La Izquierda Diario dialogó con Myriam Bregman, referente del CeProDH y candidata a jefa de Gobierno porteño por el FIT.
Viernes 24 de abril de 2015
Como denunciamos anteriormente en La Izquierda Diario, más de la mitad de los altos mandos de la Policía Metropolitana proviene de la dictadura. Esa es la cifra que reconoció oficialmente el Gobierno de la Ciudad. Pero las autoridades no dieron a conocer sus nombres para que los familiares y organismos de derechos humanos, así como el conjunto de la sociedad pudiéramos saber qué hicieron y en qué centro clandestino cumplieron funciones.
Myriam Bregman, referente del CeProDH y candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el FIT, señala que "de quien sí se conocen sus antecedentes es el comisario mayor Ricardo Ferrón, no porque el macrismo los haya divulgado sino por una denuncia realizada por el legislador Marcelo Parrilli, quien dio a conocer su prontuario al reconocerlo, en el año 2010, momento en que Ferrón ingresaba a la fuerza". "Ferrón, comisario de la Metropolitana viene de la dictadura, comanda represiones y goza de impunidad".
Como ha sucedido con la mayoría de los genocidas, fueron las víctimas y los sobrevivientes los que aportaron los datos. Ningún gobierno constitucional colaboró en develar los nombres de los que siguen en funciones. El actual comisario Ferrón, especializado en inteligencia desde 1976 es parte del Informe de la Comisión Nacional sobre las Desapariciones de Personas (CONADEP) capítulo 3 del legajo 7418. Allí se describe la detención de militantes del CELS, en un operativo ocurrido el 27 de febrero de 1981 como represalia por una denuncia que presentó este organismo en París sobre el terrorismo de Estado. La detención de los militantes tuvo una gran repercusión nacional e internacional.
Bregman comenta que "ante esta denuncia, la respuesta verbal del PRO fue decir que ’esto no puede ser una caza de brujas’ argumentando que este policía fue condecorado y ascendido en democracia. El mensaje político de Macri está claro y fue ponerlo al frente de todas las represiones salvajes llevadas adelante contra los trabajadores y sectores populares de la ciudad".
En la represión conjunta que llevaron adelante el Gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad en Parque Indoamericano, Ferrón cumplió un rol central. El grupo especial de elite de la fuerza, la División Especial de Operaciones Especiales (DOEM), estuvo comandado por él e integrado por personal de la División de Intervenciones Complejas (DIC). "Intervenciones complejas" significa, para el macrismo, el desalojo brutal e inhumano de cientos de familias que en ese momento ocupaban el predio en busca de un techo para vivir. Junto con la Policía Federal fueron los responsables del asesinato de tres personas, causa en la que están imputados 41 policías de la PF y PM, incluido el mismo Ferrón.
Estos datos vuelven a confirmar que no es casualidad que la Metropolitana, como otras fuerzas represivas, esté integrada por represores de la dictadura, personal de las FF.AA. agentes de inteligencia y policías exonerados. Son fuerzas de choque contra los trabajadores y sectores populares. El kirchnerismo también tiene, en las fuerzas represivas que dependen de ellos, miles de represores que vienen de la dictadura. Por eso no enfrenta esta política y actúan conjuntamente, así fue además del Indoamericano, en la Sala Alberdi y el asentamiento Papa Francisco.
Los imputados por el Indoamericano reprimieron en el Borda
Los responsables de los asesinatos en el Indoamericano fueron premiados por el macrismo, quedando al frente de futuras operaciones. Evidentemente, en el PRO aprecian y reivindican la "experiencia" del represor Ricardo Ferrón y de todos los que llevaron adelante esa matanza.
Bregman nos dice: "entre los nombres de los policías imputados por los hechos del Indoamericano, que actuaron reprimiendo, golpeando, hiriendo a trabajadores y pacientes figuran el comisionado mayor Ricardo Ferrón, los oficiales mayores Hernán Giulidori, Gabriel Candavide, Francisco Reynoso, Sergio Villagra, Diego José Guevara, Gabriel Heriberto Pereyra de la Rosa, el comisionado mayor Osvaldo Oscar Masulli y el inspector Diego Castillo. Varios de ellos participaron en otras represiones, como la de la Sala Alberdi, la de la villa 31. Ferrón siempre presente".
El operativo en el Hospital Borda tuvo como único objetivo demoler el edificio donde funcionaba uno de los talleres protegidos utilizado por los pacientes, con el fin de disponer de ese espacio para los negocios inmobiliarios millonarios de Macri. Le quitaron parte del lugar a un hospital neuropsiquiátrico para defender estos negociados. Eso explica que hayan desplegado una fuerza descomunal con cientos de efectivos armados instalados en el predio del hospital. Ante la oposición de los trabajadores y los mismos pacientes llevaron adelante una represión con balas de goma, bastones, incluso con gas pimienta como denunciamos junto al CELS. Se registraron disparos de cartuchos de escopeta calibre 12/70 con munición AT (Antitumultos) con decenas de heridos, algunos de gravedad, y detenidos que los mantuvieron incomunicados por horas. Semejante atrocidad, que tuvo como respuesta una marcha masiva de repudio, fue justificada por el ministro Montenegro aduciendo que “actuaron en defensa propia".
Bregman prosigue "se trata de una nueva legitimidad de la impunidad que se les otorga a estas fuerzas, que están disponibles para todos los operativos. A casi dos años de esa represión contra pacientes, profesionales y trabajadores de la salud pública, hay seis trabajadores procesados y próximos a ir a juicio oral y solamente un policía imputado, el comisionado de la Policía Metropolitana, Martín Roth por el delito de lesiones leves pero los responsables políticos que dieron las ordenes en este desalojo continúan impunes". Y nos comenta: “este 28 de abril se realizará un acto de los trabajadores del Borda junto a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas donde se exigirá terminar con la impunidad de estos policías, comenzando por el comisario Ferrón, reclamando que sea juzgado por su actuación desde la dictadura a esta parte. También exigiremos el desprocesamiento inmediato de los trabajadores”.
Bregman concluye "la política del PRO es mantenerles su impunidad contando con un equipo efectivo con "experiencia", para afrontar "situaciones conflictivas", cuando los trabajadores y los sectores populares reclaman por sus derechos más elementales, el derecho a la vivienda a la salud, a la educación". Para Mauricio Macri y el PRO estos derechos son absolutamente contrarios a sus objetivos de una Ciudad y de una Argentina para los ricos y los grandes empresarios.
