El caso Cassandra y la necesidad de luchar contra toda la legislación liberticida, por el desprocesamiento y amnistía de los luchadores y el fin de la impunidad policial.
Santiago Lupe @SantiagoLupeBCN
Jueves 30 de marzo de 2017
Foto: EFE
“Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella”, “¿Carrero Blanco también regresó al futuro con su coche? #RegresoAlFuturo” o “Spiderman VS Carrero Blanco”. Estos son solo algunos de los trece tuits por los que la Audiencia Nacional condenaba a Cassandra a un año de prisión y siete de inhabilitación.
El tribunal sentenciaba el miércoles que la joven de 21 años cometió un delito de humillación a las víctimas del terrorismo. Esta sentencia ejemplifica una vez más la cruzada represiva del Estado contra la libertad de expresión. Una cruzada que tiene a la Ley Mordaza como principal instrumento, mientras las fuerzas policiales, la Fiscalía y el poder judicial actúan como brazos ejecutores.
El caso de Cassandra se ha convertido en un “caso testigo” y ha generado una oleada de indiganción y solidaridad con la jóven como hasta ahora habían logrado pocas sentencias de este tipo. Intelectuales, periodistas y políticos del arco izquierdo del Parlamento han salido a rechazar el proceso y la sentencia. Medios como el diario digital CTXT ha lanzado un manifiesto en apoyo que ha recibido cientos de adhesiones en pocas horas.
Pablo Iglesias, Irene Montero, Íñigo Errejón, Rafael Mayoral y Alberto Garzón, entre otros dirigentes de Unidos Podemos, han compartido en twiter los mensajes objeto de la sentencia y han reproducido el mensaje de que "bromear no es delito y España no es una dictadura. Si esto te lleva a la Audiencia Nacional, que me lleven a mí también junto a Cassandra".
La cruzada contra la libertad de expresión del Estado español ha tenido incluso eco internacional. Numerosos medios de comunicación extranjeros han publicado la noticia y varios han recordado el “detalle” de que el tal Carrero no fue otra cosa que la mano derecha de Franco hasta su ascenso a la presidencia del gobierno en 1973. Entre otros méritos de este siniestro personaje destacaron sus mediaciones con la Casa Real para afianzar la sucesión de Juan Carlos I en la Jefatura del Estado por medio de la Ley de Sucesión de 1969.
Que la Audiencia Nacional emita una sentencia que, además de suponer todo un atentado contra la libertad de expresión, rehabilita a esta figura no es casual. Este tribunal es el heredero directo del Tribunal de Orden Público de la Dictadura. En 1976 se produjo un simple “cambio de letreros”. Los viejos jueces del TOP, que venían de procesar en su último año de actividad a más de 4.000 militantes de la oposición, se cambiaron de toga y pasaron a serlo de la Audiencia Nacional. Este tribunal juega desde entonces el papel de tribunal de excepción, en especial en la represión del movimiento abertzale, tal y como han denunciado en múltiples informes organizaciones como Amnistía Internacional y como ha vuelto a quedar en evidencia con el caso de los jóvenes de Altsásua.
Las medidas liberticidas en el Estado español vienen aumentando considerablemente desde el inicio de la crisis, y en especial desde la emergencia del 15M. La Ley Mordaza, de la que se cumplirán en julio dos años, ha sido un gran espaldarazo para esta ofensiva. Pero la “democracia” del 78 ya tenía un aparato legislativo, judicial y policial bien engrasado de antes. Desde las distintas Leyes Antiterroristas, que datan de los últimos años de la Dictadura, hasta la Ley Corcuera del PSOE, la Ley de Partidos de 2002 y toda la jurisprudencia aplicada contra el Movimiento de Liberación Nacional Vasco en nombre de la “unidad de los demócratas contra ETA”.
Nuestro joven diario tampoco se ha salvado de esta ofensiva. Con un año y medio de vida nuestro compañero de Izquierda Diario, Jorge Remacha, ha sido amenazado de ser demandado por un delito de “calumnias e injurias” a la unidad antidisturbios de la policía local zaragozana -UAPO- por un artículo en el que se pronunciaba por su disolución. En esa misma ciudad 10 jóvenes antifascistas siguen en prisión por haber participado en una manifestación contra un mal llamado “centro social” fascista en el barrio de Las Fuentes.
Muchos otros activistas y militantes han sido perseguidos, detenidos y encarcelados simplemente por formar parte de colectivos y organizaciones de izquierda. Alfon, Andrés Bódalo, los titiriteros, César Strawberry o Raquel Tenías, son algunos de los casos más destacados. Todo ello sin olvidar la persecución hacia decenas de trabajadores, sindicalistas y activistas, simplemente por defender sus derechos, especialmente cuando es el derecho de huelga.
