Un salto en la criminalización contra la población LGBTIQ+ está en curso en Venezuela. Se da en el marco de la nueva cruzada de las iglesias con el total apoyo del Estado, contra los derechos sexuales y reproductivos, incluso contra derechos fundamentales como la privacidad y la libertad personales. El escarnio público y el juicio que se les lleva a 33 personas adultas que participaban de una fiesta privada en un local en Valencia (Carabobo) es parte de esta oleada reaccionaria antiderechos.
Viernes 28 de julio de 2023
Fotografía: protesta frente a la sede de la Fiscalía, en Caracas, para denunciar la política de persecución por parte del Estado contra la población LGBTIQ+
La represión, el atropello y la humillación
La detención ocurrió el domingo 23 de julio, en un local privado que funciona como sauna, pero no fue hasta el lunes 24 de julio que las 33 personas fueron expuestas públicamente Se trata de un espacio frecuentado por hombres homosexuales, lo cual no es un delito. Al tercer día, el 26 de julio por la noche, al límite de cumplirse el plazo máximo que permite la ley para mantener privada de libertad a una persona sin acusarlo de algún delito, terminaron siendo procesados.
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) irrumpió en el lugar y se los llevaron a su comisaría en Los Guayos y posteriormente trasladados al Palacio de Justicia de Carabobo para ser presentados. En el lugar se les incautaron objetos personales, y realizaron una minuta que luego fue difundida en redes sociales, exponiendo los nombres, fotografías, número de cédula de identidad e incluso números telefónicos, de las 33 personas, por la propia PNB. También circuló una imagen en redes sociales en la que se ven en el momento del traslado:los detenidos eran llevados por la calle en la parte de atrás de camionetas pick-up, al descubierto y esposados.
Extorsión, delitos inexistentes y violencia de Estado
Los familiares denunciaron extorsiones por parte de los funcionarios que custodiaban a los detenidos. A ese nivel llega la vulnerabilidad y la ilegalidad a que se está sometido ante los cuerpos represivos. ¡Los policías querían quitarles dinero a cambio de no divulgar imágenes e información privada de estas personas!
El Tribunal Quinto Municipal de Valencia, finalizó la noche del 26 de julio la audiencia a las 33 personas detenidas, donde la jueza Marialba Villareal dictó régimen de presentación a 30 de los imputados, mientras otros tres deberán presentar fiadores para ser liberados. Específicamente se trata del dueño del local donde ocurrió el allanamiento y dos empleados. Se les acusa de “ultraje al pudor público, agavillamiento y contaminación sónica”.
Como claramente denuncian innumerables activistas, profesionales del derecho, defensores de derechos humanos y académicos que se han pronunciado: ninguno de esos delitos puede aplicarse a estas personas. Haciendo a un lado todo lo enrevesado y reaccionario que puede ser los contenidos que se le puedan asignar a eso de “ultrajar el pudor público”, lo cierto es que para que tal delito ocurra, como es obvio, debe ocurrir algún acto en público, cosa que no ocurría en modo alguno pues se tratada de un lugar cerrado, una fiesta privada. El agavillamiento suele ser un agravante del delito principal, al asociarse dos o más personas con el fin de cometer el delito, delito que en este caso no existe. Y sobre la contaminación, que es obviamente una excusa absolutamente burda, en caso de que hubiese, es una falta, no un delito, que según ley tratarse en primer lugar de manera correctiva y en modo alguno entra en causa penal.
Durante la protesta realizada este viernes 28 de julio frente a la Fiscalía de la República, Yendri Velásquez, coordinador del Observatorio de Violencia LGBTIQ+ (OVV LGBTIQ+), declaró que "Estamos denunciando el agravamiento y el escalamiento de una política de persecución por parte del Estado venezolano. Sabemos que no es solo persecución contra las personas LGBTIQ, sino contra las libertades de toda la población".
