DECLARACIÓN DE LA FT-CI. Brasil como eslabón débil de la crisis internacional

Dilma y el PT fueron volteados por un amplio frente único que incluyó el poder judicial, los partidos de oposición, sectores de la propia base de apoyo del gobierno petista, que se pasaron al bando golpista, y los grandes medios de comunicación del país. Un golpe institucional que utilizó los esquemas de corrupción del PT con Petrobras preservando a los demás partidos que siempre participaron de la misma “fiesta”. Pasado un año de gobierno de Temer, una fracción del bloque golpista encabezada por el poder judicial utiliza la delación premiada, en el esquema de corrupción de la JBS-Friboi, para intentar un golpe adentro del golpe en contra sus anteriores aliados.

La nueva maniobra de un ala de los golpistas abre una crisis de difícil solución. Al hacer inviable la continuidad del gobierno de Temer sin que haya surgido una alternativa, se establece un momento de, prácticamente, vacío de gobierno. La combinación entre la acción aventurera de la operación Lava Jato, la negativa de Temer a renunciar, el fortalecimiento de sectores de extrema derecha, la ofensiva de ajustes y reformas reaccionarias, junto a la persistencia de un movimiento de masas que resiste a esos ataques y la incipiente politización de las fuerzas armadas, configuran una coyuntura pre revolucionaria en la que los meses se cuentan en días y los días se cuentan en horas.

Una coyuntura que puede dar lugar a un nuevo gobierno elegido por vía “indirecta”, por el Congreso, para que logre avanzar con las reformas y frenar la polarización política y social en curso, haciendo retroceder los elementos pre revolucionarios que hoy se muestran más dinámicos; o, en el sentido opuesto, que puede devenir en la profundización de las tendencias a la revolución y a la contra revolución, abriendo una nueva situación de la lucha de clases en el país.

A continuación buscamos desarrollar un análisis estructural de la situación y la política de los revolucionarios para encarar la misma.

1) El “golpe adentro del golpe” intenta evitar la polarización social, a la vez que estratégicamente intenta imponer un nuevo régimen de dominio más abiertamente proimperialista.

En el auge del crecimiento económico del gobierno Lula, cuando la revista The Economist puso como tapa el Cristo Redentor de Río de Janeiro como un cohete que se desplegaba del piso rumbo al cielo, ganaba proyección internacional la larga lista de “translatinas” o “global players” brasileros. Grandes multinacionales cuyo control mayoritario se mantuvo en las manos del capital nativo, a pesar de la asociación con el capital extranjero, y que pasaron a competir en condiciones de igualdad con las empresas imperialistas en el mercado mundial. El pívot del actual escándalo involucrando al presidente, la JBS-Friboi, después de haber comprado la Swift Foods Company norteamericana, se transformó en el mayor frigorífico del mundo. La Vale do Rio Doce, después de adquirir la canadiense INCO y la australiana AMCI Holdings, se transformó en la segunda minera más grande. La Embraer, cuarto fabricante de aviones. La Petrobras, que luego de descubiertos los enormes pozos de oleo crudo debajo del llamado “Pre Sal”, se hizo la sexta empresa más grande en ese rubro. Y una larga lista, entre las cuales podemos destacar como parte de las veinte mayores multinacionales brasileñas: Odebrecht, Camargo Correia, Gerdau, Votorantim, Aracruz, Weg, Marcopolo, Andrade Gutierrez, Tigre, Usiminas, Natura, Itautec, ALL, Ultrapar, Sabó y Lupatech. En 2007, este “selecto” grupo facturó 30.000 millones de dólares en el exterior, tenía 56.000 millones de dólares en activos esparcidos por todo el mundo, además de emplear a 77.000 trabajadores fuera del país.

Algunas de esas empresas hoy tienen sus dueños o ejecutivos encarcelados por la operación “anticorrupción” denominada “Lava Jato”. El ascenso de esa operación en los últimos años vino acompañada de una escalada de protestas por parte de fracciones del capital imperialista en relación a los privilegios dados al capital de origen brasilero en la exploración de la Petrobras. Curiosamente, las operaciones de la Lava Jato nunca desarrollaron la investigación sobre los indicios de envolvimiento de empresas imperialistas en los escándalos de corrupción. Entre cuatro departamentos en que se divide la gigante estatal, el que cuenta con mayor facturación, que también es el de mayor presencia del capital extranjero, nunca fue investigado.