El caso de Cassandra es por lo tanto la punta de un iceberg compuesto por cientos de luchadores encausados, condenados a penas de prisión y multas estratosféricas, presos políticos -empezando por los vascos que además padecen medidas penitenciarias punitivas como la dispersión-, inmigrantes detenidos en CIEs, acosados cotidianamente, asesinados en nuestras fronteras, detenidos maltratados en dependencias policiales... y todo siempre cubierto con una impunidad brutal como demuestran casos como el de Tarajal o Ciutat Morta.
El pasado lunes el grupo parlamentario de Unidos Podemos presentaba un proyecto de Ley Orgánica para eliminar el artículo 578 del Código Penal, el que contiene el delito de enaltecimiento del terrorismo. Una propuesta correcta pero que está destinada a morir en sede parlamentaria con el rodillo del PP, Cs y por supuesto el PSOE, el partido de la cal viva. Hasta el momento tanto Podemos como IU vienen limitando su “lucha contra la represión” a las declaraciones e iniciativas parlamentarias parciales. Su programa contra esta cruzada es igualmente parcial, de hecho allí donde gobiernan, como en Barcelona, han optado por no reabrir si quiera la investigación de casos de violencia policial tan brutales como el de Ciutat Morta, y hasta han sido parte de la acusación -por medio de los servicios jurídicos de la Guardia Urbana- que ha llevado a prisión a un “mantero”, Sidil Motcar, por defenderse de la agresión de estos agentes. De la misma manera en el resto de los ayuntamientos del “cambio” una de las promesas inclumplidas sigue siendo la disolución de las unidades antidisturbios de las policías locales.
La oleada de casos como el de Cassandra, y otros mucho más graves, hacen urgente poner en pie un movimiento que se proponga acabar con todo el iceber de la persecución política en el Estado español . Un gran movimiento contra la represión, que organice acciones en las calles, barrios, centros de trabajo, grandes manifestaciones y todo tipo de medidas para acabar con todo el andamiaje represivo del Régimen del 78, la más pura de las herencias del Franquismo macerada por décadas de “unidad de los demócratas contra ETA”.
En primer lugar se debe pelear por la paralización y archivo de todos los juicios pendientes o en curso contra cientos de luchadores y la anulación de todas las sentencias condenatorias emitidas hasta ahora, así como la puesta en libertad sin cargos de los cientos de presos políticos que hay en las cárceles, empezando por los presos vascos a los que se les sigue privando de libertad y manteniendo lejos de sus familias a pesar incluso del desarme de ETA. Es decir un movimiento contra la represión debe volver a gritar bien alto la consigna de “amnistía para todos los presos políticos”.
Un movimiento contra la represión debería también exigir la derogación de leyes como la Ley Mordaza, la Ley Antiterrorista o la Ley de Partidos y denunciar el Pacto Antiterrorista suscrito por el PP, el PSOE y Cs, y en cuyas reuniones Podemos vienen participando como “observador”. Lo mismo con las Leyes de Extranjería y aberraciones como los CIEs o las vallas de Ceuta y Melilla, que convierten a cientos de miles de inmigrantes en ciudadanos de segunda sin las más mínimas garantías ni derechos. Es por tanto clave levantar un movimiento contra toda la legislación liberticida cultivada durante 40 años de “democracia”.
Se debe plantear también la disolución de la Audiencia Nacional y el fin de la Judicatura de carrera, por jueces electos, con el salario de un trabajador medio y juicios en base a jurados populares. La única garantía de acabar con esta justicia para ricos que manda a Suiza a Urdangarín y a la cárcel a trabajadores por hurtos o robos de supervivencia. Y pelear por el juicio y castigo de todos los policías y guardias civiles sobre los que pesan acusaciones de malos tratos, torturas o asesinatos, así como por la disolución inmediata de todas las unidades antidisturbios y de persecución política existentes en los múltiples cuerpos policiales. Una pelea contra la represión no puede dejar de lado la lucha contra sus brazos ejecutores y contra la impunidad que convierte en norma la vulneración sistemáticas de los más elementales derechos democráticos.
Tanto Podemos como IU tienen unas posiciones institucionales privilegiadas para llamar a poner en pie un movimiento así y lo harían si su propósito no se limitara a la galería o a atenuar solamente los efectos más aberrantes de la oleada represiva. Para poder atacar realmente el carácter antidemocrático del Régimen del 78 no basta con quedarse en rechazar el artículo 578 o la Ley Mordaza de 2015, y desde luego va en contra el seguir de “observador” en la mesa del Pacto Antiterrorista, el mantener los cuerpos antidisturbios en las principales ciudades donde se gobierna o el estar a la cabeza de campañas represivas como la que se vive en Barcelona contra los “manteros”.
El próximo 27 de mayo una buena parte de la izquierda política, social y sindical del Estado español llenaremos las calles de Madrid en la convocatoria realizada por las Marchas de la Dignidad. Sin duda la pelea contra la represión política será uno de los ejes centrales de la protesta. Esperemos que sirva de espaldarazo para impulsar la respuesta contundente contra las leyes liberticidas, por la amnistía y contra la impunidad que necesitamos.
