Esta mañana la familia del joven desaparecido y asesinado en el boliche Ming realizó una conferencia de prensa junto al abogado querellante y exigen la detención de los involucrados en el caso.
Miércoles 4 de marzo de 2020 20:59
Ayer se realizó autopsia del cuerpo de Carlos Orellano, el joven desaparecido el domingo en el boliche de la Estación Fluvial y encontrado sin vida el miércoles en el río Paraná y hay claros indicios de una muerte violenta. La perito de parte por la familia de la víctima, Virginia Creimer declaró a medios locales: “El cuerpo tenía un neumotórax y sangre libre en el pulmón izquierdo”, y pidió que los exámenes complementarios “sean realizados fuera de Rosario” debido a que existe “una connivencia entre el IML (Instituto Medico Legal), los fiscales y algunos jueces” para encubrir las responsabilidades de un crimen.
Por su parte, el abogado Salvador Vera que representa a la familia de la víctima, explicó que los pulmones de Carlos no tenían agua y su cuerpo tenía signos de violencia, “con signos de una suspensión específica en la zona del cuello y del hombro y además una parte del hígado destrozado, derrame sanguíneo interno y un nivel de golpiza en toda la zona del cráneo brutal”. Sin embargo, la voz de Alicia Cadierno, directora del IML, trascendió en medios televisivos y diarios de la ciudad declarando: “No hay ningún elemento hasta ahora para afirmar que Orellano murió como consecuencia de golpes”.
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Durante la jornada de ayer, cientos de personas se encontraban en la puerta del IML exigiendo a los fiscales Adrian Spelta y Patricio Saldutti que cooperen para que la investigación avance y que dejen ingresar a la forense Creimer a ser parte de la autopsia. “Estamos pidiendo que todas las muestras extraídas en la autopsia sean remitidas a la brevedad al Cuerpo Médico Forense de la Corte y Nación y que también sean remitidas fuera del ámbito de la provincia todas las grabaciones de los celulares y de cámaras, a los fines de la extracción de sus imágenes. Además estamos planteando que el fiscal actuante debe proceder a imponer medidas cautelares personales en relación al personal de seguridad involucrado en el hecho, a los agentes policiales y el dueño del lugar”, expresó Salvador Vera.
El padre de Carlos Orellano es contundente en cada una de sus declaraciones donde denuncia la poca predisposición de la justicia regional para avanzar en la investigación de los hechos. A su vez, el abogado querellante remarcó las contradicciones de las declaraciones entre los agentes policiales y el personal de seguridad, que ponen en duda la credibilidad. Así como también contó a La Izquierda Diario que tienen acreditada la persecución y hostigamiento que están sufriendo testigos claves de los hechos y por esto solicitan la detención inmediata de los involucrados, porque lo consideran “indispensable para avanzar en la investigación”.
Franco Casco, Pichón Escobar, María de los Ángeles Paris son algunos de los nombres que resuenan ante el asesinato de Carlos, como antecedentes en la ciudad. En todos estos casos, fue denunciado el accionar de la Fiscalía, peritos y jueces. La impunidad y el encubrimiento al accionar policial es el denominador común. Adrián Spelta, es figurita repetida en las denuncias de familiares de víctimas de violencia institucional y gatillo fácil, así se vio en los casos de Jonatan Herrera, David Campos, Emanuel Medina, Maximiliano Zamudio y tantos jóvenes más que son asesinados en manos de fuerzas policiales y como si para estas familias fuera poco la pérdida de un ser querido, luego deben enfrentarse al poder judicial y a intentar que la Fiscalía actúe de forma correcta en la investigación.
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Un modus operandi se repite cuando la acusación pone en tela de juicio a la policía y el rol represivo del Estado. Santiago Maldonado fue uno de los casos nacionales recientemente resonantes en cuanto a caratulas de desaparición forzada seguida de muerte y quedó evidenciado que el joven no se había ahogado, que había un homicidio, pero que el camino de la búsqueda de esclarecimiento de los hechos siempre está plagado de maniobras y encubrimientos. La conclusión de los familiares de Santiago fue categórica: “El Poder Judicial es una trampa, un laberinto del terror sin fin, y que siempre son los mismos jueces los que van resolviendo arbitrariamente el recorrido. Seguimos sosteniendo que luchamos en total desigualdad contra un sistema judicial que una vez más juega al desgaste y nos sigue negando el derecho de conocer la verdad a partir de una investigación seria, independiente e imparcial”. Esta misma desgracia hoy atraviesa a la familia Orellano y piden que dejen de poner palos en la rueda para llegar a la verdad.