GRAVE FALLO JUDICIAL. Caso Facundo: la jueza Marrón se niega a secuestrar teléfonos y allanar comisarías de la Bonaerense

La causa judicial por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro podría haber pegado un importante giro en estos días, avanzando algunos casilleros hacia la verdad, de no ser por una (nueva, y van…) negativa de la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón.

El 1° de octubre los fiscales federales Andrés Heim y Horacio Azzolin, a cargo desde septiembre junto a Ulpiano Martínez de la causa penal, habían solicitado a la titular del Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca una serie de medidas tendientes a dar pasos concretos en el avance de la investigación sobre lo que pasó con Facundo desde el 30 de abril, cuando desapareció en la Ruta Nacional 3 a la altura del partido bonaerense de Villarino.

De todas las medidas de prueba solicitadas por los investigadores, este viernes la jueza se negó a ordenar las más sustanciales, como el secuestro de teléfonos de comisarios, oficiales y suboficiales de la Bonaerense y el allanamiento de las sedes policiales donde ya se encontraron objetos y rastros de ADN compatibles con Facundo.

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Teléfonos que esconden mucha información

En su pedido del 1° de octubre, Andrés Heim y Horacio Azzolin (Martínez no lo firmó) solicitaron a Marrón que ordene a la Jefatura de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entregar “los teléfonos personales y oficiales” que utilizan o les fueron asignados a efectivos de las comisarías de Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich, Teniente Origone, Médanos, General Daniel Cerri, JPC Villarino y la UPPL de Bahía Blanca.

La cantidad de teléfonos cuyas llamadas, mensajes y archivos que los investigadores pidieron peritar ronda los 50, entre ellos hay dos aparatos de la policía Jana Curuhuinca (ya entregó uno que estaba casi vacío) y uno de Siomara Flores (que entregó uno sin Whatsapp ni redes sociales). Los restantes pertenecen a comisarios, subcomisarios, sargentos, capitanes, subtenientes, oficiales principales, inspectores y ayudantes. Son 2 de la jefatura comunal de Villarino, 5 de Médanos, 16 de Pedro Luro, 8 de Mayor Buratovich, 2 de Hilario Ascasubi, 3 de Teniente Origone y 10 de la Policía Local de Bahía Blanca.

Los fiscales habían pedido que a todos esos teléfonos se les extrajera la información y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip, dependiente del Miniserio Público Fiscal), la analizara de forma integrada a “las demás pruebas obrantes en autos”.

A su vez habían pedido que sobre otros 17 números las empresas prestatarias del servicio de telefonía informaran datos de usuarios y registro de actividad de esas líneas en diferentes períodos posteriores al 30 de abril, según cada caso. Son teléfonos de otros policías de las mismas comisarías que tuvieron una participación menor en lo que podría denominarse el plan encubridor pero pueden aportar información extra de mucho valor.

Para fundamentar el pedido, Heim y Azzolin se basaron en lo ya analizado por la Datip sobre “extracciones forenses de algunos de los teléfonos secuestrados”, donde “se han localizado comunicaciones sugestivas entre miembros de la Policía Bonaerense y el borrado de otras”, además de haberse encontrado en esos teléfono “fotografías y capturas de pantalla” que “no tendrían anclaje” en la versión de los hechos declarada por los agentes investigados.

Para los fiscales la medida se justifica en que “se advierten determinadas circunstancias” que llevan a pensar que el accionar policial alrededor del caso excedió ampliamente su rol de colaborador del Poder Judicial en procesos a los que son convocados. Y lo más grave es que, en lugar de tratarse de acciones individuales o anárquicas de los policías sospechados, para los investigadores desde el 30 de abril hubo una verdadera coordinación entre las bases policiales y sus superiores.

Además de las irregularidades y contradicciones evidenciadas en el expediente respecto a la actuación de decenas de policías, los fiscales incluyen entre los hechos que sustentan el pedido de secuestro masivo de teléfonos diversos ataques, aprietes y amenazas recibidos en todos estos meses por la familia de Facundo, sus abogados, amigos del joven y varios testigos.

