La crisis del narcotráfico y el régimen político en Santa Fe escaló en los primeros meses del año. Recién empieza febrero y en Rosario hubo más de 10 atentados a comisarías, sindicatos, cárceles, negocios y distritos municipales, además de crímenes mafiosos.
Jueves 9 de febrero de 2023 21:47
El poder de las bandas narco criminales gana peso en Santa Fe y profundiza la crisis del régimen. La provincia volvió a ser noticia en los principales medios nacionales por la escalada de ataques por parte de grupos mafiosos. En el marco de una crisis que escala, el gobernador Perotti nuevamente desplazó al Ministro de Seguridad y lo reemplazó por el ex gendarme Brilloni, entrenado en agencias internacionales como el FBI, para quien el problema es que algunos oficiales “hace años que no disparan una bala”, tal como declaró al diario El Litoral. Un ministro a medida de Patricia Bullrich.
En los 41 días que lleva el año se contabilizaron en la ciudad de Rosario atentados contra una cárcel, dos comisarías, una subcomisaría, la Agencia de Investigación Criminal, sedes gremiales, un centro de Distrito municipal al menos un comercio y una sucursal bancaria. Además, hubo numerosas balaceras contra personas, en una de las cuáles fallecieron las hermanas Milagros y Belén Rodríguez del Polo Obrero. En muchos de ellos aparecían mensajes contra líderes de Los Monos o contra algunos jefes narcos que se encontraban presos, en otros pasa lo contrario: el foco apunta a ataques organizados desde los calabozos en los que se encuentran detenidos los capos de las bandas criminales. El 2022 también contó con atentados y balaceras, dos de ellas contra medios de comunicación como los que se vieron en la puerta de Canal 3 y Canal 5.
Uno de los crímenes que mayor resonancia tuvo por su brutalidad fue el de Lorenzo “Jimi” Altamirano, un joven músico y artista callejero, que fue secuestrado al azar, torturado, golpeado y asesinado a balazos frente a la cancha de Newell’s. Fue levantado mientras hacía malabares en las inmediaciones de la cancha, subido a un auto, arrojado frente a la entrada del estadio de Parque Independencia y baleado. Lo tiraron allí con un mensaje dirigido a Damián Escobar, Leandro Vinardi y Gerardo Gómez, presuntos integrantes de Los Monos. Altamirano, no era de Newell´s, no era futbolero, ni tenía vinculación alguna con el crimen organizado: fue asesinado para pasar un mensaje mafioso de una banda a otra.
Por otra parte, el Sindicato de Empleados de Comercio sufrió dos atentados, uno con una bomba molotov a plena luz del día. El mismo día que el segundo de estos atentados y casi a la misma hora, la Unión de Recibidores de Granos y Anexos sufrió un ataque similar. Recordemos que el Sindicato de Comercio había sido baleado en el 2022 al igual que el Sindicato Aceitero de Rosario. Ambas sedes se encuentran en pleno centro rosarino. Un gesto de ostentación de impunidad y, muy probablemente, de protección.
El 4 de febrero dispararon contra la Agencia de investigación Criminal y dejaron una nota dirigida a dos presos del penal de Rawson. Esa misma noche apareció un cartel con el mismo mensaje frente al Sindicato de la Carne que también fue baleado. Con esta misma metodología y con mensajes dirigidos a estos presos y otros integrantes de bandas narco criminales, atacaron distintas comisarías y subcomisarías. También es la forma en la que se busca condicionar los procesos judiciales. En una de los ataques recientes el sicario disparó desde una bicicleta a la comisaría 32 y escapó pedaleando.
Las cúpulas caen y la crisis sigue
El ataque a balazos al Distrito Sudoeste (sede municipal) en Rosario volvió a dejar expuesta la crisis del régimen y el avance de las bandas narco criminales, con amparo policial. En todos los medios, nacionales y provinciales, el intendente de Rosario Pablo Javkin salió al cruce del gobierno provincial en un sobreactuado enojo por el desmanejo del problema de las balaceras. En ese marco, y con esa presión, el gobernador Omar Perotti cambió la cúpula policial y pidió la renuncia del Ministro de Seguridad, Ruben Rimoldi, para designar en el cargo a Claudio Briloni, ex comandante de la Gendarmería Nacional.
Pero no hay que confundirse: lo que verdaderamente interesa al micromundo de funcionarios y políticos de los partidos tradicionales es que arrancó la contienda electoral y las críticas cruzadas de un sector al otro tienen siempre la funcionalidad del uso político y electoral. Todo en el marco de la conmoción que generen las balaceras en los barrios populares.
Todos, desde el peronismo hasta la fuerza política de Javkin (que gobernó la provincia junto al Partido Socialista y el radicalismo) designaron jefes, jueces y fiscales involucrados por uno y mil lazos con el narcotráfico. Recordemos todos los jefes policiales que cayeron por complicidad, desde el comisario mayor Hugo Tognoli, designado por el frente de Javkin y cía, hasta los puestos por el peronismo. Recordemos los fiscales Serjal y Ponce Asahad, detenidos por proteger el juego clandestino, que señalaron que trabajaban para un senador peronista, que a la sazón fue protegido por colegas de su partido y por senadores del radicalismo macrista. En el mismo lodo, todos manoseaos.
