“Somos los primeros defensores de la libertad de expresión”, declaró en referencia a las críticas por la “zona determinada” para la prensa.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Martes 23 de febrero de 2016
En el día de ayer, Patricia Bullrich inauguró en Tucumán una nueva sede de la Policía Federal. La ministra de Seguridad fue acompañada en una conferencia de prensa por el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el comisario general Román Di Santo, jefe de la Policía Federal. Allí, Bullrich volvió a defender el protocolo contra la protesta social anunciado la semana pasada.
“La idea es que cuando haya una marcha o una manifestación programada podamos conversar con las organizaciones y plantear un camino lógico. Por donde van a transitar, en que horarios, cuantas personas son. Lo que no vamos a permitir, por ejemplo, son los cortes de puente”, declaró Bullrich. La semana pasada Bullrich había explicado sin eufemismos la “idea” del protocolo: “les vamos a dar cinco minutos, se van o los sacamos”.
Bullrich compartió su impresión de que “las organizaciones nos van a entender”. “No nos parece normal que se corte los puentes, la Panamericana o la ruta que baja de Salta a Tucumán. Estas son las condiciones”, sentenció.
El repudio a la “zona determinada” para la prensa
Obligadamente, Bullrich tuvo que referirse a las críticas realizadas por asociaciones de trabajadores de prensa al protocolo. En uno de sus artículos, establece que los trabajadores de prensa “desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento”.
Desde el SiPreBa calificaron a la “zona determinada” como un “corralito”, “no aceptamos ‘liberar la zona’ para que la policía reprima sin que queden evidencias”, afirmaron en un comunicado. La Red de Carreras de Comunicación Social (RedCom) también rechazó el protocolo al considerar que “en el desarrollo de manifestaciones callejeras está en juego la libertad de expresión de amplios sectores sociales que no tienen acceso a los medios de comunicación regidos bajo el paradigma empresarial o controlados por el gobierno”.
La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) también rechazó lo dispuesto por el protocolo porque “solo sirve para ocultar un accionar que se presupone así represivo cuando no ilegal”. El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) también emitió un comunicado rechazando la medida.
Sin muchos recursos discursivos, Bullrich declaró que “el trabajo de la prensa va a ser como siempre”, y acto seguido afirmar que “lo único que le estamos pidiendo a la prensa es que si está la Policía o la Gendarmería no esté en el medio porque pueden tener problemas”.
“Queremos cuidar a la prensa para que no sufran ningún problema. Como sucedió la otra vez en la Panamericana se queman gomas y puede haber peligro”, sostuvo la ministra obviando el hecho de que en la protesta de trabajadores de Cresta Roja fue la Gendarmería la que desató una feroz represión que alcanzó también a trabajadores de prensa. Lo mismo sucedió cuando la Gendarmería comandada por Berni reprimió a los trabajadores de Lear en la Panamericana.
Los trabajadores de prensa han recordaron al asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en la Masacre de Avellanada en 2002. Si no fuese por las fotografías aportadas por Pepe Mateos no se podría haber expuesto la responsabilidad del ex comisario Alfredo Franchiotti y la Policía. De haber un “corralito” para la prensa habría quedado la versión de Aníbal Fernández (“fue un enfrentamiento entre piqueteros”) o la línea editorial de Clarín (“La crisis causó dos nuevas muertes”). Macri y Bullrich quieren impunidad para las fuerzas represivas.
Aunque Bullrich volvió a “recomendar” la “zona determinada” no le impidió finalizar la conferencia de prensa afirmando: “Somos los primeros defensores de la libertad de expresión”.
