SITUACIÓN POLÍTICA EN BRASIL. Brasil: el precario pacto de los tres poderes para sacar adelante la reforma jubilatoria

El pacto entre Bolsonaro, el presidente de Diputados y la Corte Suprema por la reforma previsional

Todos los días se ven las disputas entre los actores del régimen político, tanto en el poder Ejecutivo, Legislativo como Judicial, para imponerse unos sobre otros.

Entre quienes buscan conquistar súper poderes para Bolsonaro, erigiendo al Ejecutivo como institución preponderante sobre las demás, y los que buscan imponer límites y disciplinar a Bolsonaro. Entre los que defienden los vestigios del viejo “presidencialismo de coalición” y los que pretenden instituir un “presidencialismo de coerción” para terminar con lo que queda del régimen de 1988. Entre estas fuerzas, que responden a distintas fracciones de la clase dominante, hay divergencias políticas profundas sobre cuál es el mejor método para aplicar las reformas neoliberales que necesitan los capitalistas para que los trabajadores paguen el costo de la crisis.

En el artículo Crisis de Bolsonaro: ¿”bonapartismo imperial” o “bonapartismo institucional”?, Daniel Matos delinea estos bloques. En primer lugar, el “bonapartismo imperial” de Bolsonaro, que para subordinar a las demás instituciones del régimen utiliza la operación judicial Lava Jato y “las calles” como herramientas de disciplinamiento. Por otro lado el “bonapartismo institucional” busca ponerle freno al presidente. En este bloque se encuentran los golpistas de los viejos partidos tradicionales (hegemonizados por el partido DEM y con “centro de gravedad” en el Congreso) en acuerdo con la Corte Suprema, grandes medios de comunicación y parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas.

Es esencial entender estos cruces sin excesiva rigidez, ya que los actores de cada segmento se reagrupan en distintas esferas según las cuestiones concretas.

La vuelta de la lucha de clases a la escena política nacional agrega más incertidumbre. Hoy la juventud estudiantil es la vanguardia combativa contra Bolsonaro y mostró toda su fuerza en las protestas contra los recortes educativos el 30M y especialmente en el 15M.

No menos importante es el estado decadente de la economía. La caída de 2,2% del PBI en el primer trimestre del 2019, la primera desde el 2016, desmitifica la ilusión de que la llegada de Bolsonaro resolvería el problema económico. Al contrario, el desempleo galopa a tasas del 12,5%, o sea, 13,2 millones de personas, con casi 30 millones de subempleados. Mientras, los mercados y la prensa oficial transforman en sentido común para que a la reforma previsional le sigan por otros ajustes antipopulares, con la eventual combinación de estímulos monetarios para incentivar consumo. La idea de un recorte en la tasa de intereses ya puebla las editoriales. Algunos analistas concluyen que aquí reside el mayor peligro de Bolsonaro.

En este marco, las disputas tácticas no oscurecen el acuerdo estratégico que unifica a la burguesía: la aplicación de las reformas neoliberales contra los trabajadores.

Una de las principales novedades posteriores a las movilizaciones de la derecha bolsonarista el 26M es el intento de un pacto, precario e inestable, entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para hacer pasar la nefasta reforma previsional y los ataques neoliberales a las condiciones de vida de las masas y sus organizaciones, los sindicatos.

El 26M mostró que Bolsonaro mantiene capacidad de movilización, aunque menor que la deseada y mucho menor que las manifestaciones del 15M. La protesta evidenció los costos de haber roto la alianza con el bloque golpista como el Movimento Brasil Livre o Vem pra Rua, por lo que debió retroceder de las consignas “cierre de la Corte Suprema y del Congreso”, aun cuando estas instituciones igual fueron blanco en la manifestación. La jornada dejó en claro que Bolsonaro, aunque herido, tiene la fuerza suficiente para volver a la mesa de negociación.

