El pasado miércoles 3 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo público en su informe que las fuerzas represivas del estado peruano actuaron de manera extrajudicial cuando asesinaron violentamente a quienes participaron de manera directa e indirecta en el levantamiento popular. En relación con lo ocurrido en las regiones de Ayacucho y Puno, la CIDH habla de que allí habría ocurrido una masacre contra los manifestantes.
Jueves 4 de mayo de 2023
Como se recuerda, después del 7 de diciembre del 2022, fecha en la cual el expresidente Pedro Castillo fue destituido de la presidencia de la República a través de un golpe parlamentario que contó con la complicidad de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y de los grandes medios de comunicación; en las regiones del interior del país se generó un levantamiento popular masivo que rechazaba a través de acciones de protesta contundentes la asunción de Dina Boluarte y al conjunto de instituciones y políticos que hacen parte del estado peruano.
Boluarte, quien era la vise presidenta de Pedro Castillo y había sido militante de Perú Libre (partido que llevo a la presidencia a Castillo), se puso del lado de los golpistas y, cuando estallaron las protestas sociales en su contra, no dudo en ordenar una violenta represión policial y militar contra los manifestantes, la cual termino por dejar un saldo de aproximadamente 70 fallecidos, miles de heridos y algunos desaparecidos. El gobierno de Boluarte se atrevió a todo esto porque contaba con el apoyo abierto de lo más rancio de la denominada clase política peruana (como el fujimorismo, renovación popular, avanza país, entre otras fuerzas de la derecha reaccionaria), además del gran empresariado nacional y de la embajada norteamericana, expresión directa del imperialismo yanqui.
El levantamiento popular, desde un primer momento, cuestiono al gobierno de Boluarte y al actual régimen político, por esa razón, una de las consignas más coreadas en las manifestaciones era la exigencia porque se convoque cuanto antes a una Asamblea Constituyente como salida política a la crisis. Atemorizados por la fuerza y duración de las protestas, las clases dominantes, a través del gobierno de Boluarte, no dudaron en pisar el acelerador de la represión y arremetieron a sangre y fuego contra los manifestantes sin escatimar en el respeto a los derechos humanos más básicos, es por eso que ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de que los agentes represivos del estado peruano, cometieron actos extrajudiciales y asesinatos masivos de los manifestantes, lo cual incluso, en los casos ocurridos en Ayacucho y Puno, fue catalogado como masacre.
En ese entender, el informe de dicha institución de derechos humanos, denominado “Situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”, concluyó que “la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”. Además de ello, dicho informe deja en claro que, de acuerdo a la información que se recibió en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que “la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”. Esto, para la comisión, se confirma con el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones. Otra prueba sería el número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando en la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Es por esa razón que la Corte Interamericana recomienda que estos hechos sean investigados, juzgados y sancionados.
En relación con lo ocurrido en Ayacucho, la CIDH manifiesta que “al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”. Recordemos que en lo que se refiere a la violenta represión policial y militar en Ayacucho, las necropsias arrojaron que todas las personas murieron por disparos letales de armas de fuego dirigidos al tórax, abdomen y cabeza. Adicionalmente, el servicio de salud reportó que alrededor de 72 individuos resultaron heridos por armas de fuego y objetos contundentes.
Con relación a lo ocurrido en Juliana y Puno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que acá se habría dado “uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas”. Recordemos que en la ciudad de Juliaca, ubicada en la región Puno, 226 personas resultaron heridas entre los días 6 y 10 de enero, y a la fecha se tiene conocimiento que 18 habrían perdido la vida. Como es de conocimiento público, diversos testigos de esta masacre declararon que a partir del mediodía del 9 de enero, la policía empezó a disparar bombas lacrimógenas, perdigones y balas de fuego; y que se dio una balacera contra las personas, los disparos eran al cuerpo y a quemarropa por parte de fuerzas de seguridad del Estado, muchos de los cuales se encontraban vestidos de civil y sin identificación entre los manifestantes, a los que señalaron como pertenecientes al llamado “Grupo Terna”.
Queda así evidenciado, una vez más, que el gobierno de Dina Boluarte tiene responsabilidad directa en los asesinatos que se dieron en el último levantamiento popular. Por esa razón, desde La Izquierda Diario hacemos un llamado a los diferentes gremios de trabajadores, campesinos y sectores populares, así como a las organizaciones encargadas de la defensa de los derechos humanos, a articular esfuerzos a fin de que podamos exigir que este gobierno ilegítimo nacido de un golpe parlamentario sea sancionado debidamente por violación a los derechos humanos y por masacrar a la población civil. Así mismo, debemos exigir la libertad inmediata de todos aquellos que aún siguen presos por haber participado en las últimas protestas contra el gobierno.
Desde aquí también denunciamos el papel nefasto que un sector de la izquierda viene asumiendo en esta coyuntura al asimilarse a Boluarte para lograr algún beneficio o para mantenerse en el cargo lo mas que puedan, como claramente lo demostró la parlamentaria Isabel Cortez (Chavelita), quien llego al parlamento con la agrupación reformista Juntos por el Perú y ahora se pasó a defender abiertamente la gestión de Dina Boluarte. Denunciamos también el papel del otro sector de la izquierda reformista que ha centrado toda su actividad en promover únicamente una salida electoral a la crisis atada a la voluntad del gobierno de Boluarte, por esa razón la dejan hacer y hasta hablan de la “necesidad” de disputarle cargos en el actual ejecutivo a la derecha reaccionaria.
La crisis política que hoy se vive en el país, más allá del actual retroceso de las luchas sociales, es tan profunda que no se resolverá, ni asimilándose a Dina Boluarte ni a través de nuevas elecciones presidenciales o congresales.
Urge retomar las banderas del levantamiento popular, sobre todo la referida a la lucha por imponer una Asamblea Constituyente Libre Soberana que nazca de la movilización social y que se sostenga en la auto organización obrera y popular. Para que esto sea posible, es necesario que, desde las bases de las organizaciones obreras, campesinas y populares, preparemos un gran encuentro nacional con la participación de delegadas y delegados elegidos democráticamente que discutan y voten un plan de lucha para derrocar al gobierno asesino de Boluarte y para que los responsables de los asesinatos y de los miles de heridos del último levantamiento popular, sean sancionados debidamente. La posibilidad de concretar una Asamblea Constituyente Libre y soberana nacida de la movilización social y sostenida en la auto organización obrera y popular, nos permitirá avanzar de mejor manera hacia un gobierno de las y los trabajadores con perspectiva socialista.
