y de varias propiedades, comparándolo con muchos otros casos en los que la justicia no tiene tantas "contemplaciones".
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Por otro lado, en casos como este, si el Estado actúa, lo hace cuando es tarde, y el presupuesto para asistir a quienes sufren violencia machista es de ¡$11 por mujer!. Casi parece un chiste de humor negro esa suma hoy, con la inflación y el ajuste brutal orquestado por el FMI y aplicado por Cambiemos y los gobernadores de la "oposición". Mientras tanto recaen más fuertemente sobre las mujeres las consecuencias de la crisis, ya que son mayoría entre las personas más pobres junto con la juventud.
El telón de fondo de este accionar de la justicia es, por ejemplo, la presentación de la propuesta de reforma del Código Penal, realizada por Cambiemos (y consensuada en primer lugar con EEUU, y luego con el massismo, el peronismo federal y jueces) que tiene un sesgo profundamente derechista. Propone la baja de la edad de imputabilidad a 15 años, incorpora figuras como "aborto culposo" y "lesión a la persona por nacer", acentúa la persecución al autocultivo de cannabis, profundiza la criminalización y la represión de la protesta social, de las mujeres y de la juventud.
A muy pocos meses del asesinato de un joven a manos de la policía en Bahía Blanca por un intento fallido de robo, queda claro que la justicia está pensada por y para los ricos y poderosos, y también su carácter claramente misógino.
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Para dictaminar la persecución a la juventud, o la impunidad de los femicidios, tiene vía libre una casta judicial que goza de todo tipo de privilegios económicos y además es vitalicia: así estuvo atornillado durante todos los gobiernos democráticos un ex agente de la banda fascista AAA como es Montezanti al frente del Juzgado Federal de Bahía Blanca.
Casos como este muestran la urgencia por terminar con esta justicia para ricos y patriarcal, exigiendo que los jueces y fiscales sean revocables, y que haya juicios por jurados, todos estos electos por voto popular. Además queda claro el rol encubridor de la justicia y la policía en relación a la violencia de género, las redes de trata y el narcotráfico.
