Tras casi una década, varios jerarcas de la Policía de Río Negro son juzgados por las muertes de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, asesinados junto a Diego Bonefoi el 17 de junio de aquel año en esa barriada popular.
Lunes 15 de octubre de 2018 00:00
Foto José Luis Zamora | En Estos Días
“Ocho años esperando y no nos dejan entrar al juicio, que es supuestamente público, queremos justicia pero nos siguen pisoteando y basureando”. Indignada, Carmen Curaqueo protestaba en la puerta del tribunal. “Eligen a dedo y hay familiares que no puede estar, lo que pasa es que también somos testigos y parece que hasta el último día tienen miedo”, dijo la mujer, madre de Nicolás “Nino” Carrasco.
Y agregó: “Fueron ocho años de porquería, persecuciones, allanamientos y armado de causas inventadas. Hace ocho años perdimos las esperanzas cuando perdí a mi hijo, y Karina a su marido, pero que vayan presos a una cárcel común sería al menos un paliativo”.
Así comenzó el pasado 8 de octubre el juicio que demoró casi una década en realizarse y que tendrá sentencia el 24 de octubre. Y allí estuvieron para expresar su solidaridad con las familias de las víctimas Sergio Maldonado, organismos de derechos humanos y la Multisectorial contra la Represión, que se movilizaron y son quienes llevan años alertando sobre un plan sistemático de violación a los derechos de los pobres y de los jóvenes por parte de la Policía rionegrina. Un plan que tuvo entre sus jornadas más trágicas aquella del 17 de junio de 2010.
Durante aquella madrugada en el Alto Bariloche, la otra cara de la ciudad turística que aglutina a los barrios Furman, Arrayanes, Frutillar y San Ceferino, un policía de la comisaría 28 persiguió a Diego Bonefoi, un chico de 15 años, y cuando lo alcanzó lo mató de un disparo que le atravesó la cabeza. El juez Martín Lozada detuvo al cabo que gatilló, pero en el barrio explotó la bronca.
Grupos de vecinos atacaron la comisaría a pedradas, la Policía respondió y dejó un tendal de heridos y más muertos, Nicolás Carrasco de 16 años y Sergio Cárdenas de 28. La furia se redobló hasta que intervino Gendarmería y se produjo una nevada que bajó un poco la tensión en las barriadas del Alto.
La versión policial mencionó el supuesto robo a una vivienda en Furman y una pistola que se disparó “accidentalmente”. El juez Lozada había reclamado la intervención de la fuerza federal luego de la muerte de Bonefoi, por entender que la policía local estaba “desbordada”. Pero echó kerosene al fuego.
Estaban velando a Diego cuando los vecinos supieron que habían matado a Sergio Cárdenas de un disparo en el estómago, y estallaron en ira. Cárdenas era padre de dos hijos y empleado de cocina en el hotel Llao Llao. Alrededor de las 17 iba en el auto con su esposa, Karina Riquelme, hacia la casa de su cuñada. Bajó a ver qué pasaba porque la Policía lanzaba gases y cuando volvía al vehículo recibió el disparo que le quitó la vida.
Ese día también perdió la vida Nicolás Carrasco, un aspirante a futbolista y albañil. Era flaco, en octubre iba a cumplir los 17 y era delantero en el club Chicago. Cayó al suelo con un tiro en la pierna y otro en el abdomen, cerca de las 16.30, a unas dos cuadras del lugar donde habían matado a Bonefoi y a una del epicentro de las protestas, la comisaría 28. Nino vivía en una casa de madera con sus padres, era el menor de tres hermanos y su pasión era Boca Juniors.
Maldita policía
En 2011 fue condenado a veinte años de prisión el policía Sergio Colombil. Ahora es el turno de sus jefes. Es la primera vez que se sientan en el banquillo de los acusados los miembros de la cúpula de la policía provincial. Además de los máximos responsables de la fuerza, el exjefe de la Policía de Río Negro, comisario retirado Jorge Villanova, y el extitular de la Unidad Regional Tercera de Bariloche, comisario Argentino Hermosa, comparecerá el entonces secretario de Seguridad y Justicia de la provincia, Víctor Cufré.
No están acusados de haber efectuado los disparos que mataron a Carrasco y Cárdenas, sino de haber actuado con negligencia por haber utilizado balas de plomo contra los manifestantes, la mayoría de ellos adolescentes.
Los policías Víctor Darío Pil, Marcos Rubén Epuñan y Víctor Hugo Sobarzo serán juzgados por el delito de homicidio en riña de Cárdenas. Mientras que los comisarios Fidel Veroiza y Jorge Carrizo resultaron imputados por homicidio culposo. La comisaría 28 ya había recibido la protesta de los vecinos por frecuentes abusos policiales, y el repudio a pedradas del 17 de junio comenzó en sus puertas.