La función estratégica de la Lava Jato es abrir el camino para que monopolios imperialistas puedan avanzar sobre sus competidoras translatinas, reconfigurando la relación entre el Estado brasilero y las empresas privadas; y a la vez crear un nuevo régimen político con legitimidad suficiente para implementar reformas estructurales que transfieran una mayor cantidad de renta de la población trabajadora al capital.

Las manifestaciones de junio de 2013 demostraron a la burguesía que el PT ya no mantenía todo su histórico poder de contención. Dilma fue removida del poder porque dependía del financiamiento ilegal de los “global players” brasileros para mantener su estructura electoral y generar gobernabilidad, al mismo tiempo en que la presión de sus bases ligadas a los sindicatos y movimientos sociales era una contradicción para avanzar, al nivel exigido por la crisis, con los ajustes y las reformas que ella empezó a implementar en 2015.

El gobierno de Temer con el PMDB (uno de los tres mayores partidos, constituido de oligarcas y caudillos regionales en base al clientelismo estatal), el PSDB (de Fernando Henrique Cardoso) y el DEM (heredero de la dictadura militar), a pesar de asentarse sobre una base social más a la derecha y defender una mayor subordinación al imperialismo, mantiene esencialmente los mismos lazos de dependencia que el PT tenía con los ríos de dinero provenientes de los global players brasileros, a la vez que no ha mostrado musculatura para implementar las medidas más antipopulares sin abrir mayores crisis.

Para recomponer las inversiones extranjeras y llenar los cofres públicos del botín a ser repartido entre los capitalistas, Temer ha intentado implementar un ajuste fiscal draconiano que desfinancia las necesidades públicas más esenciales, así como reformas neoliberales más reaccionarias a las que habían sido implementadas en los años 90. En el marco de una crisis económica que ya acumula una caída de 8% del PIB y un aumento rápido y masivo de la desocupación con más de 15 millones de desempleados (15% de la población económicamente activa), el accionar del gobierno golpista ha forzado una creciente polarización política y social.

Por un lado, ha fortalecido una extrema derecha representada por Bolsonaro, que cuenta con ascendentes 16% de intenciones de votos y múltiples lazos con la policía y las Fuerzas armadas. Una derecha fascistizante que defiende abiertamente la dictadura militar. Por otro lado, ha fortalecido a los sindicatos y los movimientos sociales que se opusieron al golpe y ahora se oponen a las reformas neoliberales en curso, capitalizado políticamente por Lula con más de 30% de intenciones de voto, con tendencia al alza.

La manifestación en Brasilia contra la aprobación de la ley que imponía un techo de gastos presupuestarios en noviembre del año pasado, los paros nacionales de 15 de marzo y 28 de abril (la acción más fuerte e importante hasta ahora) y la marcha que transformó Brasilia en un escenario de guerra el último 24 de mayo, expresan la continuidad de un movimiento de masas que resiste a las reformas neoliberales que intentan implementar en el Congreso, alimentado por la creciente bronca popular generada por el desempleo y la caída del poder de compra de los salarios. Particularmente en oposición a la reforma jubilatoria, que en Brasil es considerada la “madre de todas las reformas”, la clase trabajadora y los sindicatos han entrado en la escena política con sus propios métodos de lucha como no se veía desde los años 80. Una reforma tan impopular que genera el descontento incluso de las bases sociales del golpe, cubriendo los paros de gran simpatía popular.

El golpe adentro del golpe, del cual Rodrigo Janot (Jefe de la de la Fiscalía General de Justicia) ha sido una pieza clave, tiene como objetivo evitar la escalada de la polarización política y social para seguir avanzando en términos pacíficos en el intento de imponer una relación de fuerzas sociales más a la derecha y moldear un nuevo patrón de acumulación capitalista más subordinado al imperialismo. Así se explica por qué un gobierno no electo y dispuesto a implementar los ataques más duros, al demostrarse débil para hacerlo, es golpeado por una conspiración del propio “Partido Judicial” que lo puso en el poder y siguió actuando casi como un pequeño “Estado” dentro del propio Estado. Aunque en lo inmediato la conspiración no tuvo éxito sino que provocó un salto peligroso en la crisis de los de arriba.

2) El enésimo intento fallido de crear una “burguesía nacional” con mayor autonomía.