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Con esta carta en las manos, Bolsonaro se bajó de su discurso agresivo contra el Legislativo y el Judicial, llegando incluso a culparse por la falta de articulación en Brasília en una entrevista luego del 26M. Además, aceptó la propuesta del presidente de la Corte Suprema, Dias Toffoli, para una tregua cuyo objetivo sería establecer el pacto por las reformas neoliberales. Bolsonaro, el presidente del Senado Davi Alcolumbre, el jefe de Diputados Rodrigo Maia y Dias Toffoli, se reunieron para discutir un pacto con metas, poniendo la aprobación de la reforma previsional en primer lugar. No sin la ayuda de Joice Hasselmann, diputada nacional del PSL paulista, que se convirtió en una de las principales piezas de articulación entre el bolsonarismo y los demás poderes.

El Poder Judicial -especialmente la Corte Suprema y la operación Lava Jato- fue un pilar del golpe institucional del 2016 y de las manipulaciones electorales que llevaron al triunfo de Bolsonaro en 2018. De ahí a esta parte, se transformó en el mayor defensor de los ataques a las condiciones de vida de las masas, con el notable papel de Dias Toffoli. El presidente de la Corte Suprema se transformó en aliado de honor de Bolsonaro y su ministro de Hacienda, Paulo Guedes, en la odisea de destruir las jubilaciones de millones de trabajadores y de atacar sus organizaciones sindicales. Sin mencionar que la Corte Suprema comenzó la presión por la infernal reforma laboral incluso antes que el gobierno de Michel Temer la aprobase en 2017, completando ese trabajo sucio con la aprobación de la tercerización irrestricta del trabajo. La prisión arbitraria de Lula y su remoción autoritaria de las elecciones reunió en un solo “cuerpo de trabajo” a la Corte Suprema, el Tribunal Superior Electoral y la operación Lava Jato, configurando un autoritarismo de la toga que se ganó la tutela de la alta cúpula de las Fuerzas Armadas. Es imposible pelear contra las reformas de Bolsonaro sin la más completa independencia de clase frente al Poder Judicial.

El carácter precario e inestable del pacto

Tan importante como ver la arquitectura de este pacto es identificar su carácter precario, una visión con la que algunos analistas acuerdan. El poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no se ponen de acuerdo sobre los rumbos a darle a esta transición entre el viejo régimen del 88 que no desapareció y el nuevo régimen político cuyos contornos todavía están indefinidos.

Nadie renuncia a la disputa por la preeminencia de sus propios intereses. Hay una enorme desconfianza mutua, lo que impide que se alcance una “paz entre poderes”. Esto es un claro reflejo de la división entre sectores de la clase dominante. Algunos sectores, como la cámara industrial de San Pablo (FIESP), consideran que la mejor forma de aplicar duros ajustes en el contexto de la crisis mundial es sobre los fundamentos del presidencialismo de coalición inscriptos en la Constituyente del 88, que le da mucho peso al Congreso. Otros sectores, como los empresarios agrupados en Brasil200, consideran que bajo los fundamentos de la Carta del 88 y de la democracia liberal representativa, es imposible navegar los ajustes que se necesitan.

Los ejemplos de las disputas son incontables. Especialmente duras entre el Ejecutivo y Diputados en particular y el Poder Legislativo en general. Bolsonaro se siente fortalecido por estar menos aislado, y retomó en el Club Naval su retórica ofensiva contra Rodrigo Maia, anunciando que tiene mucho más poder que el jefe de la Cámara. “Si puedo revocar leyes, ¿por qué no puedo revocar decretos? Una birome Bic resuelve el problema”, amenazó Bolsonaro. Pero Maia puede causarle muchos problemas: según un relevamiento en base a datos de la Cámara de Diputados, Bolsonaro editó 14 medidas provisorias (decretos de vigencia inmediata a refrendar por el parlamento), ocho proyectos de ley, una enmienda constitucional (la de la reforma previsional) y cuatro proposiciones de otros tipos. De estas, solo la medida provisoria de reforma ministerial fue aprobada en las dos cámaras, mientras las demás se encuentran frenadas en Diputados.

Además, según el diario Folha de S.Paulo, la reunión convocada por Davi Alcolumbre con casi 20 senadores de todo el espectro político llegó al consenso que “el impase del régimen” sigue instalado, que la crisis tendrá nuevos capítulos y el clima entre los actores no da señales de mejora.