Los funcionarios judiciales afirman que un conjunto no menor de circunstancias, protagonizadas por o sobre las que intervinieron agentes de la Policía Bonaerense en Villarino, “permitirían analizar un esquema de actuación sistematizada, coordinada y organizada en torno a la búsqueda de Facundo Astudillo Castro”. Pero no para llegar a la verdad de lo que pasó, sino “encaminada a entorpecer el curso de la investigación”.

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Pese a los fundamentos y las pruebas volcadas en el pedido fiscal, la jueza Marrón se negó a ordenar esas medidas. ¿La razón? Según firmó en su resolución de este viernes (a la que accedió La Izquierda Diario), para la jueza se pueden poner en riesgo, “sin una justificación razonable”, “la intimidad, la propiedad y la libertad” de los policías involucrados. Suficiente ilustración.

Pero por si fuera poco, Marrón se anima a afirmar que los fiscales tuvieron “diversos problemas” al realizar en su pedido “varias preguntas”, ensayar “algunas hipótesis”, valorar prueba y sacar conclusiones. “Entiendo que nacen de una visión vaga, abstracta, poco profundas de los hechos o bien fueron formuladas incorrectamente”, dice de puño y letra. Todo dicho.

Patrulleros, comisarías y uniformes

El 1° de octubre los fiscales también le pidieron a la jueza que ordenara allanamientos a dos de las varias dependencias policiales involucradas en el caso. Se trata del Puesto de Vigilancia de Teniente Origone y de la subcomisaría de General Daniel Cerri (partido de Bahía Blanca).

En el primer caso, esa dependencia ya fue allanada y en uno de sus sucios y hediondos calabozos se encontró el amuleto de madera con forma de sandía de Facundo. En tal sentido los fiscales pidieron volver a allanar e inspeccionar “la totalidad de los ambientes y dependencias interiores”, como así también de “toda otra edificación y/o instalaciones” que formen parte del establecimiento. Algo que no se hizo con anterioridad.

El objetivo es buscar y recolectar “toda clase de rastros” (desde ADN, huellas, cabellos y fibras hasta sedimentos y microalgas compatibles con las muestras del cangrejal donde apareció el cuerpo). En cuanto a posibles manchas de sangre, pidieron que se usara dispersado de luminol en todos los rincones del destacamento policial.

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Heim y Azzolin pidieron a su vez que se permitiera la participación del instructor canino Marcos Herrero con su perro Yatel y de la médica forense Virginia Créimer, perita de parte que ya estuvo en la autopsia.

En el caso de la comisaría de Cerri, los fiscales pedían que esa subcomisaría entregue “los libros de guardia, actas y novedades” y demás libros usados “para registrar los movimientos del personal, los móviles y las personas que se encuentren aprehendidas y, asimismo, de aquellos dispositivos móviles utilizados por la dependencia”. Y que si las autoridades se negaban a entregarlas, se ordenara el allanamiento de esa dependencia policial con la Gendarmería.

El fundamento es que “parte de los funcionarios implicados en el transcurso que llevó a cabo Facundo Astudillo el día 30 de abril pasado, han sido trasladados a otras dependencias de esta ciudad”. En especial se habla de Jana Curhuinca, quien desde el 13 de julio cumple funciones represivas en esa dependencia.

Otra vez contra Marcos Herrero

Para negarse a tomar esas medidas de prueba, este viernes la jueza Marrón buscó desacreditar de plano las pericias de Marcos Herrero y su perro Yatel, en un peligroso giro anticientífico. La vasta experiencia de Herrero en casos resonantes de desapariciones forzadas de personas, logrando hallar lo que peritos policiales y judiciales no hallaron o no quisieron hallar, lo debería eximir de todo cuestionamiento. Pero eso a Marrón no le interesa.

Apoyada en esa maniobra, la jueza intenta plasmar argumentos “científicos” que sustentarían su negativa a allanar las dependencias policiales. Incluso llega a insinuar que tanto la sandía de madera hallada en Origone como la piedra turmalina encontrada en un patrullero de la comisaría de la Policía Local de Bahía Blanca podrían haber sido plantados. Y no por la Bonaerense. Muy atrevida.