Luego del famoso “milagro” del crecimiento brasilero a tasas chinas en los años 70’, desde la llamada “década perdida” que combinó explosión de deuda pública e hiperinflación a lo largo de los 80’, se establece una debilidad de fondo de la acumulación capitalista. Esa debilidad, reflejada en una relativa desindustrialización y la caída en el nivel de productividad de la economía fue compensada momentáneamente por los nichos de especialización productiva ligados a la combinación entre los “global players” alentados por el Estado y las ventajas naturales del país, con la inserción subordinada en el mercado internacional como gran proveedor de materias primas y de bienes de bajo contenido tecnológico alentados por el boom chino. Esa especialización que reprimarizó la economía, combinada con las precarias condiciones de trabajo, a la vez sentó las bases para que el último ciclo de crecimiento permitiera la expansión del mercado de trabajo y una relativa disminución de la pobreza extrema, contradictoriamente fue lo que debilitó la economía para enfrentar escenarios internacionales más adversos como el actual.

Por la importancia geográfica, poblacional y económica de Brasil, el neoliberalismo de los años 90 implementado por las manos de Fernando Henrique Cardozo, a pesar de haber provocado una relativa desindustrialización promovió a la vez una serie de políticas estatales activas que sentaron las bases para el desarrollo de los “campeones nacionales”. Con la ayuda de los bancos públicos, ventajas otorgadas en el proceso de privatización y la prestación de servicio a las empresas que se mantuvieron estatales, el Estado permitió que sectores del capital nacional mantuvieran el control mayoritario de grandes monopolios, aunque asociados al capital extranjero; mientras que otros sectores fueron integralmente vendidos al capital imperialista (como parte de las comunicaciones).

El PT, que surgió como expresión política del gran ascenso de huelgas contra la dictadura en fines de los años 70 y al largo de los 80, al revés de luchar para derribar la dictadura y resistir a las reformas neoliberales con los métodos de la lucha de clases, se constituyó como “pata izquierda” del régimen democrático burgués, usando su peso en la clase obrera para emerger como negociador de un neoliberalismo con rostro más social.

Apoyándose en el excepcional ciclo de crecimiento económico mundial asociado a la burbuja inmobiliaria norte-americana y en el boom de las commodities ligado a la expansión china, el gobierno de Lula (en asociación con el PMDB), sobre las bases creadas por el PSDB, hizo desplegar el proyecto de país basado en los emergentes global players brasileros, la expansión del trabajo precario y del consumo basado en el crédito barato, y el clientelismo estatal turbinado con el Bolsa Familia, estableciendo una sinergia entre el ascenso exportador y la dinamización del mercado interno.

Bajo el boom de crecimiento económico lulista, la hegemonía solitaria del capital financiero en los años 90 pasa a ser compartida con ascendentes sectores de la industria, los servicios, la minería y el agronegocio, todos ayudados por los bancos públicos y empresas estatales. Millones que vivían en el desempleo y la miseria absoluta pasan a tener condiciones de pobreza con algún consumo. En ese marco, Brasil llega a querer cierto margen de maniobra como actor en el escenario internacional junto a los BRICS, aprovechando un momento en que Estados Unidos estaba concentrado en sus problemas en Medio Oriente. Esas aspiraciones vieron su punto más alto en el intento de establecer un "eje" con Turquía e Irán, jugarse a entrar al consejo permanente de la ONU y fundar la UNASUR con la OEA, etc., planteándose como un "estabilizador" necesario de Estados Unidos para moderar a los "populistas" más “de izquierda” como el gobierno de Chávez y otros en la región.

Sobre esas bases se da la paradoja en la cual sectores monopólicos de la burguesía brasilera emergen con cierto grado de relativa “autonomía” para regatear mejores condiciones de asociación con el capital extranjero, al mismo tiempo que Brasil vivió la mayor penetración de capital imperialista de toda su historia. Por un lado, se implementa bajo Lula la ley que privilegió el capital nativo en la exploración del “Pre-Sal” (una de las primeras en ser derogada por Temer). Una medida de “protección nacional” que se da al mismo tiempo en que el volumen acumulado de capital imperialista que entró en el país salta de US$ 168.000 millones entre 1990 e 1999 para US$ 242.500 millones entre 2000 y 2009; un 45% mayor. Esa paradoja es lo que explica por qué a pesar del avance en la penetración del capital extranjero, la participación de las empresas de control extranjero entre las 500 mayores del país cayó de 44,7% en 1999 a 41,5% en 2009.

Todo ese castillo de naipes empieza a desmontarse con el arrastre de la mayor crisis económica mundial desde la segunda pos guerra. Las masivas manifestaciones de junio de 2013 expresaron el choque entre las crecientes aspiraciones generadas por el ciclo de crecimiento económico de los años precedentes y los límites de un país que por su dependencia ante al capital financiero internacional no pudo enfrentar ninguna de sus contradicciones más estructurales como las pésimas condiciones de salud, transporte y educación; a la vez que depende de la corrupción a larga escala para generar gobernabilidad.

