Las patronales agrarias de Misiones le declararon la guerra a los sectores más pobres de la población. Siguiendo la tendencia comunicacional con que los dueños del país usan como voceros oficiosos a pequeños productores, así se lo hicieron saber al gobernador Oscar Herrera Ahuad en una reunión, donde “productores autoconvocados” (denominación que usan las grandes patronales y terratenientes en la provincia) solicitaron la represión a los movimientos de trabajadoras y trabajadores desocupados.
Jueves 24 de febrero de 2022 16:52
¿Por qué en campo Viera?
Se trata de una zona neurálgica de la provincia, por la cantidad de empresas agrícolas instaladas en la región y porque es una zona de circulación de mercancías, donde con mayor crudeza se expresa la explotación y los bajos salarios de los tareferos, trabajadores rurales de la yerba mate, que no son muy distintos a los ingresos de quienes integran los movimientos de desocupados.
Con la salvaje represión del 15 de febrero las patronales quisieron dar un castigo ejemplificador sobre los sectores más duros del movimiento de desocupados de Misiones.
A pesar que las organizaciones sociales habían conversado previamente con las autoridades que se iba a dejar un carril libre, el intendente Guillermo Germán Burges y la Regional II de la Policía de Misiones, encabezada por el comisario Marcelo Blanco, decidieron primero provocar y después reprimir.
No es casual que la represión haya empezado a partir del 8 de febrero, luego de la gran marcha nacional contra el acuerdo con el FMI que movilizó en esa localidad misionera a alrededor de 500 personas. Luego de esa movilización, miembros de las organizaciones sociales fueron víctimas de una persecución que realizó la Policía casa por casa, luego fueron citados a declarar e inmediatamente detenidos y golpeados dentro de la comisaria por el “delito” de marchar contra el pago de la deuda externa.
Las amenazas y el amedrentamiento continuaron en los días previos a la marcha del 15 de febrero, convocada entre otros motivos para pedir la libertad de los manifestantes que continuaban detenidos.
El gobierno provincial, el Poder Judicial federal y el empresariado local quieren demonizar a los movimientos de desocupados porque “le compiten” a la paga miserable de esas patronales. Las empresas de medios de la zona se han dedicado a ocultar el rol protagónico de los movimientos sociales en la lucha contra los incendios que han asolado a la provincia y han aportado todas sus fuerzas y recursos para apagarlos.
Le tienen miedo a la fuerza de la movilización de los trabajadores por eso quieren acabar con todo vestigio de organización de los movimientos sociales locales.
Las patronales dieron la orden y el gobernador accedió solícito al pedido de represión. Los dueños de la tierra, como los Urrutia, Sartori, Okulovich, don Basilio, entre otros, proponen terminar con las organizaciones sociales, para que así los miembros de ellas no tengan otra opción más que volver a trabajar a los yerbatales, de sol a sol, con un sueldo por debajo de la línea de pobreza. Mujeres y niños sin poder ir a la escuela trabajando solo para sobrevivir.
Trabajadores que se solidarizaron con el reclamo de un establecimiento de secado cercano fueron cesanteados y otros suspendidos por participar del corte de ruta.
Campo Viera es uno de los lugares donde más se han desarrollado los movimientos sociales en proporción a la población, que en su mayoría agrupan a mujeres con hijos y sin otros ingresos. Termina siendo una opción ante las extenuantes jornadas de trabajo en el campo, donde el tarefero tiene que mantener dos casas, su vivienda original y el campamento donde tiene que trabajar.
El desprecio de las patronales y los gobiernos hacia las trabajadoras y los trabajadores de la yerba mate es brutal. Por ejemplo, el subsidio interzafra recientemente aumentado es de $ 9.000.
Se da una situación llamativa, donde los desocupados cobran proporcionalmente más que los trabajadores en blanco, que ni siquiera pueden hacer uso de la obra social y muchos mueren antes de jubilarse. Ni qué hablar del sindicato, la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) ausente y groseramente propatronal. Por lo que pierde sentido trabajar en la ardua tarea de la tarefa.
En la localidad los trabajadores que reciben planes sociales organizan emprendimientos colectivos como huertas y otras actividades. Como es sabido, un plan social es un paliativo pero no cubre los costos de la vida. Ante el miedo de perder estos planes, se ocupan en trabajos en negro, servicio doméstico, changas de mantenimiento de lotes, entre otras actividades para complementar los ingresos.
La represión y la persecución es una decisión política impulsada por el gobierno provincial y municipal, cuenta con el aval del Poder Judicial federal, encabezada por el juez Miguel Guerrero, quien avaló la intervención policial en varias oportunidades en la provincia y ejecutada por la Policía que actúa por fuera de toda legalidad contando con el encubrimiento y la impunidad de favorecer a los dueños del poder local.
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Las patronales acostumbran recibir con beneplácito la brutalidad represiva, al diario Primera Edición hace unos meses habían expresado “su más enérgico apoyo y felicitaciones a la Policía de Misiones (incluido Infantería DDR) por su correcta intervención” al impedir que un grupo de manifestantes corte la ruta nacional 12.” A la vez hicieron extensivo su apoyo incondicional “al Juez Federal por defender y hacer cumplir nuestros derechos y al Gobernador (Oscar Herrera Ahuad) que ha puesto a disposición dichas fuerzas vivas de la Provincia”.
El fundamento de esta decisión es desarmar los movimientos sociales para favorecer a los productores yerbateros y tealeros que son perjudicados por la existencia de los movimientos sociales que organizan a los sectores que pelean por la asistencia estatal y generan un ingreso para las familias más desfavorecidas de la provincia, en tanto compiten por la misma base social que es mano de obra de las cosechas que realizan las tareas en la tarefa con salarios de miseria. Según muchos testimonios también son ocupados por el municipio donde los obligan a trabajar en tareas de planta recibiendo como único salario planes sociales.
Al momento de publicar esta nota continúa la persecución y el hostigamiento por parte de la policía provincial. Se hace necesario repudiar los hechos represivos, exigir el desprocesamiento de todos los compañeros haciendo responsables al gobierno provincial y municipal de la integridad física de los habitantes de Campo Viera y localidades vecinas mientras rodeamos de solidaridad la lucha que llevan adelante.