Pero además, como quien no quiere la cosa, la misma jueza ya parece estar segura de qué pasó con Facundo, pese a que no es quien investiga y, por el contrario, viene demostrando desinterés absoluto en la causa y desprecio notorio a la familia de la víctima.

La jueza dice que hay “prueba objetiva y de calidad reunida en la causa” que daría cuenta de que Facundo nunca pasó por las comisarías de Mayor Buratovich, Teniente Origone o ninguna otra. Por el contrario, ella asegura que esas “pruebas” dan cuenta de que el joven “siguió su camino”, “dejando atrás los controles policiales y transitando el camino de vías que bordea la ría, lugar donde fueron hallados sus restos”.

En tiempos en los que se habla tanto de las “fallas” y mediocridades del Poder Judicial argentino, bien vale afirmar que, visto todo el derrotero de la causa por desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, esa afirmación de la jueza Marrón ya debería ser analizada en el marco del delito de prevaricato y ameritaría su recusación sin dilaciones.

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Lo que sí les concedió la jueza a los fiscales

En el mismo fallo de este viernes y, quizás buscando no firmar prematuramente su certificado de defunción (judicial), la jueza sí dio lugar a algunos pedidos de los fiscales Heim y Azzolin. Pedidos que no son menores pero que, a la luz de las negativas arriba descriptas, pueden sonar a “poco”.

Una de las medidas que ordenó Marrón fue el secuestro (si es necesario vía allanamiento de su domicilio) de una libreta de anotaciones personales que el capitán Alberto González usó el 30 de abril. Está comprobado que el policía tenía anotado datos de Facundo Castro pero también, sospechosamente, de la llamada testigo E.R. (por sus iniciales) o “H”, ingresada al expediente por las policías Bonaerense y Federal 75 días después de desaparecido el joven.

¿Por qué González tenía anotado el nombre de la empresaria rural y datos hasta de su Honda el mismo día de la desaparición? Nunca pudo responderlo. Los fiscales afirman que “no se comprende el porqué antecediendo a la informal anotación en la libreta en cuestión de los datos de Facundo Astudillo Castro, ya estaban consignados los de la testigo ‘H’, incluidas las referencias a la camioneta que tripulaba y en la cual, presumiblemente, habría trasladado al joven”. Además, inexplicablemente, aparecen los datos de la hija de la “testigo”. El secuestro de esa libreta ya había sido solicitado previamente, sin éxito.

¿Quién es González?

Vale recordar que sobre González pesa la sospecha de haber tenido un rol protagónico en la desaparición y posterior muerte de Facundo. Porque el oficial tenía a su cargo el destacamento de Origone y, además, fue quien lo detuvo por segunda vez aquella mañana, fotografió su carnet de conductor y, al relatar varias veces el episodio, incurrió en graves contradicciones que lo incriminan. Por si fuera poco, se comprobó que González borró los registros de su teléfono celular.

Por otra parte, este medio pudo confirmar que cuando Cristina Castro afirmó el mismo 1º de octubre en conferencia de prensa que hay resultados de ADN realizados a material biológico “que coinciden” con su perfil genético, se refería a elementos encontrados en el patrullero Toyota Hilux patente PQH491 (registro policial 27.788), que conducía ese día González. Ese móvil al que el agente jura nunca haber subido a Facundo pero que hay sospechas que sí lo hizo en el kilómetro 750 de la Ruta 3.

A González también lo complica el registro del AVL del patrullero. Se trata de un geolocalizador (Automatic Vehicle Location) ubicado en cada móvil policial. En el caso de la Hilux manejada por González surge que el 30 de abril, tras el encuentro que él reconoce haber tenido con Facundo en la ruta, se dirigió a su Puesto de Vigilancia y se quedó ahí por tres horas, desde las 15:51 a las 18.57.

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Las pericias al teléfono de González determinaron que fueron eliminados casi todos los registros de mensajes y llamadas realizados ese día por el policía. En su celular no figuran las siete llamadas que (según la base de datos de Movistar) mantuvo con la Estación de la Policía Comunal de Villarino ubicada en Médanos. A su vez, en el teléfono oficial de la comisaría de Origone también se borraron tres llamadas recibidas el 30 de abril desde la comisaría de Médanos, pese a que Movistar también las tiene registradas.

