OPINIÓN. Bajo el signo del FMI: el retorno de ese “delito” llamado lucha de clases

Fotografía:Matías Baglietto

El hombre miró hacia arriba y se quedó callado. Inmediatamente salió del escenario. Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires no pudo o no quiso contestar. Minutos antes, había dicho que los Metrodelegados “no eran representativos”. A la misma hora, la capital del país era sacudida por la enorme huelga de los trabajadores de subterráneos, convocada precisamente por la conducción sindical de la AGTSyP.

Imágenes paganas

La mañana de este martes estuvo atravesada por dos imágenes. Por un lado, la enorme mesa alrededor de la cual se reunieron ministros y funcionarios para consagrar su subordinación ante Nicolás Dujovne.

Cual versión remixada de Domingo Cavallo, el hombre que supo protagonizar el Momento Wisky fue elevado a “súper-ministro”, auditor de los gastos que sus pares hagan. El ajuste será el único criterio válido. Las órdenes vienen desde Washington y en la lógica oficial deben ser acatadas.

Casi a la misma hora, la imagen de un subte militarizado ganaba las pantallas y la portada de los diarios. Más de un centenar de efectivos de la Policía de la Ciudad reprimían a los trabajadores. ¿El objetivo? Quebrar una medida de lucha que cuestionaba la miserable paritaria salarial firmada por la UTA.

Pero el conflicto está lejos de ser puramente sindical. En eso tiene razón el oficialismo que convirtió la represión al subte en un verdadero intento de escarmiento contra la clase trabajadora. El intento de utilizar la intervención policial para poner a funcionar los subtes con personal jerárquico es un claro ataque al derecho de huelga. Una clara amenaza sobre el conjunto de los asalariados del país.

Es, agreguemos, una verdadera irresponsabilidad dado que –como admitió un funcionario oficial- nadie garantizaba que los noveles “conductores” estuvieran habilitados para hacerlo.

En el camino de Dujovne y el acuerdo con el FMI se encuentra el torrentoso cauce de la resistencia obrera y popular. En las retinas del oficialismo están frescas aun las imágenes del último diciembre, aquel que encontró coincidencias con el mismo mes, pero del 2001.

Para el gobierno y el conjunto del empresariado la necesidad tiene la cara del ajuste. Y el ajuste impone la necesidad de disciplinar a la clase trabajadora y el pueblo pobre.

Bajo el acuerdo con el FMI el futuro del país se jugará, cada vez más, en las calles. El gobierno, a pesar de la retórica vacía sobre “el diálogo”, lo sabe.

Criminalizando el derecho de huelga

De la mano del jefe de Gabinete de la Ciudad retornó ayer el clásico discurso político de la derecha argentina. Aquel que ve “criminales” y “delincuentes” en quien osa reclamar. La protesta social deviene “delito”. Si fuera por la gerencia de los grandes medios los conflictos obreros podrían volver a la sección Policiales sin mayor demora.

El gobierno de Rodríguez Larreta confesó ayer que el derecho a huelga será criminalizado abiertamente. Los “paros ilegales” podrían implicar sanciones que lleguen hasta el despido. Además, el jefe de Gabinete informó que se contratarán carneros para romper la huelga si está persiste o se repite.

Al desnudo queda el verdadero carácter social de la CEOcracia gobernante. Verdaderos gerentes de las grandes empresas buscando imponer disciplinamiento a la clase trabajadora. Las frases almibaradas sobre el “cambio cultural” se disuelven en un festival de bastonazos, golpes y gases lacrimógenos. El futuro llegó y lo único seguro es el retorno de la lucha de clases.

De Grecia, con amor

En enero de este año, el gobierno griego de Alexis Tsipras impulsó la restricción del derecho de huelga. El pedido, como no podía ser de otra manera, provino del FMI. La medida buscaba destrabar uno de los desembolsos pactados con el organismo. Quienes hace unos años llamaron a votar por Syriza –el progresismo y hasta cierta izquierda- aun callan sobre aquella decisión.

