Luego de casi un mes de silencio, el gobernador de Santa Fe pide esperar a que la justicia santafesina resuelva, niega la responsabilidad policial y apunta contra los militantes y jóvenes que se movilizan junto a la familia Casco.
Constanza Villanueva Abogada del CeProDH
Sábado 8 de noviembre de 2014
En una entrevista en Rosario Directo de Canal 5 el gobernador Antonio Bonfatti declaró: "En el caso del chico Casco soy el primero que quiero que se resuelva ya, pero hay pericias, hay forenses, intervino un fiscal, esperemos que se resuelva, pasó una semana", dijo y señaló que las pintadas fueron realizadas por "grupos de militantes oportunistas, identificados perfectamente, que a siete días de ocurridos los hechos, ya están condenando". Y para disminuir la violencia, recomendó "buscar en las raíces que están en la familia, en la educación que brindamos, qué hacemos con el diálogo, las relaciones entre las personas, ahí está la profundidad del tema".
Hoy se cumple un mes desde que a Franco Casco se lo vió por última vez con vida en la Comisaría Séptima de Rosario y del incansable peregrinar de la familia que se viene enfrentando al destrato, negligencia y encubrimiento de la policía por parte de la Fiscalía; versiones tendenciosas de los medios de comunicación y funcionarios políticos como Ignacio Del Vecchio.
Las polémicas declaraciones del gobernador a esta altura de los acontecimientos, horas después de la enorme movilización pidiendo justicia para Franco que encabezaron los familiares y que cubrió La Izquierda Diario "Como a Luciano Arruga a Franco Casco lo mató la policía" ; resultan como mínimo una falta de respeto y displicencia. Elsa Godoy, mamá del joven de 20 años que apareció sin vida en el río Paraná el 30 de Octubre, no se cansa de decir que a su hijo lo mató la policía. Bonfatti niega las responsabilidades policiales e incluso desliza que hay que “buscar en las raíces que están en la familia”, un vergonzoso intento de responsabilizar al grupo familiar que acaba de perder a un hijo y un hermano.
Bonfatti también miente
La inacción de la Fiscalía encubriendo a la Policía al permitir que la sección Asuntos Internos de la fuerza se investigue a sí misma, fue toda una declaración de intenciones para no buscar a Franco y avaló que se destruyan pruebas fundamentales como las cámaras de video de vigilancia de la zona y dio tiempo al personal policial de la comisaría Séptima para “armar” un relato común para garantizarse impunidad.
Según pudo presenciar La Izquierda Diario y organismos de Derechos Humanos en las audiencias públicas de los días 29 y 30 de Octubre por el Hábeas Corpus presentado por la Defensoría General de la Provincia, quedó manifiesto el circo montado por el personal policial y la Fiscalía. Se demostró que la detención de Franco fue ilegal a partir de las declaraciones del jefe de la seccional séptima, subcomisario Diego Alvarez y el oficial Cesar Acosta quienes aprehendieron al joven por “estar solo al lado de un árbol”. Las sospechosas lagunas en la declaración de la médica policial María Elena Zelaya, a la vez que se sonreía burlonamente frente a los familiares de Franco, negando recordar que revisó al joven en la comisaría, que confeccionó un acta y le tomó fotos al rostro desfigurado por los golpes que luego fueron mostradas a la mamá por la Fiscalía; no dejan lugar a dudas. Desaparición Forzada de Persona, un delito de lesa humanidad que corresponde investigar al fuero federal como solicita la familia aunque ninguno es garantía de justicia. Es de destacar, que días después del hallazgo de Franco sin vida, se allanó un prostíbulo en frente de la Comisaría Séptima y, al día siguiente, los presos de dicho destacamento se amotinaron pidiendo traslado.
La inseguridad que viven miles de jóvenes trabajadores y pobres
Hace 6 meses, que la ciudad de Rosario está virtualmente militarizada. La ministra de Seguridad de la Nación, Cecilia Rodríguez, le confirmó anteayer a la intendenta de Rosario Mónica Fein que los efectivos de Gendarmería y Prefectura continuarán en la ciudad “con la misión de prevenir delitos en los barrios”. A la salida de la reunión, Fein fue consultada por la prensa sobre versiones que circulan en redes sociales y que abonan la posibilidad de que surjan conflictos en Diciembre como el del año pasado, cuando se acuarteló la policía santafesina en reclamo de mejoras salariales. La intendenta respondió negativamente y dijo: “tenemos permanente diálogo con movimientos sociales, organizaciones e instituciones territoriales y estamos en permanente contacto y trabajando todos para que tengamos un muy buen fin de año".
También declaró en referencia al año electoral: “quieren estigmatizar a Rosario y eso nos hace mal a todos los rosarinos”.
La Policía de la provincia de Santa Fe encabeza desde hace tiempo, el ránking nacional de casos de “Gatillo Fácil” además de gerenciar los negocios del narcotráfico y trata de personas. Desde Abril de este año, se han sumado a la Santafesina S.A, tres mil efectivos de las fuerzas federales al mando de Sergio Berni. Organismos de Derechos Humanos, han denunciado la ocupación territorial y la proliferación de denuncias de casos de golpizas, detenciones arbitrarias, vejámenes y todo tipo de abusos.
Bonfatti comanda las fuerzas “del orden” que asesinaron a Franco Casco como a tantos otros, pero el gobernador pide “esperar” y apunta a "grupos de militantes oportunistas, identificados perfectamente, que a siete días de ocurridos los hechos, ya están condenando". Los únicos “grupos de militantes oportunistas” que se han visto en la Comisaría, en Fiscalía, en Defensoría, en la morgue judicial y en las calles rosarinas que “condenan” a la policía, son los familiares de Franco Casco junto a miles que piden justicia.
Ser joven, trabajador y pobre en estos pagos no resulta nada fácil.