Incluso entre las dos cámaras del Congreso, las disputas están a la orden del día. Una muestra de ello es que los senadores exigieron de Davi Alcolumbre que no ceda a las presiones ni de Bolsonaro, como cuando se aprobó la reforma ministerial, ni de Diputados, que estaría “desprestigiando al Senado”.

El autoritarismo judicial también se dividió. Un ala conducida por Sérgio Moro, que busca transformar la operación Lava Jato en una estructura nacional que conecte jueces, fiscales, policías, militares y órganos de inteligencia, con el objetivo de alcanzar súper poderes propios. Otra, dirigida por un segmento mayoritario en la Corte Suprema, que busca resistir este intento, incluso siendo la Corte Suprema parte esencial del golpe institucional. Con este entramado interno, la justicia parece alinearse externamente en forma provisoria a la política de presión del Legislativo para acelerar el trámite de las reformas.

Moro hace gala de lealtad al bolsonarismo pero posee un proyecto propio: la Lava Jato defiende los intereses del imperialismo, especialmente el estadounidense, aunque este no tenga una posición única sobre cómo actuar en Latinoamérica en general, y en Brasil en particular. Basta ver la relación entre Moro e instituciones imperialistas como la CIA y el FBI, que están enfrentadas con el trumpismo y sus métodos.

Los militares, que tampoco son homogéneos entre sí, sintieron la necesidad de cerrar filas en el reciente cruce con el gurú de Bolsonaro, Olavo de Carvalho. En la desconfianza común ante el presidente, la alta cúpula de las Fuerzas Armadas comparte el objetivo de disciplinar a Bolsonaro bajo su tutela, con una política más pragmática en la economía y en las relaciones internacionales. La subordinación al imperialismo estadounidense, una política de Estado desde la Segunda Guerra Mundial, no quiere decir adhesión al trumpismo, y la tarea fundamental a la que Mourão dedicó su último viaje a Beijing es la profundización de las relaciones con China.

Es como si cada uno tuviese la certeza de que su fórmula es la única eficaz para sacar el país de la crisis orgánica en la que está. Antonio Gramsci, que usa la categoría de “crisis orgánica” para referirse a la crisis de autoridad estatal de la burguesía y de sus partidos tradicionales, hacía una reflexión sobre los efectos del debilitamiento del ejercicio “normal” de la hegemonía en el parlamento. Decía en el Cuaderno 13 § 37 de Notas sobre la vida nacional francesa:

“Cada fracción de partido cree tener la receta infalible para detener el debilitamiento de todo el partido y recurre a cualquier medio en su afán de lograr su dirección o al menos de participar en ella, así como en el Parlamento el partido cree ser el único que debe formar el gobierno para salvar al país, o pretende al menos, para dar su apoyo al gobierno, participar lo más ampliamente posible [...] Que los interesadas en que la crisis se resuelva desde su punto de vista, finjan creer y proclamen a grandes voces que se trata de la ‘corrupción’ y de la ‘disolución’ de una serie de ‘principios’ (inmortales o no), esto podría también justificarse”.
Extendiendo este pensamiento más allá del Parlamento, hacia el ámbito de las relaciones entre todas las instituciones del régimen burgués, en el caso brasileño es visible que las “salidas providenciales” emanan por todos los poros de los mismos poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que se encuentran en el umbral del precario pacto por la reforma previsional. En esa delicada situación, el terreno es harto para nuevas precipitaciones de crisis políticas.

¿Cómo combatir ese pacto?

El 30M refrendó la fuerza que se vió el 15M: centenares de miles en todo el país mostraron que hay fuerzas para derrotar los ataques del gobierno y el pacto por las reformas neoliberales entre Bolsonaro, Maia y la Corte Suprema. Habría sido aún mayor si no fuese la política divisionista de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE, dirigida por el PCdoB) y de las centrales sindicales, en primer lugar de la CUT y la CTB (dirigidas por el PT y el PCdoB respectivamente).

