Luego de algunos meses de tranquilidad, antes y durante el carnaval, el gobierno brasileño ha intensificado la crisis contra el Congreso, la Corte Suprema y los gobernadores a un nuevo nivel. Esto ocurre en el marco de una economía que va a paso lento, que se verá afectada por la epidemia del coronavirus, con trabajo informal y precarizado que se expande como nunca y cuando, por primera vez, un sector estratégico de la clase trabajadora como los petroleros mostró resistencia a los planes del ministro de Economía Paulo Guedes y, más aún, al proyecto privatista de todos los golpistas, alineados o no con Bolsonaro.

El miércoles pasado, el senador Cid Gomes (PDT, laborismo que fue parte de la base de gobierno del PT), fue baleado cuando se lanzó con una retroexcavadora contra una columna de la policía antidisturbios en un cuartel de Sobral, estado de Ceará. Luego, de forma supuestamente involuntaria se filtró un audio donde el jefe de Gabinete, general Augusto Heleno, ministro que comandó los servicios de espionaje, insta a Bolsonaro a posicionarse contra el Congreso. Estos hechos muestran que el nivel de crisis política en el gobierno brasileño aumentó, y ya venía creciendo con la disputa con los gobernadores y el asesinato de Adriano da Nóbrega, un policía vinculado al asesinato de la concejala de izquierda Marielle Franco con conexiones con el hijo mayor de Bolsonaro. El video difundido por el presidente brasileño el martes de carnaval, en el que llamaba a una manifestación contra el Congreso el 15 de marzo, puso más leña al fuego de la crisis política que muchos creían que se podía apaciguar con la llegada del carnaval.

Además de esta manifestación bolsonarista, los movimientos sociales y sindicatos han realizado tres convocatorias: el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el 14 de marzo, a dos años del asesinato de Marielle y el 18 de marzo, huelga nacional educativa. Todavía no está claro hasta dónde llegará la apuesta bolsonarista a la polarización ni tampoco se sabe cuál será la naturaleza de la respuesta masiva que tendrá esta ofensiva de extrema derecha, o a qué nivel de contención y a qué tipo de acuerdos pueden llegar el Congreso y la Corte Suprema con Bolsonaro para calmar los ánimos. No se trata solo de analizar, sino de actuar. Adelantando un aspecto desarrollado al final de este artículo, Esquerda Diário no ahorrará esfuerzos en cada lugar de trabajo y estudio para exigir a los sindicatos, centrales sindicales y direcciones estudiantiles, asambleas para organizar un plan de lucha y una acción contundente el 18 de marzo que despliegue la fuerza de los trabajadores para derrotar esta ofensiva reaccionaria.

Una nueva configuración del bonapartismo

En 2019, en medio de negociaciones con el Congreso para aprobar la reforma previsional, llena de idas y venidas, Bolsonaro intentó convocar a una movilización contra el Congreso y la Corte Suprema. Controlado por la cúpula del Ejército y otros actores, dio un paso atrás en el contenido y terminó impulsando una movilización de apoyo a la reforma previsional, aplaudido por el mercado financiero, con el Bovespa en alza en los días posteriores. Esta escalada tuvo lugar en el marco de las grandes manifestaciones estudiantiles del 15 de mayo.

Analizando la dinámica de estos conflictos, el 25 de mayo Daniel Matos escribía en La Izquierda Diario:

El desarrollo de las pugnas al interior del régimen golpista va delineando dos proyectos de bonapartismos distintos: uno “presidencialista imperial” de Bolsonaro, que busca alzar al Ejecutivo como institución absolutamente predominante del régimen y hasta mesiánica, a la que se deberían subordinar todos los demás “factores de poder”, utilizando a la Lava Jato y a “la calle” como herramientas de disciplinamiento. Y otro proyecto “bonapartista institucional”, donde los golpistas de los viejos partidos tradicionales (hegemonizados ahora por el DEM y teniendo como “centro de gravedad” el Congreso), en acuerdo con los demás “factores de poder” (Corte Suprema, grandes medios de comunicación y parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas), buscan disciplinar el poder de Bolsonaro a las otras instituciones que fueron parte del golpe.

