Desaparición y encubrimiento. Caso Facundo: niegan indagar y detener a policías que dijeron “fuimos nosotros”

La novedad del caso es que el fiscal federal Ulpiano Martínez, a cargo de la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, volvió sobre sus pasos y, días después de pedir las detenciones de dos policías (pedido rechazado por la jueza María Marrón) negó él mismo darle curso al pedido de detención de esos mismos agentes y otros dos realizado el 4 de agosto por la familia del joven desaparecido.

En la negativa de Martínez se deja traslucir un nuevo "favor" a la Policía Bonaerense, más aún cuando en el expediente, según fuentes que conocen el caso al detalle, hay infinidad de elementos que llevan a concluir que hay un verdadero plan de encubrimiento con múltiples actores.

Mensajes autoincriminatorios

“Quedate tranqui Janita, nadie sabe que fuimos nosotros. Aparte es como dice el jefe, nosotros hicimos nuestro trabajo”, le dijo por WhatsApp el oficial de la Policía Bonaerense Mario Sosa a su “camarada” Jana Curuhinca. Fue el mediodía del viernes 3 de julio, cuando el caso de Facundo ya estaba en muchos medios regionales y en algunos de alcance nacional como (La Izquierda Diario). Ése y otros mensajes constan en el expediente.

En otro mensaje, luego de que Curuhuinca le dijera a Sosa estar muy preocupada por la posibilidad de que “los desafecten” durante el proceso judicial, éste intentó tranquilizarla nuevamente. “No creo, que se dejen de joder”, le dijo a su compañera buscando tranquilizarla. Pero ella insistió: “como dice que tres testigos vieron cómo lo subíamos al patrullero en Burato (por Mayor Buratovich, NdR) y lo llevábamos, cómo lo hostigamos y toda esa cosa”.

La preocupación mayor de Curuhuinca era no ver venir “el sogazo de golpe, estar alerta aunque sea para tomarme unas vacaciones, jaja”. Lo jocoso del mensaje no impide ver con claridad el nivel de conversaciones en el marco del proceso de negaciones, encubrimientos y “pacto de silencio” instaurado por el personal que realiza tareas al mando de Sergio Berni.

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Jana Jennifer Curruhinca y Mario Gabriel Sosa son quienes el jueves 30 de abril a las 10 de la mañana detuvieron a Facundo en el cruce de la Ruta 3 y la calle San José Obrero de Mayor Buratovich, cuando el joven llegaba desde su pueblo, Pedro Luro. Allí le labraron un acta por violar la cuarentena y, según declararon en la causa, lo dejaron seguir y no lo volvieron a ver.

Sosa es el agente que aparece en la fotografía sacada en ese momento por la misma fuerza represiva. Foto que la misma Policía le dijo durante más de un mes a Cristina Castro que había sido "extraviada" pero que apenas la causa pasó al fuero federal la difundió entre periodistas "amigos". Allí se lo ve a Sosa junto a Facundo, ambos delante del patrullero Toyota Hilux registro 23360, en tanto que la mochila marca Wilson del joven aparece en el piso, junto a la rueda delantera izquierda.

En el marco de las medidas de prueba solicitadas por las querellas (la familia y la Comisión Provincial por la Memoria -CPM-) en los teléfonos de ambos policías y de varios de sus colegas se registraron numerosas conversaciones de chat borradas.

Las fuentes estiman que al menos el 80 % de lo que conversaron (por escrito y por audios) entre los policías durante los meses de mayo, junio y mediados de julio fue borrado. Se trata de datos, nombres y lugares que, objetivamente, pueden comprometerlos en un crimen de lesa humanidad.

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Fiscal de parte

Lo curioso es que el fiscal Ulpiano Martínez acaba de rechazar el pedido de detenciones de Sosa y Curuhuinca realizado por la querella (que fue acompañado por la CPM) cuando él mismo, el 31 de julio, le había pedido a la jueza federal María Gabriela Marrón que ordenara sus detenciones. ¿Curioso? No tanto.

Para el fiscal Martínez el 31 de julio había suficientes pruebas para detener a ambos efectivos de la Bonaerense. Pero ahora ya no. ¿Será que sus convicciones cambian con el rotar de la luna? Cuando la juez Marrón le rechazó el pedido de ambas detenciones, entre gallos y medianoche Martínez cambió de opinión.