#28Julio | Concentración en Parque Carabobo para denunciar la grave escalada de persecución de instituciones del Estado contra la población LGTBIQ+. La detención y juicio a los 33 de Valencia, sienta un grave precedente. Denuncian #HomofobiaDeEstado pic.twitter.com/E1fy3HWbn9
— La Izquierda Diario Venezuela (@LaIzqDiario_VE) July 28, 2023
Integrantes del OVV LGBTIQ+ ya habían denunciado también que “La detención y criminalización de las personas LGBTIQ+ es algo que se ha mantenido arraigado en el país desde hace varias décadas. La detención de las personas LGBTIQ+ recuerda a cuando se criminalizaba a las personas LGBTIQ+ en la década de los sesenta, setenta y ochenta. Es algo que no debe ocurrir ya que ser LGBTIQ+ no es un delito”.
#28Julio | En estos momentos en Parque Carabobo frente al Ministerio Público. Denuncian la insólita y grave criminalización de la homosexualidad, a mano d acciones ilegales y arbitrarias d instancias del Estado. Recuerdan la deplorable "Ley de vagos y maleantes" del puntofijismo. pic.twitter.com/weYz23wJzW
— Ángel Arias (@angelariaslts) July 28, 2023
La alianza reaccionaria del gobierno y las iglesias alienta esta ola antiderechos
Lo hemos dicho claramente a través de nuestras redes sociales. Los criminalizan por ser homosexuales, pues no han cometido ningún delito, constituyendo “un precedente grave que el Estado criminalice a su antojo la homosexualidad”. Como se trataba de personas no heterosexuales, se afincó allí la mano del Estado. Mantener relaciones sexuales consensuadas entre adultos no es ningún delito en las leyes venezolanas, y todos los presentes era personas adultas (entre 21 y 57 años), que estaban en un local privado. Sin embargo, fueron detenidos, expuestos públicamente, y ahora enjuiciados.
Repudiamos el juicio q aun se le sigue a 33 adultos por participar en una fiesta PRIVADA con contenido sexual. Los criminalizan por ser homosexuales, pues no han cometido ningún delito. Precedente grave que el Estado criminalice a su antojo la homosexualidad #LibertadPlenaALos33
— Pan y Rosas Venezuela (@PanyRosas_Ven) July 27, 2023
Como escribimos en un reciente artículo, “Luego de la importante marcha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ de más de 30 mil personas en las calles de Caracas, y otros tantos miles en otras ciudades del país, la cruzada antiderechos de las iglesias se desató con virulencia, pero esta vez de la mano del Gobierno y sectores políticos de la oposición. Lo del Estado laico que se establece en la Constitución, letra muerta”.
“En su cruzada busca restringir derechos, algunos ya conquistados, o evitar que se establezcan nuevos derechos elementales. Sus campañas son estridentes sobre “los ataques” que las feministas, las lesbianas, los homosexuales y las personas trans estarían supuestamente perpetrando contra la familia, “pervirtiendo” la educación, la institución matrimonial y la reproducción sexual.”
Por eso hoy nos movilizamos, junto a decenas de activista de la comunidad LGBTIQ+ y organizaciones solidarias, frente a la sede principal del Ministerio Público, en una primera respuesta a esta grave situación.
Desde la concentración frente al Ministerio Público en Parque Carabobo, nuestra compañera Suhey Ochoa @SuheyLts, denunciando la criminalización y persecución a la comunidad LGBTIQ+. Llamado a unir la fuerza de quienes nos movilizamos el pasado 2 de julio en la Marcha del Orgullo. pic.twitter.com/mimymk7gl9
— Pan y Rosas Venezuela (@PanyRosas_Ven) July 28, 2023
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Exigimos la libertad plena de las 33 personas detenidas arbitraria e ilegalmente por su orientación sexual. Al mismo tiempo llamamos a la más amplia movilización por la defensa y por la conquista de nuestros derechos. Salirle al paso a los sectores más conservadores y reaccionarios que insisten en sus campañas, e incluso difundiendo calumnias para desprestigiar al movimiento de mujeres y de la diversidad género-sexual. Frente a esta nueva cruzada reaccionaria es urgente replicar las manifestaciones que realizamos el pasado 2 de julio donde fuimos miles decenas de miles en las calles. Pero también se vuelve cada vez más necesaria la organización en los lugares de estudio y trabajo. Una vez más gritamos: ¡Iglesias y Estado, asuntos separados!