El resultado provisorio de aquel choque entre el “bonapartismo imperial” y el “bonapartismo institucional” fue una derrota del proyecto “imperial” de Bolsonaro, que terminó bajando los decibeles y apaciguando las relaciones con el Congreso -hasta cierto punto- para garantizar la aprobación de la reforma previsional. Al mismo tiempo que tuvo que abandonar momentáneamente su proyecto propio y someterse a los factores de poder, Bolsonaro también mostró al mercado financiero que aquel juego con el Congreso tensiona la política nacional alrededor de la disputa entre derecha y extrema derecha -manteniendo las reformas neoliberales como una especie de gran consenso nacional-, y eso podría ser bastante funcional a la ofensiva burguesa.

La principal caída en el “bonapartismo imperial” en 2019 fue la operación judicial Lava Jato, que cumpliría el papel de disciplinar al Congreso utilizando los mismos métodos que fueron eficaces para llevar a cabo el golpe institucional de 2016. Los audios filtrados por el medio The Intercept, que revelaban conversaciones entre el juez Moro y el fiscal Dallagnol, no fueron suficientes para sacar a Moro y la Lava Jato de la escena, pero sí lograron evitar que fuera el pilar de un proyecto de poder que tendría a Bolsonaro en el centro de un gobierno autoritario respaldado por un sector del poder judicial. Una alianza que, sin embargo, era incómoda para Bolsonaro. Además, la pérdida de control del partido por el que fue candidato, el PSL (Partido Social Liberal), que empezó a alinearse más al centro y directamente con la Lava Jato, fue un revés importante para el bolsonarismo, que vio su apoyo parlamentario reducido.

Los meses posteriores, con la aprobación de la reforma previsional, dieron paso a una cierta normalización del gobierno de Bolsonaro. Con la liberación de Lula, se abrió la posibilidad de que el PT encuentre un lugar en el “nuevo régimen posterior al golpe”. El criterio de la nueva “normalidad” fue el “todo vale” en la disputa política sobre las agendas culturales y la polarización retórica alrededor de ellas, manteniendo una unidad nacional de facto en torno a la agenda económica.

Los gobernadores de la oposición (el PT y, sobretodo, el PCdoB) cumplieron su rol, impregnado en su ADN: la defensa de la gobernabilidad burguesa y los intereses económicos de los capitalistas, llevando a cabo reformas previsionales en cada estado brasileño. Y el Congreso se sintió lo suficientemente fuerte como para avanzar con una medida contundente contra el poder presidencial, el llamado presupuesto fiscal, que en la práctica impondría una especie de semiparlamentarismo. Este reciente avance del poder del Parlamento sobre el Ejecutivo profundiza un aspecto que crece desde la crisis en el gobierno de Dilma Rousseff y durante todo el golpe institucional, pero parece que ahora el Congreso pudo haberse pasado de la relación de fuerzas. Aunque todavía tiene un fuerte apoyo de la Corte Suprema y de los principales medios de comunicación para su intentona semiparlamentarista, sigue siendo la institución más desgastada y cuenta con un escaso apoyo popular para disputar el control de los 30.000 millones de reales de presupuesto en disputa con el gobierno.

Sin embargo, la situación económica no permite consolidar un nuevo régimen estable que supere las divisiones internas de las élites y las cúpulas estatales, la crisis de legitimidad del sistema de los partidos y su baja representatividad ante las masas. La pequeña recuperación económica que le permitió a Bolsonaro frenar la caída e incluso recuperar popularidad es extremadamente débil. Las inversiones siguen cercanas a los mínimos históricos, casi 20 % por debajo del nivel inmediatamente posterior a la recesión de 2015/16. Las exportaciones que se recuperaron a lo largo de 2019 cayeron un 9 % en el último trimestre del año. El crecimiento apoyado en el consumo tiene muchos límites, más aun cuando la lenta recuperación del empleo se basa en el trabajo informal, precarios y por aplicaciones. La perspectiva, que ya era terrible, se hace imprevisible con la epidemia del coronavirus y su impacto en la economía china y en la brasileña.