Las complicidades entre las fuerzas de seguridad, los miembros del poder judicial, la dirigencia política y el empresariado con los narcos tienen muchos años y esos vínculos gozan de buena salud. El puerto de Rosario y la administración de Vicentín es un gran ejemplo que pinta de cuerpo entero el gran arco de protección del negocio ilegal: ahí está el secuestro de 1500 kilogramos de cocaína como prueba de que negocios ilegales y legales se cruzan mucho más de lo que algunos quieren reconocer.
La utilización electoral de una crisis
El régimen político tiene una crisis profunda que desde el peronismo y el nuevo “Frente de frentes”, que nuclea al Partido Socialista, el sector de Javkin y Juntos por el Cambio, aprovechan para imponer una agenda de derecha. Las propuestas de llenar de policías y gendarmes la ciudad es una receta que sólo sirvió para reprimir a la juventud y disciplinar en los barrios mientras el negocio del narcotráfico continuaba bajo el amparo de estas mismas fuerzas de seguridad. Perotti acepta de buena gana esa agenda, por lo que designa a un gendarme amigo de Bullrich como ministro de Seguridad para empoderar a las mismas fuerzas de seguridad que son las que dan amparo, protección e impunidad a las bandas narcocriminales. El saludo al flamante ministro abarcó un amplio abanico político que va desde Patricia Bullrich hasta el diputado provincial Carlos del Frade.
Las fuerzas de seguridad no van a los barrios que están bajo la amenaza constante de bandas narcos que presionan para quedarse con negocios y casas para hacer nuevos bunkers o para controlar el territorio, o que son víctimas de balaceras que en muchas oportunidades se cobran vidas, sino para someter y disciplinar a los trabajadores y sectores populares mientras la rueda del negocio ilegal continúa y empresarios que están protegidos en el anonimato y fuera de estas tramas juntan miles y millones de dólares.
Mano dura y circo electoral, o medidas de fondo
Ninguna política de endurecimiento political o presencia de más tropas policiales o de fuerzas federales es eficiente frente a esta crisis sencillamente por una razón: porque no funciona, ni en Rosario ni en ningún lugar del mundo, el mundo narcocriminal sin protección policial y sin lazos con la política y la Justicia. Sin disolución de las mafias policiales que amparan al mundo narco, no se puede ni siquiera pensar en resolver esta cuestión. Lo mismo sucede con la Justicia, que es un antro de amigos del poder y también de estas bandas, por lo que se hace necesaria la elección directa de jueces y fiscales, y la revocabilidad ante cuestionamientos en su accionar.
El negocio del narcotráfico mueve millones y millones de dólares. Algo de semejante magnitud sólo puede pasar gracias a la complicidad del estado capitalista y sus fuerzas de seguridad, como dijimos. Pero hay un hecho central, además. El hecho de que los puertos sean privados o controlados por empresas es una de las ventajas en las que se apoyan esas bandas para crecer. Por eso se hace urgente la nacionalización de los puertos y la estatización de las grandes cerealeras que los controlan, para que produzcan bajo control de los trabajadores del puerto, organizaciones de vecinos, ambientalistas, etc.
Por último, frente a un negocio que crece y crece por la ilegalidad que garantiza una tasa de ganancia superior al promedio y una impunidad acorde, se hace necesario despenalizar y legalizar las drogas, como forma de atacar esta realidad, que es de donde parte la criminalidad siempre con paraguas estatal.
Las bandas mafiosas que compiten por el control de territorio implican una amenaza para los que viven en los barrios populares donde desarrollan sus bunkers y cuentan con soldados y empleados que en no pocas ocasiones caen por situaciones de extremas necesidad y se vuelven esclavos de esas redes. Los vecinos y vecinas de esos barrios, los trabajadores que se organizan para pelear por vivienda, trabajo, por las condiciones de vida son los que pueden impedir que a los barrios ingresen las bandas de narcos a hacer negocios criminales reclutando soldaditos y matando con las balaceras. Esa perspectiva hay que desarrollar frente a una crisis social que crece, y ante a sectores que actúan de la mano de las fuerzas policiales.
Los diferentes gobiernos, y un sistema de conjunto, condena a esos sectores, particularmente a la juventud, a contar con trabajos precarios, discriminación social, una virtual prohibición al acceso a la educación, y una marginación en una sociedad elitista y desigual. Hace unos años decíamos: ¿cómo se sorprenden de que las bandas narcocriminales recluten, si un soldado gana en un día lo que un metalúrgico en un mes? Hay que garantizar educación, acceso a la vivienda, salud de calidad, trabajo con derechos, sueldos que superen el costo de vida, es decir, condiciones de vida dignas, como forma de atacar la enorme crisis social que hay debajo de la crisis narco. Como no hay “pan”, hay mano dura y circo electoral.