La abundancia de crédito se transforma en abundancia de deuda, las promesas de mejoría gradual y a largo plazo de las condiciones de vida dan lugar a los ajustes y reformas reaccionarias. El saldo comercial deficitario estructural, que fue encubierto en la década pasada por el boom en materias primas y las exportaciones a China, vuelve a hacerse sentir. El trabajo precario cede espacio al desempleo, los representados no se identifican con los representantes. Caen por tierra las aspiraciones de "potencia regional" que sostuvo Brasil por un período. Los sectores medios de la sociedad expresan su descontento en forma más o menos activa y son el caldo de cultivo para una larga “crisis orgánica” (tomando el concepto de Gramsci, también entendido como “crisis de hegemonía”), en la cual las clases dominantes fracasan en la “gran empresa” que se habían propuesto (y que les había permitido conquistar “consenso” social) luego de la dictadura militar y la ofensiva neoliberal, sin que todavía haya surgido un nuevo proyecto de país que pueda reemplazarla.

Sectores del capital imperialista y “global players” brasileros ya más internacionalizados y menos dependientes del Estado se postulan para encabezar un nuevo patrón de acumulación más subordinado al capital financiero internacional, en el marco de un nuevo esquema de repartición del botín estatal. Sin embargo, la perspectiva de continuidad de la crisis económica mundial y las incertidumbres de la nueva administración Trump son un gran obstáculo para que se pueda vislumbrar un nuevo ciclo de crecimiento, crédito e inversiones capaces de hegemonizar capas de la burguesía no monopólica (los que emplean la mayoría de la población), de las clases medias, y sectores populares, sin lo cual difícilmente se pueda lograr una gobernabilidad estable.

Así, ante la débil productividad de la “industria nacional” y la débil acumulación de capital interno, vuelve a cobrar valor la dependencia estructural de la llamada “burguesía nacional” ante al capital imperialista.

3) Los métodos reaccionarios y el potencial desestabilizador en la pugna entre el “Partido Judicial” y los partidos del “viejo régimen”.

La principal contradicción del Partido Judicial es que tiene poder suficiente para destruir el “viejo orden”, pero aun no para construir uno nuevo. Para eso necesita la subordinación del personal político de los partidos existentes o la constitución de un nuevo sistema de partidos.

De un lado está la casta judicial que no fue electa por nadie, que recibe los salarios más altos y los mayores privilegios del servicio público, que se juzga a sí misma, que tiene el poder de filtrar lo que quiera para debilitar la imagen de un político ante a la opinión pública o decretar prisión preventiva por tiempo indeterminado al revuelo de los derechos de defensa más elementales, y que ahora busca aprobar en el Congreso mayores poderes para sí misma. Esas son las normas de la “democracia” que mantiene cuatro de cada diez presos sin condena en las cárceles brasileras, en su aplastante mayoría negros y pobres. Es el “estado de excepción” usado corrientemente para reprimir al pueblo pobre en las favelas y garantizar la participación del Estado en los abultados negocios del crimen organizado; ahora usado también para destituir presidentes, lo que fortalece aún más la aplicación de estos métodos contra los trabajadores.

Del otro lado está la casta de políticos que siempre utilizó el poder judicial para garantizar su impunidad e intenta ahora limitar el poder de la toga instituyendo la invalidación de delaciones filtradas en la prensa, el control del Congreso sobre las delaciones (hoy es una atribución restringida a la fiscalía), y el castigo de jueces que abusan del poder. Dichos intentos incluyen al PT, preocupado en salvar a Lula y los suyos de la cárcel o la posibilidad de postularse como candidatos en las próximas elecciones.

Esa pugna entre los poderes cada vez más autoritarios (bonapartistas) del poder judicial y el instinto de auto preservación de las fuerzas del “antiguo régimen” vive una nueva escalada con la crisis actual. Los rasgos aventureros del golpe dentro del golpe residen no solamente en la filtración a la prensa de una información que puede derribar a un presidente sin obedecer a los ritos jurídicos constitucionales y ni siquiera verificar la autenticidad de la prueba. Reside sobre todo en la ausencia de un arreglo previo entre la Lava Jato y al menos parte de las fuerzas del viejo régimen para forzar la renuncia de Temer. Ese carácter aventurero abre una crisis aguda que no se sabe cómo va cerrar, estableciendo la ingobernabilidad del actual mandatario sin que haya una alternativa de gobierno, recrudeciendo los componentes pre revolucionarios de la coyuntura.