Es en este contexto que el gobierno de Bolsonaro reanudó, ampliamente, el conflicto con el Congreso, pero esta vez no apoyándose en el bonapartismo judicial de la Lava Jato, sino mostrando su faceta paramilitar y cuestionando a los gobernadores. La ofensiva empezó por la disputa por el impuesto al combustible (ICMS), un problema estrechamente relacionado con Petrobras, y Bolsonaro poniendo a los camioneros contra los gobernadores. El episodio del asesinato de Adriano da Nóbrega por parte del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (Bope) bahiano fue la excusa para generar otra confrontación contra los gobernadores, en que se acusó al gobernador del PT, Rui Costa, de ser el responsable por una “quema de archivos”, cuya sospecha recae primero en los hombros del propio Bolsonaro. La crisis de Ceará con los disturbios de la Policía Militar también es parte de estas crecientes disputas con los gobernadores y los preparativos para las elecciones de fin de año.

Los métodos utilizados por los policías amotinados encapuchados en Ceará son los mismos que los de las milicias en Río de Janeiro, forzando el cierre de tiendas e imponiendo toques de queda contra la población, con el apoyo de parlamentarios bolsonaristas. Ya se discute abiertamente la intención del bolsonarismo de organizar tropas paramilitares para que apoyen su proyecto.

La periodista Vera Magalhães del diario O Estado de S.Paulo publicó un artículo titulado “El motín policial con el apoyo del presidente puede ser un embrión para la milicia paraestatal”. El brazo militar de este proyecto avanzaría con la posible nacionalización de las milicias, reclutando en los sótanos de la policía militar y civil. El crecimiento de las milicias, aunque en ninguna parte exista la simbiosis con las fuerzas estatales que hay en Río de Janeiro, abre el terreno a acuerdos y confrontaciones con los poderes locales, y en sí mismo es un factor de mayor inestabilidad. A la par de este proceso, las cúpulas de las iglesias evangélicas le van dando al bolsonarismo miliciano una ideología de masas extremadamente conservadora e individualista. También, en algunos lugares, las cúpulas de las iglesias evangélicas están creando embriones de tropas paramilitares, los siniestros “gladiadores de la fe”, que se forjan atacando y combatiendo los “terreiros”, lugares de culto del candomblé, religión afrobrasileña. Esta base de apoyo al bolsonarismo como tropas electorales, y mucho más embrionariamente también paramilitares, tiende a producir enfrentamientos entre la orientación de la cúpula de las iglesias y un fenómeno de conversión que está altamente relacionado con la migración interna, la pobreza, la desigualdad, como numerosos estudios lo demuestran. Cómo evolucionarán estos factores contradictorios es también algo incierto.

Justo ahora, cuando se empiezan a cuestionar abiertamente las relaciones entre el bolsonarismo y el submundo de la milicia, la cúpula del Ejército da un paso decidido hacia el sostenimiento del gobierno. Dos días después del asesinato de Adriano, el comandante del Ejército Edson Pujol convenció al general Braga Netto, jefe del Estado Mayor, número dos en la jerarquía militar y general activo, para encabezar la estratégica Jefatura de Gabinete. Braga Netto no es cualquier militar. Además de ser jefe del Estado Mayor, fue jefe de intervención en Río de Janeiro y es considerado un gran conocedor de las milicias y del crimen organizado en Río. Su entrada al gobierno marca un salto de calidad en el compromiso del Ejército de mantener el proyecto de poder miliciano y cruzadista del bolsonarismo, aunque eso no implique una conversión a la milicia de la cúpula del Ejército, que apoya este proyecto para controlarlo desde adentro. Una estrategia muy arriesgada, que puede escaparse del control de los generales.

El poder moderador del ejército, el bonapartismo militante y los elementos fascistas

La crisis en Ceará revela bastante la nueva configuración de las tendencias bonapartistas en el régimen político. Bolsonaro y Heleno confían en el motín policial para socavar la autoridad del gobierno estatal y crear la base para una mayor cohesión entre las milicias, que están lejos de formar un contingente centralizado a nivel nacional y local, mostrando la cara de su proyecto de milicia bonapartista. Para enfrentar el motín policial alentado por las milicias y el bolsonarismo, el gobernador del PT de Ceará está cumpliendo el desafortunado papel de convocar al Ejército y pedir que incluso se extienda en el estado la Garantía de la Ley y del Orden (GLO), dispositivo que permite al Ejército actuar como policía. Entre el gobernador del PT, Camilo Santana, el senador Cid Gomes y su retroexcavadora, y los policías encapuchados amotinados apoyados desde abajo por el bolsonarismo, el Ejército alcanza un poder moderador efectivo de características bonapartistas más clásicas.

