La multinacional belga dedicada la fabricación de tubos de escape y componentes para automóvil, estaba citada para hacer frente a la acusación de presunta insolvencia punible y vulneración de los derechos de los trabajadores.
Joe Molina Trabajador despedido de Panrico, Barcelona | @joemolina57
Miércoles 25 de mayo de 2016
La empresa estaba citada para comparecer el lunes en el juzgado nº 4 de Sagunto (Valencia), pero Bosal no ha hecho acto de presencia en el juzgado. A la empresa se le acusa de posible quiebra engañosa, trasladando líneas de producción a otras plantas e intentando justificar una baja rentabilidad.
Otro caso más de la insaciable necesidad del capital de seguir manteniendo e incluso aumentando ganancias a costa de precarizar el empleo o, incluso, en casos como el de Bosal, de abaratar los costes de producción deslocalizando hacia países con mano de obra más barata, pero también más cerca de la esclavitud.
Esto se agrava aún más cuando se trata de empresas que reciben numerosas ayudas económicas en forma de subvenciones públicas, con lo cual el engaño no es solo a los trabajadores y trabajadoras de Bosal, sino a toda la sociedad. 16 millones de euros adeudados a los trabajadores, 5 a los proveedores, 2,5 a la Seguridad Social y 1a Hacienda; estas deudas son sus credenciales.
Tiene cierto paralelismo con el caso de Panrico, donde también iniciaron el proceso llevándose poco a poco líneas de producción a otras plantas, descompensando totalmente la relación entre producción y costes. La diferencia es que en Panrico cobramos indemnización, pagada con fondos públicos, a través de un crédito concedido por la Generalitat de Catalunya, y los trabajadores y trabajadoras de Bosal no han visto un euro aún, y llevan consumido casi la totalidad de la prestación de desempleo.
Ahora se habla de un plan social con ayudas económicas y recolocaciones y se ha abierto un canal de comunicación con la Unión Europea para solicitar ayudas, pero considerando que hay entre los trabajadores una edad media de 45 años, con muy difícil la inserción en el mundo laboral.
Otra solución que debemos contemplar, en mi opinión más viable, es utilizar esas ayudas y reconducirlas a facilitar la gestión de la empresa por los propios trabajadores y trabajadoras. En este sentido comparto plenamente las declaraciones que en este sentido realizó el catedrático de economía de empresa, Joan Ramón Sanchís Palacio, a LevanteTv.
La autogestión de las empresas no es algo inviable, si el empresario dice que tiene pérdidas y se niega a cumplir con sus obligaciones al despedir a sus empleados, después de haber recibido dinero público, esa empresa debe ser expropiada y puesta a producir bajo control de sus trabajadores. Los gobiernos deberían aceptar esa labor en lugar de rasgarse las vestiduras ante tal posibilidad, pero esto hay que imponerlo con la lucha.