Determinar si Facundo fue llevado por González a la dependencia policial será clave para derribar las coartadas sostenidas por la Bonaerense y Berni.

El Municipio de Villarino en la mira

La jueza Marrón también aceptó el pedido de los fiscales del 1° de octubre respecto a que se ordene a las autoridades del Municipio de Villarino la entrega de la información que tengan de todas las lectoras de patentes que funcionan en torno al puesto de control Zoofitosanitario del Senasa (kilómetro 714 de la ruta 3). En particular pidieron los registros de todos los vehículos captados por esas cámaras entre el 30 de abril y el 8 de mayo, en ambas direcciones (sentido a Bahía Blanca y a Pedro Luro).

Heim y Azzolin afirman que hasta el momento “se cuenta con resultados diversos y disímiles arrojados por los informes aportados por el Municipio de Villarino”. Y consideran “de vital trascendencia determinar con precisión, y sin margen de duda alguno, si efectivamente han transitado por dicho puesto de control aquellas personas que vieron y/o entablaron un contacto con Facundo Astudillo Castro”, en referencia tanto a la testigo E.R. (o “H) pero sobre todo a los tres de los testigos que aseguran haber visto a Facundo ser subido a un patrullero (posiblemente el de González).

El pedido llega hasta el 8 de mayo porque ese día se produjeron algunos hechos altamente sospechosos. Si bien no se sabe qué pasó con Facundo luego del 30 de abril, ocho días después la sargento Siomara Flores desinstaló Whatsapp y redes sociales de su teléfono (los reinstalaría poco después en otro celular). Mientras ella borraba de un plumazo chats, imágenes y videos, otros policías a bordo del Totoya Etios OMP-782 de la Unidad de Policía de Prevención Local de Bahía Blanca recorrían la zona donde sería hallado el cuerpo de Castro tres meses después. En el baúl de ese vehículo es donde el perro Yatel (y no los perros de la Federal) encontró la turmalina de Facundo.

Quizás por internas político-judiciales o por razones personales que se desconocen, la jueza Marrón aceptó el pedido de Heim y Azzolin y ya se ordenó a la Gendarmería que vaya a buscar la información obrante en el sistema de lectoras de patentes de Villarino, partido gobernado desde hace cinco años por el massista Carlos Bevilacqua.

Finalmente, la titular del Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca aceptó otro pedido de los fiscales Heim y Azzolin. Marrón ordenó cursar solicitudes a las sedes de Facebook, Instagram, Whatsapp y Gmail (Google) para que brinden información sobre usuarios y contenidos de las cuentas utilizadas por Jana Curuhuinca, Mario Sosa, Alberto González y Siomara Flores, los cuatro policías sobre los que cada vez más recaen las sospechas de integra el pelotón bonaerense encargado de detener, desaparecer y matar a Facundo Castro.

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Pronóstico reservado

La tardanza en responder al pedido de los fiscales por parte de la jueza Marrón (dos semanas) se debe sin dudas a una profunda reflexión de parte de la magistrada respecto a “qué dar y qué no” en una causa plagada de irregularidades, comenzando por el hecho de que la misma Policía Bonaerense tuvo a su cargo la “investigación” durante los primero dos largos meses de la desaparición del joven de Pedro Luro.

Consultadas por La Izquierda Diario sobre la negativa de la jueza a conceder esa producción de pruebas fundamentales, altas fuentes del caso (no Marrón ni el fiscal Martínez, claro está) prefirieron mantener la cautela y estudiar en profundidad las 33 páginas del fallo que es, a priori, un aporte inestimable a la impunidad.

Ahora las querellas (la familia de Facundo y la Comisión Provincial por la Memoria) tienen la tarea de dilucidar si María Gabriela Marrón no está buscando otra cosa que ser recusada en la causa y, así, ser apartada de un caso que se transformó en una espada de Damocles para el régimen judicial-policial-político del que forma parte.

Con argumentos casi bizarros, la jueza se niega a que los fiscales puedan avanzar en sus más que legítimas y fundadas líneas investigativas. ¿No es suficiente para eyectarla del expediente?

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