Esa disputa escaló a tal punto que el viernes, ante la amenaza del gobierno federal de retirar a los militares del estado de Ceará, en un claro apoyo al motín policial, un grupo de gobernadores -incluyendo a los petistas de Bahía y Piauí, los derechistas de San Pablo, João Dória, y de Río de Janeiro, Wilson Witzel- amenazó con el envío de sus tropas estaduales –las Policías Militares son órganos estaduales, que a pesar de estar vinculadas al ejército, son comandadas por los gobernadores–. Una tensión sobre el pacto federativo, que presupone que solo las tropas vinculadas al gobierno federal pueden tener actuación nacional, que solo retrocedió porque el gobierno retrocedió y mantuvo la GLO. Con el motín policial y la actuación de las milicias, solo entre el 19 y 24 de febrero, cuando el gobierno dejó de divulgar el conteo, hubo 170 asesinatos, tres veces más que el mismo período de años anteriores.

Los elementos militares de la correlación de fuerzas, que en la primera mitad de 2019 estuvieron presentes solo como posibles tendencias a través de los proyectos de Bolsonaro para facilitar la portación de armas a su base civil, amplían su alcance al involucrar un juego complejo que pone a la policía militar en contra de los gobernadores. La reforma previsional de los militares, extremadamente favorable a los generales y perjudicial los cargos inferiores, y los síntomas importantes de insatisfacción de las tropas (sargentos, cabos y soldados) con el gobierno y especialmente con los generales, también son factores que impulsan la cohesión bonapartista de la cúpula alrededor del gabinete ministerial de Bolsonaro, ya ampliamente ocupada por militares, junto a un interés común en colocar al Congreso y los gobernadores como responsables de la situación del país. También opera como motivación para una mayor alineación/contención del generalato con Bolsonaro el proyecto en común que comparten para la Amazonia desde la confrontación retórica con el presidente francés Emmanuel Macron. Esto también incluye los intereses sobre la tierra, la deforestación y los intereses mineros que unen a los generales y al actual jefe del Ejecutivo.

El llamado a la movilización del 15 de marzo por el general Heleno, si no es abiertamente una milicia, se basa implícitamente en la correlación de fuerzas, en el sentimiento de desorden que el clima de rebelión salarial genera en las tropas de la PM y en la acción de las milicias de ir en contra el Congreso e intentar el semi-parlamentarismo. A pesar de las diferencias en el Ejército, existe una confluencia temporal entre la mayoría del Alto Mando y el general Heleno que permite que avance el proyecto de bonapartismo más apoyado en las milicias, tomando el lugar del bonapartismo más apoyado en la Lava Jato. La lógica de la situación es que avanzan los elementos paraestatales milicianos, incluso con la mayoría del Alto Mando aceptándolo a regañadientes. Al mismo tiempo, encuentra una justificación para aumentar su papel bonapartista como un poder moderador de la creciente tensión bolsonarista con las instituciones decadentes del régimen de 1988. Esta momentánea confluencia se ve en la postura de Olavo de Carvalho, quien manifestó la desconfianza contra los generales y ahora defiende la unidad entre los generales y el pueblo.

Aunque no se puede descartar de antemano la posibilidad de que esta crisis se profundice, nos alejamos de la opinión de quienes dicen que estamos a las puertas de un régimen fascista, de terror, con ejecuciones públicas de opositores. El fascismo, como lo definió el revolucionario ruso León Trotsky, “no es solo un sistema de represión, violencia y terror policial. El fascismo es un sistema estatal particular, basado en la extirpación de todos los elementos de la democracia proletaria en la sociedad burguesa”. Esta no es la característica fundamental que define la situación actual, son solo elementos. Hay elementos embrionarios de retórica contra la izquierda, pero con la excepción del crimen cometido contra Marielle, se configuran como retórica. Hay, de manera más relevante, elementos embrionarios de la movilización reaccionaria de la policía y las fuerzas paramilitares para los fines políticos del bolsonarismo, como se ve en Ceará.