Lógicamente, ahora para Martínez tampoco hay razones para indagar, imputar y detener a los otros dos efectivos de la Bonaerense sobre los que, al menos para la querella, sobran pruebas. Se trata del oficial Alberto González y la sargento Siomara Flores. El primero se contradijo en declaraciones testimoniales y la segunda cometió varias acciones más que sospechosas.

En su primera declaración testimonial, el 15 de junio, González les dijo a sus colegas bonaerenses que el 30 de abril fue al kilómetro 750 de la Ruta 3 tras recibir un llamado de “un ciudadano” que avisó que un chico estaba a la vera de la ruta. Que al llegar al lugar se encontró con Facundo, lo requisó, verificó con la Seccional de Médanos que ya había sido infraccionado (por Curuhuinca y Sosa), lo “dejó seguir” y por el espejo retrovisor vio que el joven se subió a una camioneta Duster Oroch “gris oscura”.

Cuatro días después el mismo González, consultado por la familia de Facundo en medio de un rastrillaje “trucho” (tal la calificación de la querella), negaría que vio al joven subir a una camioneta sino que lo vio “irse caminando” por la banquina. Esa versión es la que luego terminaría defendiendo en su testimonial en la Fiscalía Federal 1 de Bahía Blanca, ya en la causa por “desaparición forzada”. Y esa es, según el maniobrero y poco confiable fiscal Martínez, “la que vale”.

El caso de la sargento Siomara Flores ya fue comentado en este sitio. Ella es quien se presentó a declarar a mediados de junio y, con “inconstancias, incongruencias y contradicciones” (según consideró la querella) dijo que el 30 de abril “levantó” a Facundo cuando hacía dedo y lo condujo unos 30 kilómetros desde Mayor Buratovich a Teniente Origone.

Pero también es quien, el 13 de julio, acompañó al oficial Sosa a la subcomisaría de Buratovich a “informar” que “un hombre” había ido a la casa del oficial a decirle que un albañil le había dicho que había una vecina de Buratovich que “habría sido la persona que habría llevado a Facundo a Bahía Blanca”. Un hecho que la querella identificó claramente como una testigo “plantada” pero que para la Bonaerense, para medios bahienses como La Brújula y, más grave aún, para el ministro de Seguridad Sergio Berni, es un testimonio más que creíble y casi contundente.

De las pericias sobre los teléfonos de los policías se pudo determinar que el 8 de mayo la sargento Flores directamente desactivó la red WhatsApp de su celular. Fue cuando Facundo llevaba una semana desaparecido pero aún el caso estaba “encerrado” en las fronteras pueblerinas de Pedro Luro. Desde ese día, inexplicablemente, Flores decidió no usar más esa popular y universalizada aplicación de mensajería escrita, sonora y audiovisual.

Hace pocos días, ante esas y muchas otras evidencias que constan en el expediente pero por el momento es menester no difundir (si es que se busca en serio la verdad sobre lo que pasó con Facundo), el fiscal Ulpiano Martínez rechazó el pedido de detenciones de Sosa, Curuhuinca, González y Flores.

Todos bonaerenses que confirmaron haber visto a Facundo Castro ese 30 de abril (en diferentes circunstancias). Algunos de ellos, como González, cumpliendo tareas en la subcomisaría de Teniente Origone, en cuyo patrullero el perro Yatel del perito Marcos Herrero halló rastros biológicos y en cuyo edificio el mismo can encontró la “sandía” que la abuela le había regalado una década atrás al joven.

Y otros, como Curuhuinca y Sosa, habiendo dejado constancia en mensajes telefónicos (en el 20 % que no fue borrado y fue alcanzado por las pericias) de que ellos tienen mucho que ver en lo que le pasó a Facundo. Por mucho menos, en otros casos donde “la gorra” no está tan metida en crímenes atroces, que alguien le diga a algún cómplice “fuimos nosotros” es casi plena prueba. Acá, por el momento, parece que no.

Mientras tanto, esos efectivos siguen gozando de plena libertad para entorpecer la investigación, amenazar a testigos y reunirse con sus "camaradas" (considerados "esenciales" por el Gobierno de Axel Kicillof en medio de la pandemia) para seguir pergeñando el plan de encubrimiento.