La lucha de la docencia neuquina durante ocho semanas contra el gobierno de Rolando Figueroa demostró que la organización y la lucha son el camino para defender los derechos laborales y la educación pública junto a la comunidad educativa. Un primer balance.
Jueves 3 de octubre 21:39
En sintonía con Javier Milei, el gobierno provincial de Rolando Figueroa intentó avanzar con la reforma laboral, atacando derechos conquistados a partir de imponer, con la “ley de presentismo”, un plus salarial extorsivo y un recorte a las licencias. Este nuevo conflicto de aten, con sus 8 semanas, demostró que la organización y la lucha son el camino para defender los derechos laborales y la educación pública junto a la comunidad educativa.
En la Legislatura, el diputado Domínguez del MPN y todo el arco “opositor” de los partidos tradicionales, votaron la Ley N° 3447 con el título de “Adicional al desarrollo Profesional Docente”, eufemismo para una “ley de presentismo”, que plantea un plus salarial extorsivo y el ataque al régimen de licencias de los trabajadores y trabajadoras de la educación empezando por las licencias por maternidad y violencia de género, de un sector con un 80% compuesto por mujeres. Los diputados del FIT-U, Andrés Blanco del PTS y Gabriela Suppicich del PO, posicionándose en defensa de maestras, maestros y profesores votaron en contra de la ley, al igual que Darío Martínez diputado del PJ.
Desde esa misma legislatura el MPN y la amplia coalición de Figueroa presentaron en muy poco tiempo una serie de proyectos para intentar derrotar al sindicato que le presenta batalla contra su plan de convertir a la escuela pública en una guardería; para ello votaron un proyecto que justifica la no devolución de los días descontados por huelga y reglamentaron la consulta popular con el objetivo principal de declarar a la educación como servicio esencial.
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La ministra de educación Soledad Martínez, del Frente Grande, se ubicó como la mano derecha de Figueroa para aplicar el ajuste en educación, apoyada en una fuerte campaña mediática permanente para estigmatizar a los/as trabajadores/as de la educación como vagos y responsables de la situación educativa de la provincia.
Una vez más la CTERA estuvo ausente, dejando pasar el ataque de los gobiernos, al igual que la CTA provincial.
A pesar del aislamiento, el gobierno y la dirección burocrática de Aten, se encontraron con la resistencia de las trabajadoras y trabajadores de la educación, con los sectores combativos, con las direcciones opositoras (referenciadas en el Frente Multicolor, Bermellón e independientes) que plantearon una perspectiva de lucha en defensa de la educación pública y las condiciones laborales. El doble objetivo del gobierno de avanzar con el ajuste y quebrar a aten como sindicato único subestimó la tradición democrática y el arraigo de los derechos, así como la alianza con la comunidad educativa, cimentada en luchas dadas codo a codo por la situación crítica de las escuelas.
Las diferentes acciones de visibilización del conflicto, asambleas masivas, marchas, la movilización hacia los puentes carreteros Neuquén-Cipolletti desafiando a la gendarmería y al protocolo Bullrich, volanteadas sobre rutas del petróleo, festivales, sirvieron para denunciar que en la provincia de Vaca Muerta donde los niveles de producción de petróleo y las ganancias extraordinarias para los empresarios son históricos, hay superávit fiscal basado en el achique de los presupuestos para Salud, educación, vivienda, servicios y eso repercute en la situación crítica del sistema educativo público donde, además, nunca llega el presupuesto que anuncian con bombos y platillos porque se subejecuta y se desvían los fondos a empresas tercerizadas, a alquileres de trailers y otro tipo de negociados que se alimentan de la descentralización del presupuesto y de las reparticiones.
Un ejemplo criminal de esta política es la explosión de la escuela 144 de Aguada San Roque donde murieron 3 trabajadores y sólo fueron condenados unos pocos responsables de segundas líneas del gobierno del MPN.
Producto de la denuncia permanente, desarrollada durante las 8 semanas de lucha quedó al descubierto también el monto miserable de refrigeriopara comunidades golpeadas duramente por la inflación, la falta de mantenimiento y provisión de las escuelas y desde el gobierno tuvieron tuvo que salir a responder aumentando el monto de refrigerio por estudiantes (de $170 a $350), entregando frutas, comprando minibuses para transporte estudiantil, otorgando montos de dinero (entre $150 mil y $500 mil) solo para salas de jardín, escuelas de arte y laboratorios, sumando mobiliario; calefactores, cocinas, termotanques a algunas escuelas, respondiendo a pedidos históricos de las mismas. Además, la ministra de educación anunció la inversión de $120.000 millones para obras edilicias.
