El pasado jueves 23 de septiembre, a un día de la Huelga mundial por el clima, se aprobó el proyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, llamada ‘Ley del Suelo’, que se enviará al Parlamento para su tramitación. Esta nueva ley, que dice combatir la despoblación, dará vía libre a múltiples empresas para hacer negocio con fines turísticos sin contar con la opinión del pueblo trabajador y, permitirá que, a través de una grotesca liberalización del suelo, se hagan proyectos sin tener en cuenta el impacto ambiental y cultural que tendrá sobre el territorio cántabro.
Martes 28 de septiembre de 2021
Nos venden esta ley alegando que contribuirá al desarrollo urbanístico de las zonas rurales, donde “muchos vecinos podrán construir una casa en su pueblo”, pero lejos de querer evitar la despoblación, sólo pretenden lucrarse destrozando el paisaje. Lo que añade principalmente esta ley es la agilización los trámites indistintamente a cualquiera que quiera hacer cambios y reformas urbanísticas o pretenda construir nuevas viviendas o urbanizaciones, en la mayoría de casos sin precisar de evaluación ambiental estratégica, es decir, afectando de forma ambiental las actividades que en estas zonas se llevan a cabo como la ganadería, que requiere de grandes extensiones de suelo para su normal funcionamiento.
La nueva regulación de los PSIR (Proyectos Singulares de Interés Regional) es un ejemplo que demuestra para quién realmente se está haciendo esta ley, pues los consideran un instrumento clave para el desarrollo industrial en parajes naturales, como es el caso del desarrollo de los polígonos industriales para facilitar la instalación de empresas privadas sin escrúpulos, de nuevo sin evaluación ambiental y atentando contra los intereses de la población.
La despoblación rural y sus consecuencias debe combatirse de forma democrática y sostenible, con la participación de todo el pueblo mediante la rehabilitación de viviendas vacías y el aumento de la actividad económica local de las zonas rurales, no beneficiando a las grandes empresas que buscan construir urbanizaciones de segundas viviendas para “repoblar” masivamente los pueblos y hacer negocio a costa de estos. Los habitantes no han pedido esta liberalización masiva del suelo, sino preservar su integridad cultural y paisajística.
Que el Consejo de Gobierno de Cantabria se siente a aprobar una Ley como esta deja claro que a este sistema sólo le importa beneficiar a las grandes empresas, dejando de lado el poder de decisión del pueblo trabajador. Al contrario que Revilla, nosotros no es que no creamos que "Una ley que no puede contentar a todos", debe ser la clase trabajadora quien, de forma democrática y con la participación de todo el pueblo, decida cómo gestionar y ordenar el territorio.
Como ya dijimos en otro artículo sobre el megaproyecto eólico del Gobierno de Cantabria, otra de las medidas que se podrían tomar es la creación de una ordenación del territorio que prohíba determinados usos del suelo en ciertas zonas. Dividiendo la tierra para la producción ganadera, agrícola, espacios naturales protegidos, etc., e intentando conciliar los intereses del pueblo con la conservación ambiental.
Para ello es necesario organizarnos y movilizarnos las y los vecinos afectados y las organizaciones ecologistas, junto a la juventud y la clase trabajadora de la región, para defender nuestros pueblos contra estas decisiones tomadas únicamente por unos pocos capitalistas.
Por esto luchamos quienes hacemos Izquierda Diario y nos organizamos en la CRT y la agrupación juvenil Contracorriente de Cantabria y en el resto del Estado. Porque queremos construir una juventud feminista, anticapitalista, ecologista y revolucionaria, que lucha junto con la clase trabajadora para acabar con toda explotación y opresión.