Actualidad. Brian, Luciano Arruga y la maldita Policía

La foto de Braian, un pibe de Moreno que fue fiscal de mesa en las elecciones presidenciales, se hizo viral. Su imagen recorrió las redes y llegó a las noticias al ser víctima de discriminación por parte de trolls macristas y derechistas por su gorra y su forma de vestir. Lo que comúnmente se llama “portación de cara”, y es una de las expresiones que tiene la profunda estigmatización a los pibes de los barrios humildes.

Lejos de estar presente sólo en el ámbito de las redes sociales, las palabras, la cultura, tienen consecuencias tan graves como el poder de la Policía para matar a quien le suene “sospechoso”. Básicamente ser pobre, ser joven, o la “portación de cara” son justificativo para el acoso constante y el gatillo fácil, la sentencia de muerte.

El gobierno de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich a la cabeza, se encargó de hacer doctrina la costumbre de matar, utilizando el caso Chocobar para premiar a los oficiales de Policía que disparen a matar, incluso sosteniendo la reivindicación del “héroe” como lo llamaron, luego de quedar acusado por el delito de “homicidio por exceso en el cumplimiento del deber”.

Doble discurso recargado

Sin embargo, la apología de la licencia para matar con la que cuentan las fuerzas represivas no es nueva ni exclusiva de Macri y Bullrich, sino que se dio bajo todos los gobiernos que vinieron después de la dictadura.

Inclusive bajo kirchnerismo, aunque tuviera un doble discurso de hacer bandera de los derechos humanos, CORREPI denuncia que hubo 994 muertos por el aparato represivo del estado durante el Gobierno de Néstor Kirchner y 2664 bajo los de Cristina Fernández.

Ahora Alberto Fernández le dijo Brian: “Esto que te pasó es producto de una política que a vos te hace peligroso y al policía que mata por la espalda lo hace un héroe”. Pero al mismo tiempo Fernández se rodea de defensores de la militarización de los barrios, la mano dura y la baja de edad de imputabilidad, todas políticas que envalentonan a la Policía en la persecución a los pibes, llegando al asesinato. ¿Se viene el doble discurso en la era Fernández-Fernández?

El prontuario del PJ ahora dentro del Frente de Todos

La masacre de cuatro pibes en San Miguel del Monte fue bajo la responsabilidad política de la intendenta Sandra Mayol: pertenece al Frente Renovador de Sergio Massa, ahora parte de la alianza del Frente de Todos.

Massa, uno de los grandes aliados de Macri para pasar leyes de ajuste, muy probablemente futuro Presidente de la Cámara de Diputados electo por el Frente de Todos, tiene una larga trayectoria como militante de la mano dura y la represión.

Su campaña electoral en el 2015 no sólo se basaba en la criminalización a los pibes, proponiendo la baja de edad de imputabilidad a 14 años, más aún de lo que se animó a decir el macrismo, sino en la propuesta abierta de militarización del conurbano bonaerese. En su spot decía: “Quiero una ley de seguridad ampliada, para que las fuerzas armadas, Ejército Fuerza Aérea y Marina, puedan atacar y bloquear la frontera, pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes”.

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En el 2009 la desaparición de Luciano Arruga le puso rostro y responsables a una política extendida: la Policía organiza a los pibes de los barrios para robar, y cuando no lo hacen, vienen las represalias, luego justificadas por tratarse de “delicuentes”. En el partido de La Matanza la pelea por encontrar a Luciano y para que los responsables no queden impunes, se convirtió en símbolo de la lucha contra el gatillo fácil y la maldita Bonaerense.

En ese momento, Fernando Espinoza era el intendente de La Matanza, y Daniel Scioli el gobernador de Buenos Aires. Responsables políticos de la impunidad que se mantiene hasta el día de hoy por la muerte de Luciano, que fue encontrado años después como NN. Un caso que reafirmó que el accionar de la maldita Bonaerense nunca se detuvo, a pesar de los discursos. Ahora ambos son parte del Frente de Todos y aliados reivindicados por Alberto Fernández.

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Hechos mas que fotos @alferdez. @FerEspinozaOK, responsable político de la muerte y desaparición de mi hermano Luciano, volvió al Partido de La Matanza. Partido al que él y otres, se encargaron de empobrecer. Eso se llama IMPUNIDAD.

— #FUE LA POLICIA (@VanesaOrieta) October 30, 2019

Felipe Solá, mano derecha de Alberto durante toda su campaña electoral este año, fue gobernador bonaerense desde 2002 hasta el 2007. A los pocos meses de asumido su cargo fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de la Policía Bonarense en la estación Avellaneda. Maxi y Darío eran jóvenes que como miles, en el 2001 y 2002, explotaron contra la pobreza y el hambre extremos que trajo la crisis económica y social en Argentina.

Aníbal Fernández, en ese entonces secretario de la Presidencia, sostuvo que "los piqueteros se mataron entre ellos" y Felipe Solá, recibió ese mismo día al comisario a cargo del operativo para felicitarlo y prometer un cargo más alto. Ambos responsables políticos siguen impunes.

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A ellos se suma Juan Luis Manzur, gobernador reelecto de Tucumán, que fue cómplice del macrismo no sólo por aplicar políticas que empobrecieron a trabajadores, niñas y niños, sino que la aplicación de la “doctrina Chocobar” corrió por su cuenta en la provincia.

Facundo Ferreira tenía 12 años cuando en marzo de 2018 lo asesinaron de un tiro. Se buscó instalar la versión de un enfrentamiento en el que los policías se defendieron de los disparos de Facundo y su amigo. Esta versión policial fue la que reprodujeron los gobiernos de Macri con la defensa de Bullrich y Manzur, con los dichos y las acciones de Claudio Maley (ministro de Seguridad Ciudadana), cuando la investigación desmintió esto. Como Facundo, hay muchos más casos en la provincia, accionar que Manzur no condena.

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Alberto Fernández dijo que "el país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación. Todos somos Brian". Si vemos todos los amigos de las Policias de gatillo fácil y los fanaticos de la criminalización de la juventud que van gobernar con el Frente de Todos, ¿vos le crees?