Como la constitución brasilera prevé que en los dos últimos años de mandato la vacancia del cargo de presidente y de vice se resuelve por elección indirecta en el Congreso de fórmulas presentadas por los partidos dentro de 30 días (cuyos candidatos no tienen que ser necesariamente diputados o senadores), el PSDB y el DEM, en discusión con sectores del PMDB y la anuencia de los principales referentes del propio PT (a pesar de en el discurso público en defensas de elecciones directas), intentan por todas las vías encontrar un nombre que pueda suceder a Temer a través de elecciones indirectas en el Congreso, obligándolo a renunciar a partir del desembarque unificado de la mayoría de la base aliada del gobierno o forzándola con la ayuda del “Partido Judicial”.

Aunque el día 6 de junio el Tribunal Superior Electoral falla sobre una acusación de financiamiento ilegal de la lista Dilma-Temer que concurrió a las elecciones de 2014, pudiendo decretar la cancelación del resultado de esas elecciones y debilitar aún más el gobierno, Temer articula formas jurídicas para atrasar la resolución definitiva del fallo. A pesar de los más de 10 pedidos de impeachment parlamentario presentados en la cámara, los aliados de Temer traban su tramitación, a la vez que existe un amplio sentido común de que los meses exigidos para concluir esa salida son demasiado costosos para el nivel de crisis política y económica que atraviesa el país.

Además de su deseo de no ir preso, la inexistencia de un nombre alternativo que congregue un mínimo de consenso y tenga musculatura para continuar las reformas es el punto de apoyo central que todavía tiene Temer para mantenerse en el cargo, ligado a los intereses comunes de otras fuerzas del “viejo régimen” de auto preservarse de la Lava Jato. Sobre todo teniendo la agenda de reformas enfrentada con un creciente movimiento de masas por un lado y el fortalecimiento de fuerzas de extrema derecha por otro.

Ante a la manifestación de sindicatos y movimientos sociales en Brasilia el 24 de mayo pidiendo su renuncia y la anulación de las reformas, y ante a las articulaciones en busca de su sucesor, Temer convocó a las Fuerzas Armadas para intentar mostrar una señal de fuerza. Sin embargo, esa arriesgada medida terminó teniendo el efecto contrario, obligándolo a retroceder el día siguiente y alentando una politización incipiente de las Fuerzas Armadas, que incluyó la abierta participación de comandantes en las articulaciones para dar una salida a la crisis.

Frente a ese recrudecimiento de las disputas entre los distintos sectores dominantes, el principal componente que impide el desarrollo de las tendencias revolucionarias en medio a la crisis es el control que el PT todavía ejerce sobre los sindicatos y movimientos sociales, bloqueando las tendencias espontáneas del movimiento de masas. Esa es la gran traba que los trabajadores deben superar para que se desarrollen acciones históricas independientes del movimiento obrero y de los explotados, configurando una situación pre revolucionaria o revolucionaria más abierta.

Reflexionando sobre los cambios psicológicos que se operan en la apertura de una situación revolucionaria en Inglaterra, Trotsky destacaba: “a) Que el proletariado debe perder su confianza no sólo en los conservadores y en los liberales sino también en el Partido Laborista. Tiene que concentrar su voluntad y su coraje en los objetivos y métodos revolucionarios. b) Que la clase media debe perder su confianza en la gran burguesía, en los lores, y volver los ojos hacia el proletariado revolucionario. c) Que las clases poseedoras, las camarillas gobernantes, rechazadas por las masas, pierden su confianza en sí mismas”. (“¿Qué es una situación revolucionaria?”, 1931).

Lenin, a su vez, a la vez que destaca la necesidad de un “agravamiento, superior al habitual de la miseria y las penalidades de la miseria de las clases oprimidas” y de “una acción histórica independiente” de las masas para la maduración de una situación revolucionaria, da una gran importancia a “la imposibilidad para las clases dominantes de mantener su dominio en forma inmutable; tal o cual crisis “en las alturas”, una crisis política en la clase dominante, que abre una grieta por la que irrumpen el descontento y la indignación de las clases oprimidas. Para que estalle la revolución no basta que los de abajo no quieran vivir como antes sino que hace falta también que los de arriba no puedan vivir como hasta entonces”. (“La bancarrota de la 2º Internacional”).

