Durante estas horas ha sido un hecho de gran impacto nacional porque toca a los más
desprotegidos y al grupo que más sufrirá con esta pandemia. El pueblo trabajador teme por sus ancianos.
Lunes 30 de marzo de 2020
Con un Mañalich que, producto del descontento de vecinos y familiares que allí se congregaron, tuvo que huir resguardado en un carro policial escoltado hasta por militares; el gobierno dejó clara su desidia al salir a declarar que “Evaluó a la totalidad de los residentes del Eleam de Puente Alto. El 100%, que equivale a 94 residentes de los cuales, a 37 se le solicitaron exámenes”, ilustró Zúñiga, subsecretario de redes asistenciales. Un poco más del 30% de ellos que son el grupo de más alto riesgo tanto por morbilidad como por situación de vulnerabilidad, el resto de los residentes y de la comunidad pasarán a las enigmáticas cifras de los casos no testeados por escasez de recursos del sistema público.
Hasta la hora que redactamos estas líneas hay seis casos confirmados y un fallecido, cifra que esperamos no siga aumentando especialmente en un grupo tan delicado como los adultos mayores.
El panorama tensiona el clima a nivel nacional ya que Chile es un país que mezcla alarmantes cifras como que la población de la tercera edad se va a acercando al 20% (según la Casen 2017 un 16.2% del total equivalente a 2 millones y 800 mil personas) y que 1 de cada cinco de ellos aún trabaja por las bajas pensiones. ¿Hubo derecho a permanecer en casa a los grupos de riesgo que aún deben trabajar para vivir? Por el contrario, el Dictamen de la Dirección del trabajo permite el no pago de salarios a todos por igual, como una manera de meter presión para la aprobación del proyecto de ley para “resguardar” el empleo con el uso de nuestro propio Seguro de Cesantía.
Por otra parte, los ancianos dependientes tanto de los hogares institucionales como de las familias trabajadoras tampoco tuvieron derecho a cuarentena, pues el contacto diario con la población que está obligada a trabajar en medio de una pandemia es una situación que aflige diariamente a la gran e inmensa mayoría de familias chilenas que trabajan para subsistir.
¿Cuál es el plan del gobierno para estos grupos de alto riesgo o de brutal precariedad como las cárceles y el Sename? Ninguno, pues mientras han salido voces de especialistas que señalan el evidente e inminente colapso del sistema público, la prensa solo muestra el Espacio Riesco, la riña entre alcaldes y el gobierno central y la cuarentena de los más pudientes; lo peor se avecina.
Quieren manejar la pandemia como manejan la bolsa de valores. Una crisis sanitaria debe poner al centro la vida humana y si para eso hay que reorganizar la sociedad y sus prioridades, no es una opción, sino una necesidad. Ante el caos que desea dejar correr el gobierno entre los pobres y los trabajadores es perfectamente posible la habilitación de toda clínica privada y sus propios recursos para los grupos de alto riesgo que lo requieran y para cubrir el colapso que se está produciendo en el sistema de salud pública, poner a disposición infraestructura pública y privada transitoria para cuarentenas y cuidados paliativos, sin pago a los privados para esos recursos destinarlos a insumos y maquinaria clínica. Ante la desidia de las autoridades municipales como Codina que acapara los micrófonos de la prensa pero no redistribuye un solo recurso y permite abusos empresariales en su propia comuna como lo denunciaron los trabajadores de la papelera CMPC; y ante la política criminal del gobierno debemos pensar cómo organizar la solidaridad y levantar comités de emergencia sanitaria en cada lugar de trabajo, comuna o población, desde los cuales extender el llamado a una huelga ya! que nos permita paralizar todos los sectores no esenciales, garantizar máxima seguridad a las y los trabajadores de sectores esenciales y reorganizar la producción industrial para insumos médicos y de abastecimiento, suspender el pago de servicios y prohibir los despidos.