La “renovación” del FMI, declamada por Lagarde y Dujovne, no parece haber modificado esa oscura tradición de descargar ajustes sobre las mayorías populares. La restricción del derecho a huelga aparece un paso necesario en ese camino. La dureza oficialista de este martes no puede ser entendida sin tomar en cuenta el acuerdo en curso con el organismo oficial.

De “gobernabilidad” y aliados

El ataque de este martes puso a la luz una contradicción no menor del esquema de gobernabilidad macrista. Ayer mismo, ante la represión y las detenciones, la conducción de la CGT se vio obligada a emitir un repudio. Nadie hubiera imaginado que se pasara de las palabras a alguna clase de hecho. Sin embargo, la decisión de pronunciarse muestra que su activa pasividad a la hora de enfrentar el ajuste tiene un límite.

Hasta la burocracia de la UTA, bajo la batuta de Roberto Fernández, tuvo que pronunciarse por la libertad de los detenidos. La explicación estará más cerca de los sentimientos de la base que de las ideas de la cúpula. Hace apenas un mes los trabajadores de la zona oeste paralizaban tareas ante la muerte de un compañero. Más de un chofer habrá recordado esa jornada, imaginando la misma represión de ayer pero en su contra.

Para la CGT el escenario está lejos de ser idóneo. En dos años de gestión cambiemita apostó siempre por “el diálogo”, aportando a la gobernabilidad macrista. El resultado fue su creciente desgaste y crisis interna. Bajo esa luz camina hacia la “renovación” de su autoridades en agosto próximo.

Una fuerza y una nueva conciencia

El escenario político abierto estará marcado por las crecientes tensiones políticas y sociales. La enorme mesa de Dujovne y los ministros servirá para planificar un ajuste abierto contra el pueblo trabajador. Del otro lado, como lo ha mostrado la historia nacional, habrá resistencia.

A cada momento se hará patente la contradicción entre el conservadurismo de las conducciones sindicales burocráticas y las necesidades de lucha de amplias capas de la clase trabajadora. La exigencia del paro nacional para enfrentar el ataque se impondrá constantemente. Pero también la pelea por recuperar esas organizaciones de manos de una casta que las ha parasitado.

La dinámica política también evidenciará lo limitado de la perspectiva general que propone el peronismo “cabeza de urna”. Esa fuerza, mientras proclama oposición al macrismo, propone posponer todo combate serio hasta las PASO de 2019. Esto ocurre al tiempo que sigue brindando cierto apoyo a la gobernabilidad macrista. Ayer nomás, a casi 30 cuadras de la estación Las Heras, el oficialismo se asía a un proyecto de ley sobre tarifas que le había entregado el peronista Juan Manuel Urtubey. Una tabla de salvación para seguir flotando una semana más en el océano del descontento social contra el tarifazo.

A esta altura resulta evidente que los límites para enfrentar el ajuste de Macri no están en las fuerzas de la clase trabajadora. El contundente paro del subte de este martes lo vuelve a poner al descubierto. Pero esa fuerza es limitada, a cada momento, por la perspectiva general que propone el peronismo en sus distintas variantes.

En las últimas décadas la clase capitalista supo descargar sus crisis sobre el conjunto del pueblo trabajador y las mayorías populares. Allí no hubo diferencias políticas. Peronistas y radicales golpearon por igual el nivel de vida del pueblo pobre. Miseria y desocupación extendidas estuvieron allí mientras el gran empresariado seguía amasando fortunas o fugando fondos al exterior.

“Que la crisis no la paguen los trabajadores” no es solo una consigna que sostiene el Frente de Izquierda. Es una tarea vital y estratégica que se conquista con la lucha y la organización.

La fuerza de la clase trabajadora está allí. Es necesario avanzar en la pelea por conquistar una nueva conciencia, que supere las trabas que impuso el peronismo a la hora de enfrentar al gran capital. Una nueva conciencia anticapitalista que permita ir a fondo en la pelea para que la crisis la paguen los capitalistas.