Durante el juicio tendrán que comparecer como testigos el exgobernador Miguel Saiz y su ministro de Gobierno, Diego Larreguy, junto al exintendente de Bariloche Marcelo Cascón, quienes en aquellas ardientes horas nada hicieron para evitar los asesinatos.
Martín Lozada, ahora como fiscal, junto a Eduardo Fernández presentarán más de mil fotos y filmaciones aportadas por vecinos y familiares de las víctimas como prueba para sostener su acusación.
Justicia de clase
Según recordó el portal En Estos Días, tres días después de los homicidios una movilización coordinada a través de mensajes por celular (atribuida a la Cámara de Comercio de Bariloche) recorrió las calles del centro en apoyo a la Policía y a la represión. Los manifestantes gritaban “Polis sí, chorros no”, “No se va, la poli no se va”, y “que vuelva la 28”, e insultaban a los familiares de las víctimas que se encontraban reunidos en la sala de prensa de la Municipalidad barilochense.
Algo similar sucedió cuando fueron reprimidos los mapuches de la comunidad de Villa Mascardi y la Prefectura mató a Rafael Nahuel el 25 de noviembre del año pasado: un grupo de sus mujeres que habían intentado entrar a la Catedral fueron echadas por parte de la feligresía.
Fue largo el camino hasta el juicio oral que comenzó el lunes, porque los familiares tuvieron que lidiar con las dilaciones judiciales y las trabas del poder político, que además como suele suceder planteó que hubo un enfrentamiento. La Cámara que juzga a los policías está presidida por el juez penal Marcelo Barrutia, e integrada por el camarista civil Emilio Riat, y el camarista Laboral Juan Lagomarsino.
El jueves fue la audiencia más intensa, con el testimonio de la madre de Carrasco, Carmen Curaqueo, y la esposa de Cárdenas, Karina Riquelme. “No entiendo cómo tardaron tanto si estaba todo a la vista. Hasta el día de hoy no entiendo qué pasó con mi hijo”, dijo Carmen. Su hijo recibió cuatro perdigones de plomo que le dañaron la arteria aorta, un riñón, el estómago y uno le atravesó una pierna. “Nos sentimos incompletos. Estamos rotos. Es como que no estamos vivos”, explicó la mujer ante una pregunta de la fiscalía.
Al finalizar el testimonio y antes de retirarse, Carmen pidió decir algo a los “señores acusados”. “No correspondería”, le respondió el presidente del tribunal. La respuesta indignó a Sergio Maldonado, hermano de Santiago. “¡Es una madre, a una madre no se le niega!”
Curaqueo señaló la foto de su hijo que tenía en el pecho y ante los ocho acusados dijo “¡esto es lo que me dejaron de Nino, manga de hijos de puta!”. Su desahogo culminó en un llanto abrazada a los demás familiares.
Riquelme pensó que a su marido le habían pegado un piedrazo, pero cuando los médicos en el hospital le dijeron que no habían podido salvarlo sintió que no era real, que parecía una película, y hoy resume que en ese momento comenzó a vivir un calvario. Cuando el fiscal Lozada quiso saber cuáles eran sus expectativas respecto del juicio, ella mencionó que pretendía poder decirle a sus hijos que hubo justicia por la muerte de su papá. Pero dejó en claro que “sin cárcel no hay justicia”.
Represión sistemática
Ambas familias padecieron sucesivas persecuciones y hostigamientos en estos ocho años. Según relató la Multisectorial contra la Represión, han amedrentado a la familia de Nino Carrasco, así como siguen hostigando a todos los chicos del barrio y de otros barrios populares de Bariloche. Tuvieron un allanamiento por una sospecha, un auto robado que le plantaron en su casa.
Cuando la organización habla de un plan apunta a que no se trata de un policía suelto sino de la institución toda. Río Negro es la provincia donde sucedieron, entre muchos otros, los casos de Guillermo Coco Garrido, hallado ahorcado en el calabozo de la Comisaría 12 de El Bolsón el 13 de enero de 2013; de Daniel Solano, el trabajador golondrina desaparecido el 5 de noviembre de 2011 en Choele Choel; y de Atahualpa Martínez, quien trabajaba con vecinos de una toma en el actual barrio 30 de Marzo, militaba con su comunidad mapuche y aymará y fue asesinado el 15 de junio de 2008 en Viedma.
El primo de Carmen Curaqueo, Luis, fue llevado del hospital a una comisaría y a ella se le aparecieron todos los fantasmas. Como le sucedió a varios chicos rionegrinos, ella temió que su primo apareciera colgado en el calabozo.
Susana Pacheco, de la Multisectorial, contextualizó esta práctica de represión institucional: “También miramos otras provincias que están en la misma situación, a los jóvenes pobres les pasa lo mismo en todo el país”.