El discurso que toma los elementos fascistas que apoyan el bonapartismo del Ejército, como sinónimo de la existencia actual de un régimen fascista, ya los declara victoriosos de antemano. Es un discurso que nos desarma ante el peligro real. También justifica un frente amplio con parte de los enemigos que tenemos que combatir para luchar contra las reformas y las privatizaciones, pero también para enfrentar los elementos fascistas de la realidad. El nivel de tensión es mayor que el año pasado, y ahora involucra una importante huelga de trabajadores como telón de fondo. Una huelga que no fue posible desmantelar con amenazas legales y que para ser desmantelada por la Federación Única Petrolera (CUT) necesitó que el Poder Judicial empezara a ofrecer concesiones y maniobras. También hay una creciente insatisfacción en las bases de las Fuerzas Armadas y la ubicación de la cúpula es diferente, porque al colocar a Braga Netto en el gobierno le quita a los actores del “bonapartismo institucional” una de las principales armas de contención de Bolsonaro, que son las investigaciones sobre Marielle Franco y las relaciones de la familia de Bolsonaro con las milicias, que son más difíciles de rastrear con la muerte no aclarada de Adriano.

El escenario estratégico se va delineando. Bolsonaro insiste en el camino de la confrontación con el Congreso y ahora con los gobernadores, tratando de debilitar a los otros poderes y fortalecer al Ejecutivo y parte de los sectores paramilitares que lo apoyan. Puede ser que, por ahora, esto solo busque detener la ofensiva semi parlamentarista del Congreso y negociar mejor para aumentar la proporción de su fracción y hacer que sus métodos sean más naturalizados. ¿Será un alineamiento momentáneo del Alto Mando y que, por debajo, los generales más “institucionales” estén incentivando a Heleno y compañía, esperando el fracaso del intento bonapartista de la milicia para impulsar una contraofensiva institucional, reforzando el papel del Congreso y de la Corte Suprema? ¿O realmente están dando un paso más y se adhieren al proyecto de Heleno de tutela directa sobre Bolsonaro en la lucha contra el Gran Centro parlamentario y las instituciones del régimen de 1988? ¿O incluso se trata de la posibilidad de que la línea del Alto Mando mantenga este equilibrio y se fortalezca como la gran institución bonapartista y modere los conflictos entre el bolsonarismo miliciano y las instituciones? Se desconoce el alcance del apoyo del Ejército para esta política, lo que empezará a responderse en los próximos días con la convocatoria del acto del 15 de marzo. ¿Tendrá, como el año pasado, un contenido pro-reforma y menos contra el Congreso? Parece poco probable por ahora, ya que no existe una reforma que concentre tanto las expectativas de los empresarios como de la seguridad social y existe una demanda concreta contra el Congreso, que es el intento de aprobar un presupuesto fiscal y avanzar en una especie de semi-parlamentarismo. ¿Se resolvería la situación actual dando un paso atrás en el presupuesto fiscal del Congreso y eso explicaría la reacción tibia de Rodrigo Maia y el silencio de Alcolumbre, el presidente del Senado?