La dirección provincial de Aten negociaron la reglamentación del presentismo y no la anulación de la ley
La dirección provincial de Aten y las representaciones gremiales en el CPE (TEP/celeste violeta, agrupación en la que conviven peronistas y emepenistas) en un claro intento de conciliar también con este gobierno provincial, negociaron la reglamentación en lugar de la anulación de ley de presentismo y llamaron a aceptar un acta que no era reflejo de las demandas de las bases, abandonaron las asambleas de las seccionales Capital y Plottier, con una política premeditada de vaciar los espacios de debate y decisión democrática, característicos de la tradición de aten para debilitar la lucha y favorecer al gobierno.
Obligados por la firmeza de miles de trabajadoras de la educación a continuar una lucha que nunca sintieron propia concertaron con el gobierno provincial una salida judicial, presentando una medida cautelar y pidiendo la inconstitucionalidad de la ley ante el Tribunal Superior de Justicia, que intentan mantener sin resolución. De esta forma llevaron alivio a un gobierno que no sabía cómo desactivar un conflicto que había concitado apoyo (aunque pasivo) de la comunidad educativa por levantar fuertemente demandas muy sentidas como el refrigerio de las y los estudiantes y las condiciones edilicias y que empezaba a ser visto a nivel nacional como un conflicto testigo. Y desmontaron la huelga a través de un plenario virtualy con un método burocrático (“una seccional, un voto” en lugar de contar los votos totales de cada moción) sin el asunto de fondo resuelto y el conflicto entró en un impasse.
Desde la agrupación Negra en aten, con representación en las comisiones directivas de la seccional Capital y Plottier, sostenemos que, gracias a la organización y a la lucha, el gobierno de Figueroa tuvo que dar respuestas, parciales pero importantes, al pliego de reclamos construido colectivamente en las dos luchas que se desarrollaron este año.
Tenemos por delante la pelea para que la Justicia deje de dilatar los tiempos y se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la Ley 3447 y para ello tenemos que definir cuándo es el momento de poner en pie las 48 horas de paro votadas por las asambleas de toda la provincia y que quedaron en suspenso, a la espera de la respuesta judicial.
La recuperación del sindicato para los trabajadores y trabajadoras
Hacia adelante y en función de que no vuelvan a entregar nuestras luchas está planteada la recuperación del sindicato para las y los trabajadores. Para ello hay que afianzar, desarrollar y extender provincialmente las instancias democráticas de organización, como son los cuerpos de delegados, las distritales y las asambleas masivas de decisión.
Necesitamos un sindicato independiente de los gobiernos, democrático y que defienda no sólo los derechos de sus trabajadoras sino el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación integral que contemple además de la construcción del conocimiento y la cultura, el acceso al arte y el deporte dentro y fuera de las escuelas.
Estamos convencidos de que, para defender estos derechos, además de las luchas reivindicativas, hay que luchar para frenar todas las reformas antieducativas aplicadas por los gobiernos y promovidas por los organismos internacionales como el Banco Mundial y la OCDE. Hay que volver a ligar la exigencia de mayor presupuesto a la ruptura con el Fondo monetario internacional que nos exprime y expolia a costa de la miseria material y cultural de la clase trabajadora y el pueblo. Hay que luchar por un presupuesto que dé respuesta a las verdaderas necesidades educativas y que no esté sujeto a un porcentaje del producto bruto interno, siempre variable de acuerdo a las prioridades fijadas por el FMI y los fondos buitres.
Con las posibilidades que brinda hoy la tecnologíapara tener información actualizada de manera inmediata sobre stocks, progreso de las obras, etc., se podría realizar una planificación de la actividad de administración y ejecución del presupuesto e inversiones ajustadas a las necesidades concretas. Para ello, podría comenzarse a nivel provincial volviendo a centralizar el presupuesto para las obras escolares en el Consejo Provincial de Educación y que deje de estar en manos de Obras Públicas. El mantenimiento escolar debe estar a cargo de cuadrillas de trabajadores especializados matriculados que dependan directamente del Consejo de Educación y no de empresas tercerizadas que los precarizan y no dan respuestas a las necesidades de las escuelas. La provisión de materiales de limpieza, librería, refrigerio y comedores vuelva a estar garantizado desde el consejo provincial de educación, con reparto mensual, con licitaciones públicas, controladas por docentes y comunidades educativas, devolviendo a los equipos directivos de las escuelas su rol pedagógico.
Constituyendo espacios de deliberación común desde cada escuela junto con estudiantes y familias deberíamos realizar un estricto control de qué se hace con la plata, de si las obras progresan o no, si se cumplen los plazos, etc., como ya de hecho venimos haciendo en muchas escuelas que no tienen resueltos los problemas edilicios. Es decir, está planteado profundizar y llevar hasta el final las experiencias de auto-organización de las comunidades educativas que ya venimos llevando adelante.
Yazmín Muñoz Sad
Secretaria Adjunta de ATEN capital - integrante de la Agrupación Negra