Si por un lado la “crisis en las alturas” es el factor más desarrollado de la actual coyuntura y el control que el PT todavía ejerce el movimiento obrero factor determinante de contención de las tendencias revolucionarias, otro factor a analizar es la relativa pasividad de las clases medias ante al recrudecimiento de la crisis. Aunque se perciba un empeoramiento cualitativo de sus condiciones de vida, su empobrecimiento todavía no llega a niveles agobiantes como el que vivió Argentina en 2001, alcanzando niveles de 20/25 % de desocupación, cuando las mismas salieron a golpear la puerta de los bancos reclamando sus ahorros confiscados. Por detrás de esas jugadas palaciegas, las clases medias que derribaron a Dilma, a pesar de su descontento con Temer y en particular con los efectos de reforma jubilatoria en sus propias filas, no salieron a las calles porque temen que un agravamiento de la inestabilidad política del país pueda empeorar aún más las condiciones económicas y terminar con el retorno de Lula. A su vez, las bases sociales más amplias del PT, aunque quieran la cabeza de Temer, como mínimo perciben el olor a podrido de una movilización que sirve a los intereses de la Rede Globo y la Lava Jato. Esa relativa pasividad de las clases medias ante la crisis es lo que todavía da margen de maniobra al régimen para buscar un gobierno mínimamente estable – que pueda intentar retomar con alguna legitimidad la agenda de reformas y ajustes – y hacer retroceder la “escalada hacia los extremos” que prima en la coyuntura, cerrando su carácter pre revolucionario.

Sin embargo, en un país que vivió jornadas espontáneas como las de junio de 2013, incontables manifestaciones de derecha e izquierda con cientos de miles en las calles de todo el país en los últimos años y dos paros nacionales en 2017, está planteada también la posibilidad de que las clases medias se dividan y se radicalicen, y que tanto el movimiento obrero como las bases fascistas de Bolsonaro hagan pesar en mayor medida su impronta en el escenario nacional.

4) Huelga general para echar a Temer e imponer una Asamblea Constituyente que anule las reformas y haga que los capitalistas paguen por la crisis.

A pesar de que los paros nacionales del 15 de marzo y del 28 de abril hayan extendido a amplias masas el sentimiento de que con la fuerza de la movilización independiente es posible frenar los ataques, el PT y la CUT y demás centrales sindicales pasaron un mes negándose a convocar un nuevo paro nacional. Se restringieron a organizar la marcha a Brasilia, a sabiendas de que por más grande que sea, no tiene la fuerza necesaria para derribar a Temer y el Congreso corrupto y ajustador. Recién 10 días después de escalada la crisis con el intento de golpe dentro del golpe, ahora las centrales convocaron a un nuevo paro nacional para la última semana de junio. Sin embargo, como hicieron en la preparación de los paros anteriores, si depende de las direcciones sindicales y del PT, ese no va ser un paro activo organizado desde las bases sino uno controlado para que no se despliegue la espontaneidad y la combatividad obrera. Se negarán a preparar desde las asambleas de base una huelga general con piquetes masivos en los servicios estratégicos y concentraciones industriales más importantes, superando lo que fue el 28A. Se negarán a preparar una huelga general política que se sostenga con comités de autodefensa hasta que caiga Temer o el gobierno golpista que lo suceda y se anulen definitivamente todas las reformas. Ese sería el único camino capaz de ganar las capas más bajas de las clases medias para una salida independiente de la Lava Jato y los demás partidos del “viejo régimen”.

Ante a la crisis abierta con el intento de golpe de la Lava Jato contra Temer, Lula, Dilma y los gobernadores del PT, buscan canales de diálogo con Fernando Henrique Cardozo y el PSDB para arreglar algún pacto de elección indirecta, así como Lula a comienzo de año ya había alentado el apoyo de la bancada del PT al candidato del gobierno golpista para presidir el Congreso. Entran así en reaccionarias negociaciones de gobernabilidad a espaldas del pueblo, renegando hasta el derecho democrático más elemental del sufragio universal. La combinación entre esa actitud de la cúpula del PT – coherente con los años de gobierno petista – y la estrategia de la CUT – convocando medidas burocráticamente controladas para negociar la “reforma posible” – explícita como las Directas Ya y la lucha contra las reformas, para los petistas no son un plan de lucha serio sino parte de su campaña electoral para 2018 o una alternativa a arreglar con los viejos partidos del régimen en caso de que un nuevo gobierno por elecciones indirectas eventualmente fracase también.

