Este caso es una nueva expresión de la violencia a la que están expuestas las mujeres en Veracruz.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Martes 29 de marzo de 2016
Los “juniors”, como los nombra la prensa, son Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta, hijos de políticos y empresarios ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Hace un año subieron por la fuerza a Dafne a un auto. La trasladaron a la lujosa casa de uno de ellos en el fraccionamiento residencial Costa de Oro y cometieron el abuso.
Javier Arturo Fernández Torres, el padre de la joven exige justicia a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al gobierno de Javier Duarte. Presentó una carta ante la opinión pública, en la que denuncia que a pesar de que los jóvenes se disculparon a través de un video subido a las redes sociales, los padres salieron a difamar a su hija.
A su vez, reclama que a pesar de la confesión y las pruebas, la fiscalía no actúa. Según medios veracruzanos esto se debe a que los jóvenes pertenecen a familias relacionadas con los partidos en el poder y a que tienen mucho dinero.
El fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, pide que no presionen para la resolución del caso. Los jóvenes ahora alegan inocencia.
Más de 100 mujeres firmaron una carta en apoyo a la joven agredida. Allí denuncian que “las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Veracruz han privilegiado intereses políticos por encima de su deber de impartir justicia”, por lo que exigen el cese de esas conductas “inaceptables” y se haga justicia en el caso de Dafne.
Señalan también “Hemos visto como se revictimiza a nuestras hijas, a nuestras familias, a nuestra sociedad, sin que las autoridades cumplan con su obligación de investigar y fincar responsabilidades legales para proteger debidamente a las víctimas”.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, Andrea Foncerrada, Angélica de la Peña, Clara Scherer, Claudia Alonso Pesado, Claudia Castello Rebollar, Elisa Alanís, Eréndira Cárdenas, Eufrosina Cruz Mendoza, María Elena Chapa, Martha Tagle, Mary Telma Guajardo Villarreal, son algunas de las firmantes.
Este lunes 28 se realizó una marcha en Veracruz convocada por justicia para la joven. Trescientas organizaciones no gubernamentales exigen al gobierno de la entidad que actúe contra los jóvenes agresores.
El caso de Boca del Río tiene un elemento más que indigna porque los perpetradores son jóvenes pertenecientes a familias vinculadas con el partido gobernante. El mismo que desaparece jóvenes de los sectores populares, que persigue y mata a periodistas críticos. El mismo que ha vaciado las arcas del Estado. El mismo que aplica la reforma energética y deja a decenas de miles de familias trabajadoras en la calle en Veracruz como en todos los estados petroleros. El mismo que persigue, criminaliza y reprime al magisterio que resiste la reforma educativa. El mismo que pretende liquidar a la Universidad Veracruzana a través del ahogo presupuestario.
Al alza la violencia contra las mujeres
El caso de los jóvenes violadores de Costa de Oro es parte de la brutal violencia desatada contra las mujeres en México. Dafne sobrevivió al ataque sexual, pero su padre declaró que está desvastada. ¿Cuántos casos más hay que no salen a la luz pública?
Aparte están los ataques a los cuales las mujeres no sobreviven. Según cifras oficiales de Veracruz, entre 2012 y 2015 se reconocieron por parte del gobierno 162 feminicidios.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de esa entidad señala que entre el año 2000 y agosto de 2015 hubo 1,214 homicidios dolosos de mujeres.
En todo el país, una mujer es asesinada cada 7 horas entre 2013 y 2014 según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Violencia como instrumento de opresión
Las distintas formas de la violencia contra las mujeres tienen un objetivo: el disciplinamiento del cuerpo, del deseo, del comportamiento, de la vida de quienes sobreviven a experiencias traumáticas. Tiene como punto de partida las reglas socioculturales que establecen qué deberían ser y cómo deberían comportarse las mujeres, qué se espera de ellas.
Señala Andrea D’Atri “Mientras otras formas de violencia actúan desestabilizando y atacando el orden social establecido, la violencia estructural hacia las mujeres actúa, por el contrario, como un elemento que contribuye a mantener un determinado orden en el que las mujeres permanecen subordinadas. La violencia contra las mujeres actúa como un mecanismo coercitivo que, junto con otros mecanismos de consenso, naturaliza la norma social, invisibilizando el carácter histórico de la asignación de funciones propias e inmanentes de los géneros, de los roles que son efecto de esta naturalización de la opresión y, al mismo tiempo, un dispositivo para su perpetuación.”
En México, uno de los países más peligrosos para ser mujer, el Estado cuenta con una Ley General de Acceso a una Vida libre de Violencia. El cinismo no conoce límites. Son las instituciones del antidemocrático régimen mexicano las que dejan a un lado ley que ellos mismos crearon y protegen a los agresores como los de Boca del Río. Así legitiman todas las expresiones de la violencia contra las mujeres.
El caso de Dafne no es aislado. La violencia contra ella y la posterior victimización no constituyen el destino trazado para las mujeres por alguna fuerza invisible más allá de la comprensión humana.
Los abusos sexuales, los feminicidios y las múltiples situaciones de opresión, discriminación, degradación y subordinación que las mujeres viven a diario tienen un origen histórico. Así como tuvieron un principio, pueden tener un final. Pero erradicar esto exige una lucha radical para tirar abajo el sistema capitalista, fundado en la violencia estructural de la explotación y la opresión. Y es el camino de esa lucha el que hace que la vida sea digna de ser vivida.
