El Senado de Brasil aprobó el martes 26 la Medida Provisoria (MP - Decreto) 665, que hace más riguroso el acceso a beneficios laborales, como el seguro de desempleo y el abono salarial.
Jueves 28 de mayo de 2015
Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
La medida, que generó fuertes polémicas por el impacto que tendrá sobre los trabajadores en un escenario de retracción económica y de aumento del desempleo, fue aprobada con 39 votos a favor y 32 en contra.
Una de las innovaciones propuestas por el gobierno, criticada por todos los sindicatos, establece que el trabajador que pierde su empleo por primera vez solamente recibirá el seguro de desempleo si hubiera cumplido por lo menos 12 meses de contrato y no 6, que era el plazo mínimo hasta ahora. Además, para tener acceso al seguro de desempleo los trabajadores tendrán la obligación de hacer cursos de perfeccionamiento profesional mientras se encuentren fuera del mercado de trabajo.
Estas propuestas fueron rechazadas por la oposición e incluso por algunos senadores del PT, pero aún así la base parlamentaria que apoya al gobierno logró imponer su mayoría, lo que no deja dudas sobre de la orientación política antiobrera de los aliados más cercanos del PT.
El senador Lindbergh Farias, uno de los petistas que se opuso a ese proyecto, explicó su posición como “un voto que expresa la insatisfacción de muchos brasileros con el rumbo que el país está tomando”. No obstante, estas medidas provisorias que agravan la situación laboral de millones de brasileros fueron presentadas como parte del ajuste fiscal por el propio gobierno de Dilma Rousseff y del PT, que organizó la base aliada del PP y del PDT para votar a favor de las medidas. Como dice el líder petista en la Cámara de Diputados, José Guimarães (PT-CE), “la orientación del partido es favorable al texto”.
Con la medida aprobada hoy y otras que siguen en trámite en el Congreso, el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff pretende fortalecer el ajuste fiscal, objetivo para lo cual ya anunció un corte de R$ 69,946 millones en el gasto público previsto para este año.
La sesión en el Senado transcurrió bajo las protestas de sindicalistas que se instalaron en las tribunas del plenario y silbaban a cada senador que se posicionaba a favor de la medida. El alboroto de los manifestantes llevó al presidente del Senado, Renan Calheiros, a suspender la sesión durante 15 minutos hasta que se restableció el orden en las tribunas.
Estas demostraciones de la “oposición” por parte de la burocracia sindical de la CUT y de la CTB (ligadas al PT y al PCdoB, respectivamente) se parecen a un barco que cuanto más vacío está, más barullo genera al golpearse contra las rocas. Fueron responsables junto a Lula y Dilma por triplicar la tercerización del trabajo, elevando de 4 a 12 millones el número de trabajadores precarizados y fueron centrales en la pasivización del descontento de los sectores mejor organizados de la clase trabajadora frente a estos ataques y en evitar una respuesta organizada democráticamente desde las bases. En la nota publicada por la CUT hacia la paralización del próximo 29/5 su presidente, Vagner Freitas, no menciona un plan de lucha contra estas Medidas Provisorias (decretos), ni siquiera que Dilma está al frente de su implementación.
El avance de la crisis económica en Brasil, los crecientes casos de corrupción y la enorme insatisfacción popular con el gobierno y los políticos en general, apuntan a un escenario de mayor lucha de clases en el país. Apuntan también a una profundización de la ruptura con el petismo, que puede dar lugar a fenómenos políticos y de reorganización en la izquierda. Frente a este escenario, más que nunca, es necesario construir una tercera fuerza de los trabajadores, para que no sean masa de maniobra de la oposición de derecha ni de la burocracia sindical oficialista.
Con la burocracia sindical, petista-cutista o de la oposición de derecha como Força Sindical, ninguna organización o medida de lucha política contra las MPs podrá ser coordinada. La paralización del día 29/5 debe unificar a los trabajadores contra estas medidas y sus agentes sindicales burocráticos, así como abrir a una gran campaña nacional para que estos senadores, diputados y altos funcionarios de los partidos políticos del régimen, que votan por la disminución de los derechos laborales, ganen el mismo salario que un profesor (y que los profesores ganen un salario equiparado a los niveles exigidos según el costo de la canasta familiar).
