Los brigadistas del SPMF lograron un aumento salarial que rompe el techo que busca imponer el ajustador gobernador Arcioni, aliado del FDT. Aunque lejos de ganarle a la inflacion, se trata de un ejemplo de que el camino está en las calles. Ayer iniciaron medidas de fuerza los brigadistas nacionales contra la precarización laboral y los salarios de pobreza.
Jueves 10 de noviembre de 2022 12:05
Tras cuatro años en que el salario de los estatales viene perdiendo a paso agigantado ante el congelamiento salarial, las paritarias a la baja y la inflación, la conducción de Quiroga separa por sectores la pelea en salud, en auxiliares docentes, municipales nucleados en ATE, brigadistas, docentes y estatales en general de la necesidad de recomponer el salario en conjunto con un aumento generalizado de, por lo menos, el 50%.
Es eso lo que, con el 8% en noviembre más el 10% en diciembre y el 12 % que se completará en enero, sumado al bono no remunerativo de $21.000 desde este mes, lograron los brigadistas del SPMF, mientras continúan esperando el cierre paritario infinidad de sectores estatales que aun no saben cual será su recomposición salarial como es el caso de auxiliares docentes, o empleados de la Secretaría de Bosques que esta semana continúan un paro que ya lleva diez días.
Sin dudas que el acuerdo que lograron los brigadistas será insuficiente ante el aumento del costo de vida y el desfasaje acumulado por el salario estatal en su conjunto a lo largo de los últimos cuatro años, pero aunque no contemple una cláusula gatillo que ate al salario a la inflación, o aunque pierda ante la proyección de una inflación calculada en un 7% mensual, demuestra que es posible arrancar al gobierno mucho más que el 8% que ofreció al inicio de la negociación con los brigadistas, o al 10% que ofreció a auxiliares o el 14% en dos cuotas ofrecido a los docentes.
La lucha de estatales contra el ajuste del gobernador Mariano Arcioni, aliado del FDT, ya lleva cinco años en la provincia. Sin embargo la conducción de ATE, con Guillermo Quiroga como Secretario General, continua con una estrategia corporativa que divide la fuerza de los estatales bajo la excusa de las luchas por sector en base a categorías.
¿Por qué un sindicato que nuclea al conjunto de estatales acepta el chantaje de negociar de manera sectorial una situación que los afecta de manera colectiva? La respuesta la dió un delegado de los brigadistas la semana pasada: “es una maniobra del gobierno”.
Este sólo ejemplo demuestra que la plata está, que no pagar un aumento acorde a la canasta familiar es una decisión política del gobierno en acuerdo con la oposición y que las conducciones sindicales actuales no están dispuestas a dar pelea por el salario estatal, toda vez que están atadas a los acuerdos políticos con los partidos patronales que gestionan el ajuste.
Sin ir más lejos, y con todas las diferencias entre Yasky y Godoy ¿En que se distinguen ante la política de ajuste al servicio del FMI las conducciones de la CTA-T y la CTA-A? ¿En que una fue a la embajada yanqui y la otra, simplemente, no hizo nada ante la entrega del país con el acuerdo con el FMI? ¿Y en Chubut, que las distingue?
El problema no es sólo de las cabezas de dichas organizaciones, sino de la política que las alienta. Al igual que la actual conducción de ATECH, con Murphy del PCR a la cabeza, son parte del FDT. No nos olvidemos que Lozano, con toda la claridad que lo caracteriza como analista de la realidad económica, fue funcionario del gobierno al frente del BCRA hasta no hace mucho. Lozano es parte de la CTA-A y de la UP capitaneada por el ex diputado y actual concejal del FDT por Lanús, Víctor De Gennaro.
¿Cómo podrían dirigentes con estos lazos políticos asegurar la independencia política necesaria para luchar por el salario y las condiciones de trabajo del conjunto de los trabajadores nucleados en ATE, ante el ajuste del gobierno del que son parte?
Otro tanto podría decirse sobre Guillermo Quiroga (CTA-A), que luego de romper la Mesa de Unidad Sindical (MUS) en 2019, se encargó de dividir todas y cada una de las luchas estatales en la provincia asegurando que el ajuste de Arcioni pasara con Macri o con los Fernández. Ahora, de cara a un 2023 de intrigas y especulaciones electorales, busca presentar el triunfo de la lucha de los brigadistas como parte de un plan que desde la conducción de ATE no aportó a construir sino que intentó boicotear permanentemente ante la movilización de las bases dividiendo la lucha de estatales que comparten una realidad de precarización y ajuste sostenido con congelamiento de ingresos, recortes presupuestarios y paritarias a la baja desde hace años.
¿Y a nivel nacional?
La situación de los brigadistas de incendios forestales no tiene fronteras, como el capital. Si la Ley de Bosques estableció una categorización que no se respeta en Chubut, a nivel nacional la situación no es mejor, y ATE es un denomiandor común en esta pérdida de derechos, como demuestra el convenio establecido por el sindicato con el Ministerio de Ambiente el año pasado.
