Un informe de la cámara empresaria afirma que hubo 2.400 despidos en los últimos tres años. La precarización de la juventud, fuente de ganancias millonarias.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Martes 24 de mayo de 2016
Fotografía: Oscar Ferronato
No es difícil encontrar un amigo, familiar o conocido que trabaje, o haya pasado, por un call center. Laburar en el call es parte de las ‘opciones’ de precarización laboral que tiene la juventud, junto al comercio y la gastronomía, en una provincia donde el trabajo en negro ronda el 50% y los salarios son de los más bajos del país.
En los últimos tiempos, en la conversación con ese amigo, familiar o conocido se sumó, a las historias de maltratos y ritmos laborales infernales, la amenaza de despidos. “Es una situación muy angustiante, ver cómo el supervisor se acerca y tu compañero, en medio de llantos, comienza a vaciar el box. Uno no sabe si será el próximo”, relata una joven estudiante (las razones del anonimato están bien comprendidas). Se cruzan también las historias de trabajadores que se enteran que están despedidos cuando la tarjeta magnética que utilizan a diario para registrar su ingreso deja de hacerlo. O también de “campañas” (sectores dedicados a un servicio específico) que directamente cierran.
Según la Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC), en 2012 se registraban 8.700 puestos de trabajos en la provincia y que hasta la fecha se despidieron a 2.400 personas. Agregan que corren riesgos de ser despedidos otros 3.000 trabajadores.
Las patronales del sector han decidido ponerle cifras oficiales a los despidos por una sencilla razón: presionar por mayores beneficios económicos y tributarios.
En 2008, años antes de que Macri promoviera un “primer empleo” precarizado en Mc Donalds, el entonces gobernador José Alperovich promovió a los call centers. Empresas como Atento, Surcontac y Teleperformance se instalaron en la provincia con beneficios económicos por parte del gobierno provincial, quien por ley paga el 25% de los sueldos. En 2012, cuando se prorrogó por cuatro años la ley de 2008, significaba una erogación anual de $52 millones.
Los beneficios también incluyeron otros ítems, como el alquiler de inmuebles. Por ejemplo, Teleperformance no paga alquiler por el uso del local ubicado en Adolfo de la Vega al 400. El ex gobernador también fue parte del lobby para que, en 2013, no se apruebe una ley que pretendía regular algunos elementos laborales. No sin fundamentos, el imaginario popular considera a Alperovich propietario de alguna de estas empresas.
Los 2.400 despidos sucedidos en tres años son para la CACC una forma de presionar para que, de mínima, se mantengan estos beneficios. Es el modus operandi de patronales que se trasladan de una provincia a otra en busca de mayores ganancias, dejando a miles en la calle.
Las ganancias también se maximizan con ritmos laborales extenuantes –donde se regimenta desde las idas al baño hasta las vacaciones– que deterioran progresivamente la salud de los trabajadores. Las consecuencias son físicas como psicológicas. Los problemas auditivos se repiten en miles de casos, como así también las dolencias musculares. Tras cada jornada, persiste la sensación tener ‘la cabeza quemada’ (lo que se ha denominado síndrome de burn out). Que un médico laboral reconozca algunos de estos daños es una odisea de trámites burocráticos que los trabajadores deben sortear estando enfermos. Y no siempre lo logran.
¿Y el sindicato? “Nosotros estamos bajo el convenio de comercio cuando en realidad nos correspondería ser reconocidos como telefónicos. Lo hacen así para pagarnos menos, además de las cuestiones de insalubridad que no nos reconocen”, comenta otro joven. No es necesario aclarar que cualquier actividad sindical está prohibida. El SEOC, que tiene como secretario general a Roque Brito, ha guardado durante años un silencio hermético sobre las condiciones laborales y los despidos, negociando paritarias a la baja y en holgadas cuotas. A raíz de despidos en locales comerciales, desde el SEOC afirmaron que verán “que no se vaya más allá de lo que dice la ley, que supere el 15% de la masa de trabajadores”.
El secretario de Finanzas del SEOC, Javier Aybar, fue candidato en las últimas elecciones por un acople alperovichista; pero una vez electo concejal se pasó para el bloque del intendente Germán Alfaro, integrante del Acuerdo para el Bicentenario, y ahora es el presidente del cuerpo.
Al igual que el alperovichismo, la oposición también fomenta esta precarización laboral. El radical José Cano, como titular del Plan Belgrano, estuvo hace tres semanas atrás en el anuncio del traspaso –tercerización– del servicio de atención al cliente de ANSES al call center de Atento.
“Mirá, yo soy dueño de un local de ropa y tengo empleados, si alguno me llega a contestar así lo echo a patadas ¡Te despido! A vos y a todos tus compañeritos”, le dijeron a una trabajadora mientras atendía una consulta. Ocurrió el mismo día en que Macri aseguraba el veto a la ley antidespidos aprobada por el Congreso.
Las patronales, con el respaldo del presidente y gobernadores, se envalentonan y buscan avanzar sobre los trabajadores. Es necesaria una contundente respuesta obrera para enfrentar estos ataques.
