ESCOBAR. Barrios cerrados y usurpación del espacio público

Se está por cumplir un año de los incidentes causados por la guardia y propietarios del barrio privado San Benito en Maschwitz, quienes atacaron a vecinos de los alrededores que intentaban circular por áreas usurpadas por las urbanizaciones privadas con el aval de la intendencia. Los propietarios, además de agredir a los vecinos, les iniciaron causas judiciales por el simple hecho de ejercer un derecho constitucional. Entrevistamos a Ramiro Lynch, uno de los vecinos judicializados, que junto a otros jóvenes es activista de Basta de countries en humedales y miembro de la Asamblea cuenca internacional del Río Escobar.

Contanos como fue la situación que viviste

Soy vecino de Benavídez, partido de Tigre; vivo en una casa quinta muy cercana a la zona de humedales en la que se construyeron muchos barrios privados del complejo Villanueva. El 21 de diciembre de 2014 convocamos a una movilización entre pobladores de Maschwitz y queríamos llegar hasta Punta Canal, donde se está reclamando un espacio arrebatado a los pueblos originarios, un enterratorio, un espacio histórico que desde hace mil años pertenece al hombre y debería ser declarado patrimonio de la humanidad. Queríamos cruzar una calle que se robó el country San Benito del complejo Villanueva. Esa calle de 3 kilómetros, paralela al arroyo Garín, además de ser muy bonita y tener fauna y flora autóctona muy variada, es una forma más directa de que lleguen los vecinos de Benavídez, Garín, los barrios “El Arco” y “La Mascota” a la zona de Dique Luján, La Ñata, Punta Canal, al río directamente.

Fuimos cortados de paso en la entrada del country en lo que comenzó como un forcejeo verbal, nosotros queriendo hacer valer el derecho de circunferencia, o de sirga, de camino público paralelo a un río, un espacio navegable de aguas nacionales: nos fue impedido. Dos días antes había cruzado con una amiga la calle y fuimos detenidos por la policía de manera irregular; la policía como siempre respondiendo a estos emprendimientos. Solicité entonces al intendente del country, Félix Doufourq, que era quien estaba organizando la represión entre 8 guardias de la empresa Securus y 10 vecinos, ingresar por la puerta del barrio para llegar al río. Sabía que nos iban a negar el acceso, así que encaramos nuevamente contra la costa del arroyo y empezamos a cruzar. Algunos trataron de cruzar por al lado del río, yo crucé por sobre el portón. Empezamos a ser golpeados con cachiporras por los guardias de seguridad que estaban muy violentos y respondían a las órdenes de Doufourq. En el momento que yo subo soy golpeado y caigo sobre uno de los guardias. Por esto me abren una causa en la que se me acusa de invasión a la propiedad privada, daños y lesiones graves.

¿Por qué te acusan de lesiones hacia los propios guardias que los reprimieron?

Por haber caído sobre el guardia que me vino a agredir. Nos fuimos retirando, en primera medida, para salvarguardar mi vida, porque me encontraba cerca de muchos guardias que venían a atacarme por haber sido el primero en cruzar; entonces me tiro al arroyo. Ellos me lanzan piedras estando en el agua, lo que puede ser considerado tentativa de asesinato. Hubo empujones, piñas, patadas contra los manifestantes y muchas patadas fueron de propietarios, no de los guardias, y fuera de su propiedad, o sea en la calle pública. El country San Marcos cede circunferencia al country San Benito, pero ellos no se la ceden al pueblo para que llegue al río. En este espacio que es una calle asfaltada por ellos, fuimos reprimidos y nos alejamos. Luego me entero que tengo una causa en mi contra. El fiscal sólo define que soy acusado de lesiones graves porque durante más de un mes este guardia se vio imposibilitado de trabajar ya que se lastimó la rodilla.

Esta es la primera de las causas que tengo en mi contra y que estaba vigente, ya que me solicitaron en la fiscalía que me presentara en abril para una mediación. Yo estaba en Córdoba, no tenía el dinero para viajar, consideré que me iban a dar otra oportunidad mediante otra cédula enviada a mi domicilio. No fue así, sino que el fiscal ordenó mi captura y detención. Fui a fiscalizar para el Frente de Izquierda en las elecciones generales a Garín, y cuando fui a votar a Benavídez me agarra del brazo un policía, me detiene, me explica que me encuentro aprehendido y que debe cumplir con su trabajo de llevarme a la comisaría. Creí que iba a ser sólo una noche y que al otro día al declarar en la fiscalía ya iba a ser liberado. Antes de declarar en la fiscalía mi abogado defensor me explica mi situación: que voy a estar detenido hasta el viernes, porque el tiempo burocrático de darle la libertad a un detenido es de cuatro o cinco días.

Es una cosa que no esperaba, tener que pagar 5 días por haber sido reprimido, por haber querido hacer valer un derecho constitucional. Así estuve detenido en la celda junto con otras cuatro personas detenidas por delitos más graves. Fui liberado el día viernes, bajo muchas garantías hacia mi libertad. No puedo alejarme más de 24 horas de mi domicilio, no puedo poseer estupefacientes ni beber bebidas alcohólicas en la calle, no puedo salir de la provincia sin autorización escrita. Tengo que presentarme a todas las citaciones y una vez al mes. Lo bueno es que tenemos todos los videos, las fotos, toda la evidencia de cómo nosotros públicamente hicimos difusión, cómo fuimos pacíficamente, cómo fuimos reprimidos, cómo no fue intencional el daño que se generó en la rodilla este guardia de seguridad de la empresa y ya está a disposición del fiscal toda esta información, siendo que quedan algunos activistas aún por declarar.

El responsable de este emprendimiento es Jorge O’Reilly, el dueño de la empresa EIDICO, responsable de construir los barrios privados del Complejo Villa Nueva con el aval de Sergio Massa. Apunta a apropiarse de la adyacente Punta Querandí. La tasa de privatización urbana más alta la tiene precisamente Tigre, bastión massista, llegando al 40% de la superficie continental, donde los bañados que amortiguaban las crecidas y lluvias están siendo rellenados para construir.

Recordemos que durante la última década del gobierno "nacional y popular" en la provincia y el país la expansión urbana del conurbano se realizó mayormente bajo la forma de urbanizaciones privadas, llegando a sumar un total aproximado de 400 km2. Esto representa el 20% del suelo donde habita menos del 2% de la población del AMBA: 300 mil personas. La legislación a favor del boom de los barrios y ciudades cerradas elevó el precio de las tierras periféricas y potencialmente urbanizables, dejando cada vez más excluidas a las familias trabajadoras (LINK NOTA El silencio canta) que tradicionalmente adquirían lotes por esas zonas, creando ciudades privadas para una élite que usurpa la calidad de vida a quienes no la pueden pagar al precio fijado por la especulación inmobiliaria.