El PSOL se ha proyectado como oposición parlamentaria al gobierno del PT y luego al gobierno de los golpistas, contando con el capital político de más de un millón de votos recibidos por Freixo en las últimas elecciones en Rio de Janeiro. Sin embargo, al defender las Directas Ya y no poner su fuerza parlamentaria al servicio de la preparación de una huelga general que pueda realmente echar a Temer y anular las reformas, enfrentando los obstáculos que el PT y la CUT ponen en ese camino, está mostrando sus límites para afirmarse como una alternativa independiente del “viejo régimen” en crisis. La política de impeachment que el PSOL ha defendido en el parlamento junto a Rede de Marina Silva, alimenta la confianza en que la crisis puede resolverse en los marcos del Congreso golpista y no por la acción de las masas con sus métodos independientes de lucha.

Por el contrario, una política revolucionaria consecuente exige pelear para que emerjan comités de base de lucha contra las reformas en los locales de trabajo y de estudio, impulsando la autoorganización para que miles de trabajadores y jóvenes puedan tomar la lucha en sus propias manos y preparar piquetes y comités de autodefensa para que la huelga pueda triunfar. Demanda participar de los actos convocados por la Frente Pueblo Sin Miedo (CUT, sindicatos, movimientos sin techo y sin tierra) contra las reformas y por el “Fuera Temer”, pero como un ala que defiende una política consecuente para el desarrollo de la movilización independiente de las masas. Denunciando las maniobras del PT y de la CUT que pasan a segundo plano el eje de lucha contra las reformas y desmoralizan la movilización con acciones parciales, dispersas y mal preparadas y sin poner los métodos de la clase trabajadora en el centro de la pelea. Alertando que las elecciones directas (a todos los cargos y más aún solo a presidente como gran parte defiende) pueden servir solamente para cambiar el actual personal político por otro más legítimo para implementar los ataques. Y defendiendo la lucha por una nueva Constituyente que anule todas las reformas ya hechas y en curso, ataque la raíz de la corrupción y ponga en el centro las demandas obreras y populares, con un programa para que la crisis la paguen los capitalistas.

A nuestra modesta escala, esa es la pelea que el Movimiento Revolucionario de Trabajadores (MRT, organización de la Fracción Trotskista por la Cuarta Internacional en Brasil) ha dado desde el Sindicato de los Trabajadores de la Universidad de San Pablo, la oposición de los docentes en distintas capitales, la oposición del Subte de São Paulo, los choferes de Porto Alegre y algunas de las principales universidades del país; llegando a cientos de miles de lectores a través de Esquerda Diário y bregando desde la central sindical opositora Conlutas para construir un polo alternativo a la burocracia en el movimiento sindical. Lo hacemos explicando que esta lucha permitirá que los trabajadores y el pueblo pobre hagan la experiencia con los mecanismos de la democracia para ricos y asuman la necesidad de luchar por un gobierno de los trabajadores en ruptura con el capitalismo.

5) El carácter histórico de la crisis abierta en Brasil y la lucha por la construcción de un partido revolucionario.

En Brasil se juegan embates decisivos del intento de transformar los avances superestructurales que la derecha tuvo en el Sudamérica como subproducto de la crisis económica mundial y el desgaste de los gobiernos pos neoliberales en una relación de fuerzas sociales más a la derecha a partir de descargar sobre las espaldas de las masas los costos de la recesión.

El escenario continental tiene puntos de contacto con el que se abrió ante al declive de los gobiernos llamados “populistas” (en el lenguaje marxista, “bonapartistas sui generis”) en los años 50, que por la fuerza ofensiva de penetración del capital imperialista dio origen a gobiernos bonapartistas de izquierda y de derecha combinados con procesos ascenso y retroceso del movimiento de masas. Trotsky definía que “En los países industrialmente atrasados el capital extranjero juega un rol decisivo. De ahí la relativa debilidad de la burguesía nacional en relación al proletariado nacional. Esto crea condiciones especiales de poder estatal. El gobierno oscila entre el capital extranjero y el nacional, entre la relativamente débil burguesía nacional y el relativamente poderoso proletariado. Esto le da al gobierno un carácter bonapartista sui generis, de índole particular. Se eleva, por así decirlo, por encima de las clases. En realidad, puede gobernar o bien convirtiéndose en instrumento del capital extranjero y sometiendo al proletariado con las cadenas de una dictadura policial, o maniobrando con el proletariado, llegando incluso a hacerle concesiones, ganando de este modo la posibilidad de disponer de cierta libertad en relación a los capitalistas extranjeros”. (L. Trotsky, “La industria nacionalizada y la administración obrera”, 1939). En Latinoamérica de los años 50 y 60 las crisis de esos tipos de gobiernos duró de 10 a 20 años dependiendo del país y que solamente pudo derrotar el movimiento de masas decisivamente con la implementación de dictaduras militares.