Aunque los últimos alineamientos indican un fortalecimiento de las tendencias de la milicia bonapartista de Heleno y Bolsonaro debido a la nueva ubicación de la cúpula del Ejército, en detrimento del “bonapartismo institucional”, son preparatorios y confrontan una situación previa, que venía de un “bonapartismo institucional” fortalecido superestructuralmente contra el bolsonarismo. No existe la amenaza del movimiento de masas de empujar a las élites a un golpe por ahora, que sería una aventura peligrosa, ni la suficiente unidad burguesa para tal medida. La indefinición del panorama electoral de Estados Unidos juega en contra de cualquier movimiento más decisivo este año. El Partido Demócrata se encuentra en la disyuntiva entre adoptar la candidatura de Bernie Sanders y el peligro de dividirse, y aunque Trump sea el favorito contra el rival que emerja de las internas demócratas, su reelección no está garantizada. Además, este año también es electoral en Brasil. Aunque existen estos sectores empresariales, principalmente en el comercio y latifundistas que apoyan el bonapartismo miliciano de Heleno y Bolsonaro, la mayoría de la élite financiera deja que las medidas amenazantes se ejecuten contra el Congreso y luego presionan por un pacto para las reformas. Se desconoce la posición con respecto a la movilización contra el Congreso de las federaciones patronales de San Pablo (Fiesp) y Río de Janeiro (Firjan), que habían estado apoyando a Bolsonaro. Aunque la táctica de Bolsonaro es radicalizar y luego negociar, y garantizar el presupuesto en sus manos tanto como sea posible, introduce un nuevo elemento, que es movilizar parte de sus bases militares, con el apoyo de la cúpula del Ejército. Si el movimiento aún no es “decisivo”, ya va a favor de liberar algunos elementos fascistas, que a su vez son “contenidos” en favor de un bonapartismo que coloca a los generales de cuatro estrellas cada vez más en el centro del escenario.

Además, dada la decisión que mostró un sector estratégico del proletariado, al igual que los petroleros en huelga, y dadas las señales de inestabilidad e insatisfacción entre las masas debido a la situación económica, el escenario no es de estabilidad y paz en esta disputa de la derecha. La insatisfacción social afecta incluso a los sectores pequeñoburgueses que están en la columna vertebral del bolsonarismo, como los conductores de camiones y sus constantes amenazas de nuevos paros. Por lo tanto, la correlación de fuerzas no es aquella en la que el avance del bonapartismo de la milicia se lleva a cabo sin mayores roces, sin mayor resistencia. Hay un aire, aunque sea incipiente, de una mayor disposición a salir a la lucha de parte del proletariado, y esto sucede al mismo tiempo y en contra de estos singulares elementos a la derecha en la situación política nacional.

Frente Amplio o Frente Único

Aloísio Mercadante sintetizó la estrategia del PT para enfrentar la embestida bonapartista: reeditar un frente amplio como el de “Diretas Já” de 1984. Los diputados del PT hablan sobre la unión de todos los demócratas y Lula hace un llamado al Congreso y a las instituciones para que tomen una posición. Con estas palabras, defienden que la forma de enfrentar a Bolsonaro es la unidad con quienes estuvieron a la vanguardia del golpe institucional y la aprobación de la Reforma Previsional de Guedes y Bolsonaro. Exageran la posibilidad inmediata de un golpe militar para justificar la alianza con los golpistas institucionales.

La moneda de cambio en esta negociación entre el gobierno de Bolsonaro y los “demócratas” del Congreso y de la Corte Suprema son nuestros derechos, nuestros trabajos y la riqueza nacional. En el primer semestre, calmaron los ánimos con el gobierno para garantizar la aprobación de la reforma previsional, con la complacencia de los gobernadores del noreste, que también en sus estados están avanzando con la reforma previsional. Ahora, lo más probable es que la salida sea esa: calmar los ánimos para garantizar que las reformas sigan adelante. Con aliados como este, en el mejor de los casos, las reformas neoliberales serán aprobadas “democráticamente”, a través del Congreso. Un hipotético impeachment contra Bolsonaro pondría al reaccionario vicepresidente general Hamilton Mourão -con mucho dinero para comprar diputados y ganar el apoyo de la Corte Suprema- a gestionar este trabajo de ataques contra la clase trabajadora. Esto en una situación política en la que las Fuerzas Armadas, de hecho, ya han asumido un rol superior al que tenían anteriormente, administrando ministerios y estados, y se configuran como un elemento del bonapartismo, como moderadores entre el bolsonarismo y los actores institucionales.

En el actual discurso del PT, al igual que el de ayer, el límite de la relación de fuerzas está constantemente presente, siempre apareciendo para justificar las alianzas con la derecha y aceptar los ataques neoliberales. La posibilidad de cambiar la correlación de fuerzas a través de la movilización de la clase trabajadora y la juventud nunca se plantea. Si fuera una ofensiva golpista efectiva, la estrategia del frente amplio sería aún más ridícula. El precedente en la historia brasileña fue un frente amplio entre el presidente Joao Goulart, el expresidente Juscelino Kubitschek y Carlos Lacerda, un exlíder golpista, contra la dictadura militar: no resultó en nada.