La juventud estudiantil es la vanguardia de la lucha de clases en el país. Hay que pelear para que la huelga general convocada por las centrales sindicales para el 14J galvanice esa fuerza y transmita su energía hacia las fábricas, los servicios de transporte, las universidades, para que junto a los trabajadores haya una demostración de fuerzas contundente contra la reforma previsional, exigiendo asambleas de base a los sindicatos para que los trabajadores puedan tomar esa jornada en sus manos.

Cabe, sin embargo, la pregunta: con semejante fuerza en las calles, ¿por qué las direcciones sindicales, así como la UNE, siguen negociando el futuro de los trabajadores con sus enemigos?

La UGT, que dirige a los choferes de larga distancia en varias capitales, apoya la reforma previsional de Bolsonaro. Força Sindical, a través de su líder el diputado nacional Paulinho, confesó el 1° de mayo que pretendía solo “deshidratar” la reforma bolsonarista, porque “no había fuerza en las calles” para derrotar la reforma. Una mentira evidente, como lo mostraron las movilizaciones de mayo.

Mientras la burocracia sindical neoliberal de la UGT y Força Sindical directamente apoyan la reforma de Bolsonaro o pretenden solo “vaciarla”, el PT y el PCdoB se declaran contrarios, pero los gobernadores del PT en la región Nordeste firmaron un manifiesto a favor de una reforma previsional propia, y al mismo tiempo atacan a los que lucha por la educación, descontando los días parados a los huelguistas, como hizo el PT en Bahía y en Piauí. El PCdoB, que gobierna el estado de Maranhão, además de firmar el mismo manifiesto negocia con su histórico aliado, Rodrigo Maia. ¿Qué decir de figuras como Tábata Amaral del PDT de Ciro Gomes? No solo quiere aprobar su versión de la reforma previsional, luego de reuniones con Maia y Guedes, sino que dice que “hay facultades y universidades a las que se puede recortar más que otras”.

Están negociando descaradamente la reforma previsional a espaldas de los trabajadores y jóvenes, que muestran en las calles que no van a aceptar los ataques del gobierno. Las centrales tienen que romper esa negociación con los enemigos y organizar en las bases la más contundente demostración de fuerzas contra la reforma previsional el 14J. Para eso, los jóvenes y trabajadores tienen planteado tomar la huelga general en sus manos.

Hay que unir la fuerza de la juventud y los trabajadores contra la reforma previsional y el pacto por los ajustes neoliberales de Bolsonaro, el “gran centro” del parlamento y la Corte Suprema. Las centrales sindicales tienen que convocar a asambleas y reuniones para que los trabajadores entren en escena, con la juventud a su lado y tome sus luchas en las manos. Basta de que negocien el futuro de los trabajadores y jóvenes con los enemigos, como hacen las burocracias sindicales y estudiantiles.

El PSOL impulsa un frente parlamentario con partidos burgueses dispuestos a apoyar una reforma previsional, como el PDT y Rede, cubriendo con un discurso de izquierda la política de la UNE y de las centrales. Los compañeros que componen la Oposición de Izquierda de la UNE tienen planteado constituir junto a los revolucionarios la batalla por la unificación de las luchas, con una propuesta concreta:

Que el PSOL, Boulos y sus parlamentarios convoquen a la juventud, que mostró su fuerza el 15M y el 30M, a ir a las puertas de las fábricas, escuelas, subterráneos y lugares de trabajo para unificar con los trabajadores, imponiéndole a la burocracia sindical una fuerte huelga general para derrotar los ataques a la educación y el pacto de Bolsonaro, el “gran centro” parlamentario y la Corte Suprema por la reforma previsional.

Los trabajadores clasistas del movimiento Nossa Classe junto con los jóvenes de la agrupación Faísca, que batallan contra la línea divisionista de la dirección mayoritaria de la UNE, están poniendo sus fuerzas para llevar estas propuestas y ponerlas a consideración de los trabajadores de estructuras clave de la producción y circulación.

La respuesta ante la crisis exige un programa anticapitalista y antiimperialista, comenzando por el no pago de la deuda pública ilegal, ilegítima y fraudulenta, que es un verdadero mecanismo de sumisión del país a los especuladores financieros, un sistema de saqueo contra el pueblo brasileño.