La “crisis orgánica” que atraviesa Brasil desde el fin del ciclo de crecimiento lulista y las jornadas de junio de 2013 no podrá resolverse mientras no surja un gobierno que aliente aspiraciones pasibles de ser cumplidas por una nueva dinámica económica ascendiente capaz de superar los 8% de PIB negativos y retroceder cualitativamente de los 15 millones de desempleados. La crisis económica mundial ubica ese escenario como algo difícil de darse en varios años. Sea por una larga recesión o por un empeoramiento del escenario depresivo, lo más probable es que todavía estemos en los preludios de los embates decisivos entre los distintos sectores dominantes y de estos contra el movimiento de masas hasta que se pueda recomponer un nuevo padrón de acumulación capitalista. Más allá de los resultados de los embates inmediatos, brechas se cerrarán y volverán a abrirse para que el movimiento obrero se radicalice y protagonice un ascenso revolucionario, sea ante a nuevos gobiernos de derecha o de centroizquierda.

Aunque somos conscientes de la poca fuerza que tienen los revolucionarios para intervenir decisivamente en la crisis actual, confiamos en que el impulso de la autoorganización a través de los comités de base de lucha en contra las reformas, en la medida que se ligue a procesos de politización y radicalización de sectores de masas, puede permitir saltos en la construcción de un partido revolucionario que saque las conclusiones de la experiencia con el PT y haga valer la fuerza de la movilización independiente de la clase trabajadora en la lucha contra la subordinación al imperialismo. Para expresar esa lucha en el terreno político hemos pedido la entrada al PSOL como tendencia, planteando pelear por la orientación del partido que hoy aparece como la alternativa más visible a la izquierda del PT.

Todos las demás organizaciones que se reivindican clasistas y anticapitalistas en el país, desde las que se ubicaron como quinta rueda del golpismo de la Lava Jato (MES de Luciana Genro) o con la política de “Fuera Todos” (PSTU) hasta las que se opusieron al golpe sin una política consecuentemente independiente del PT (las demás tendencias internas del PSOL), e incluso las que se ubicaron críticamente frente a la Lava Jato y contra el golpe más delimitadas al PT (como el MAIS, NOS e Insurgencia) hoy están todas defendiendo en común a las elecciones directas como política concreta ante a la crisis del PT. Eso en el momento donde la clave sería que la izquierda independiente del PT hiciera una enorme agitación de masas unificada para denunciar la política burocrática y conciliadora de la CUT exigiendo una huelga general hasta que caiga Temer y las reformas bien como impulsar la autoorganización desde las bases, de forma que se pueda constituir en medio a la lucha una alternativa a la burocracia cutista que sea visible para sectores de masas. Desde el MRT llamamos a todos esos sectores a construir un polo común para dar esa pelea no solo en los lugares de trabajo y estudio sino también en el llamado al PSOL para que ponga su fuerza parlamentaria al servicio proyectar esa voz nacionalmente.

Es desde ese punto de vista que los revolucionarios debemos encarar la pelea por una orientación justa para intervenir en la crisis actual y la tarea estratégica de construcción de un partido revolucionario. Impulsamos la lucha por una nueva Constituyente impuesta con la fuerza de la movilización para dialogar con las ilusiones de las masas en el sufragio universal, bregando para que a partir de una experiencia más profunda con la democracia burguesa se pueda ganar la mayoría de la población para poner de pie un gobierno de los trabajadores de ruptura con el capitalismo basado en organismos de democracia directa de las masas en lucha. No una Constituyente como la de 1988, pactada con los militares para contener las tendencias revolucionarias que enfrentaron la dictadura. Un proceso Constituyente que libere las fuerzas revolucionarias contra las medidas reaccionarias del bloque golpista y haga pesar los intereses más estructurales de la mayoría explorada y oprimida en la escena política nacional, poniendo a la orden del día la ruptura con el imperialismo, el no pago de la deuda pública a los banqueros, la combinación entre reforma agraria y expropiación del agronegocio y la nacionalización bajo administración de los trabajadores de los monopolios como Odebrecht y JBS-Friboi para ponerlos al servicio de las grandes mayorías explotadas y oprimidas.