Es legítimo el sentimiento de amplios sectores progresistas de que es necesario concretar el “Fuera Bolsonaro”. Su gobierno no solo es el resultado del golpe institucional, sino de elecciones manipuladas, y solo ha estado implementado ataques, por eso nuestra perspectiva debe ser derrocarlo. Sin embargo, consideramos que es un error importante canalizar esta justa demanda en un impeachment por parte del Congreso. Si la fuerza de las calles y la clase trabajadora no está organizada para imponer el “Fuera Bolsonaro” mediante la movilización, ese eslogan se convierte en “palabras que se lleva el viento”, o peor, alimenta a otras fuerzas reaccionarias del régimen para adoptarlo y sacar a Bolsonaro del camino, pero esto puede dar lugar a cosas peores. ¡Es absurdo tener un programa de impeahcment que lleve a Mourão, un representante directo de las Fuerzas Armadas, a convertirse en presidente! El proceso del golpe institucional ya debería haber servido como una lección de que no todos los “Fuera” ayudan a la izquierda y a los trabajadores. Por lo tanto, la clave es desarrollar la movilización de la clase trabajadora y popular para imponer a través de la movilización la derrota de los planes del golpe, del legado del golpe institucional, e imponer el derrocamiento de este gobierno abriendo espacio no a Mourão, sino a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana.

La importancia del conflicto petrolero fue sintomática. La clase obrera brasileña no está derrotada. A pesar de toda la correlación de fuerzas aparentemente desfavorable, y ante el frente amplio de la prensa, de los “demócratas” al estilo de la corporación mediática Globo, el expresidente neoliberal Fernando Henrique Cardoso, Rodrigo Maia y el juez supremo José Antonio Toffoli –que también están alineados contra los excesos machistas y racistas del bolsonarismo, pero están empeñados a destruir la vida de las mujeres y los negros con las reformas en curso brindando su apoyo entusiasta a Guedes, Bolsonaro y la presidencia de Petrobras contra la huelga–, los petroleros demostraron una disposición a luchar, lograron la suspensión temporal de los despidos y revirtieron un ataque por la vía del sistema de turnos. Hubiera sido posible, a partir del apoyo activo a la huelga petrolera, comenzando con empresas directamente amenazadas con la privatización, como los Correos, extender un gran arco de apoyo a la huelga y reunir el movimiento de masas en torno a esta lucha. La huelga de Petrobras tenía el potencial de cuestionar todos los pilares de la política económica de Guedes y del golpe institucional, con la defensa del empleo digno, cuestionando la política de precios de Petrobras, que podría haber generado una división de la base bolsonarista en camioneros. Los jóvenes podrían apoyar la huelga planteando sus propias demandas, exigiendo, por ejemplo, una Petrobras 100 % estatal y administrada por los trabajadores para cubrir la universalización de la educación superior en Brasil. Es decir, al señalar el camino del frente amplio con parte de los golpistas, el PT no ofrece resistencia efectiva a los ataques actuales y se está preparando estratégicamente para regresar al gobierno sin revertir las medidas económicas de Temer y Bolsonaro.

Las direcciones del PT convocan a tres fechas. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el 14 de marzo, aniversario del asesinato de Marielle, y el 18 de marzo, paro nacional educativo. El Movimiento Revolucionario de Trabajadores, grupo que impulsa Esquerda Diário en Brasil, se suma enérgicamente a la convocatoria de estas manifestaciones, a la construcción de una huelga educativa, e impulsa entre los trabajadores y los jóvenes la organización en cada lugar de trabajo y estudio, exigiendo a las direcciones de los sindicatos, a las centrales como la CUT y la CTB, y a las entidades estudiantiles, como CA, DCE y UNE, a que convoquen asambleas y un plan de movilizaciones para llevar a cabo importantes jornadas de protestas en esos días y para transformar el 18 en un paro nacional importante, contra golpes de estado, las reformas neoliberales y en defensa del empleo y de Petrobras.

Traducción: Sharon Vidal