Esta semana se aprobó en la Comisión de Prevención y Seguridad Social el régimen jubilatorio anticipado para los combatientes de incendios forestales que comprende a Brigadistas del Servicio Federal de Manejo del Fuego y abarvca a los brigadistas de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) dependientes de la Administración de Parques Nacionales (APN). Ya en agosto recibió media sanción de la cámara de senadores, donde el senador por Chubut Nacho Torres, que hiciera campaña con la situacion de los brigadistas el año pasado, es parte de la fuerza que se opone a las jubilaciones anticipadas en Tierra del Fuego, como expresó Macri hace algunos días.
En el dictamen de la misma participó, elocuentemente, el diputado del FDT por Chubut, Santiago Igón que defendió la jubilación anticipada a los 50 años luego de votar el presupuesto 2023 que contempla un 12% menos en términos reales para el presupuesto del Ministerio de Ambiente del que dependen los 133 brigadistas del SFMF y los 393 del ICE. Quienes no participaron fueron los propios brigadistas que no pudieron exponer sus demandas ante al Comisión.
La realización de asambleas en los Parques y en el SFMF tuvo como resultando un pliego de demandas que comprenden la histórica lucha por el pase a planta permanente, la recomposición salarial para superar la línea de pobreza y la apertura de paritarias inmediata.
Al mismo tiempo, como le recordó el diputado Nicolas Del Caño en la reunión de dicha comisión al ministro de Ambiente Juan Cabandié, Igón es parte de la fuerza política que hizo campaña por la Ley de Humedales en 2019 y que hoy la cajonea una vez mas con el acuerdo de la derecha cambiemita en el congreso. Myriam Bregman y Alejandro Vilca también hicieron visible este reclamo en el Congreso es estos días de sesiones previas al paráte legislativo que impera en el Congreso Nacional de cara al Mundial y el fin de año.
Mientras arde Orán, Salta, el debate del presupuesto se hace manifiesto en los más de quince millones de euros que el Ministerio de Ambiente derrochará en el alquiler de un helicóptero hidrante a Francia, cuando el alquiler a Chile de equipos equivalentes cuesta mucho menos y aun se escucha el anuncio hecho en 2012 por la ex presidente Cristina Fernández de la compra de 12 aviones hidrantes que aún siguen alquilándose en un negociado infame que incluye al testaferro de Joe Lewis, Nicolas Van Ditmar.
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Hace menos de dos meses, decenas de brigadistas eran movilizados para combatir los incendios en las Yungas jujeñas con escasos recursos y un vacío en materia legal que habilita los incendios forestales para alimentar el negocio agroganadero e inmobiliario. Hoy, brigadistas de todo el país comienzan una medida de fuerza en demanda además de la liquidación del 100% de los viáticos. un brigadista del ICE cobra $1400 por día de traslado mientras un brigadista del SFMF cobra $8000 pese a tener el mismo CCT y depender ambos del Ministerio de Ambiente.
A su vez, denuncian la persecución laboral que sufren brigadistas del PN Nahuel Huapi por rechazar el traslado a Salta en estas condiciones. como parte de las asambleas realizadas, resolvieron no aceptar el traslado fuera de sus jurisdicciones.
De cara a una temporada de verano marcada por la creciente sequía, el ajuste fiscal encargado a Sergio Massa por el FMI y que cuenta con el aval de todas las fuerzas del FDT, primera de todas, la vicepresidente Cristina Fernández, sólo anticipa más incendios para beneficio de gobernadores oficialistas y opositores de derecha que gestionan lo negocios del agropower, la megaminería de litio y el negociado inmobiliario.
Sin dudas que jubilarse a los 57 o 50 años para un trabajador del SFMF o el ICE es un derecho inalienable ante el desgaste físico que implica la actividad, sin dudas la pelea salarial del conjunto de brigadistas que año a año ponen el cuero para combatir incendios es impostergable en un contexto de aceleración del calentamiento global, pero sin un marco regulatorio real, y no los cantos de sirena que el gobierno venderá en la COP 27 de El Cairo en torno a un compromiso de reducción de emisiones que contrasta con los subsidios al agro power, la megaminería y el fracking en la separata del presupuesto 2023, se trata de un nuevo parche a una situación cada día más grave. Porque como dijo Myriam Bregman, “pronto no habrá planeta que salvar”.
Si los noventa dejaron una herencia, es la que continúa expresándose en discursos como los de Cabandié que, ante cada incendio, se amparan en la reforma constitucional del 94 para decir que los recursos naturales “son competencia de la provincias” y dejar correr incendios como los que arrasaron Corrientes a principios de año. Lejos de las colectas de Santiago Maratea, o la abnegación de brigadistas que renuncian a sus derechos para combatir los incendios precarizados y mal pagos, a pura vocación, es necesario comenzar a discutir un brigada nacional que integre a todos los servicios provinciales bajo un mismo sistema, con condiciones dignas de trabajo y salario, con los medios necesarios y suficientes para hacer frente a la emergencia de incendios cada día mas recurrentes en el marco de una crisis climática que tiene como trasfondo la voracidad capitalista que el Estado avala y promueve.
