Un caso impune que develó las turbias relaciones del poder político, económico y judicial en la provincia de Córdoba.
Sábado 26 de noviembre de 2016 00:00
El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por un comando bajo las órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.
Las tres mujeres militaban en el izquierdista Movimiento Revolucionario 14 de Junio, que buscaba derrocar al dictador anticomunista. Después de la Revolución Cubana del 1 de enero de 1959, la oposición a Trujillo se hizo más fuerte y el Gobierno corrupto de Santo Domingo, apoyado por Estados Unidos; vio el surgimiento de una guerrilla al estilo castrista y desató una feroz represión.
Tras el asesinato de las hermanas Mirabal, la Casa Blanca le quitó el apoyo a Trujillo y éste finalmente fue ajusticiado en un atentado cometido seis meses después, el 30 de mayo de 1961.
En homenaje a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal; la ONU institucionalizó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Exactamente 46 años después, paradójicamente, en la lejana Río Cuarto, la madrugada del 25 de noviembre de 2006 fue asesinada Nora Dalmasso (51). La encontró un vecino al día siguiente en su chalé de Villa Golf, un barrio exclusivo, abierto y con aspiraciones de country: la mujer estaba desnuda, en la cama de su hija, con un cinto de bata ahorcándola.
Su marido, el médico Marcelo Macarrón (57) había viajado el jueves anterior junto a un grupo de amigos a disputar un torneo de golf a la ciudad uruguaya de Punta del Este. Su hijo mayor, Facundo Macarrón (29) estaba viviendo en Córdoba, donde estudiaba Derecho. Y su hija Valentina (26), se encontraba en un intercambio estudiantil en Estados Unidos.
Durante más de nueve años, la causa estuvo en manos del fiscal de Instrucción, Javier Di Santo, quien realizó una investigación sinuosa y por el mismo crimen tuvo a tres imputados, con tres acusaciones distintas: el ex asesor del Ministerio de Gobierno y Seguridad, el abogado delasotista Rafael Magnasco; el pintor Gastón Zárate, único detenido del caso, liberado 24 horas después, luego de una masiva movilización conocida como “el perejilazo”; y el propio hijo de la víctima, Facundo Macarrón.
En los últimos meses en que el caso estuvo en la fiscalía de Di Santo, “sólo acumuló tierra”, graficó una fuente.
Pero en marzo pasado, el nuevo fiscal del caso, Daniel Miralles –un abogado con muy buena llegada con el gobernador cordobés Juan Schiaretti- dio un giro en la investigación y acusó al viudo Macarrón por el asesinato de su esposa Nora Dalmasso. “Homicidio calificado por el vínculo”, fue la imputación, luego de releer el voluminoso expediente de más de 25 cuerpos. La acusación de femicidio no pudo ser, porque el crimen fue cometido antes de la sanción de la ley que caratula así a este tipo de crímenes de género.
“La situación de Macarrón, a mi entender, está comprometida desde el punto de vista del material genético hallado en la escena del crimen desde hace tantos años. El material genético lo ubica en la escena del crimen, eso es indudable. Es una prueba científica irrefutable esa”, sentenció ayer Miralles en una conferencia de prensa que dio en los Tribunales de Río Cuarto. También admitió que “hasta que no reúna la prueba no puedo emitir una resolución, porque si no la investigación me va a quedar incompleta”.
La acusación de hace ocho meses se basó, en principio, a la abundante prueba genética colectada por los médicos forenses en el cuerpo de la víctima y la escena del crimen:
Además, en estos ocho meses, el nuevo fiscal sumó más pruebas que complican la situación procesal del viudo Macarrón. En mayo pasado, Miralles y un colaborador viajaron a Punta del Este a entrevistar testigos para corroborar si efectivamente, el principal sospechoso del crimen que conmocionó a Córdoba estuvo entre el jueves 23 y el lunes 27 de noviembre en Uruguay, donde participó del Torneo de golf semi-senior del Mercosur en el Cantegril Country Club de Punta del Este.
La hipótesis del móvil económico siempre sobrevoló la investigación. En enero de 2012, el diario Clarín publicó fotos de Nora Dalmasso y su marido Marcelo Macarrón en una visita en 2003 a las Islas Vírgenes; tres años antes del crimen. Este archipiélago caribeño es un reconocido paraíso fiscal.
Y a fines del año pasado, la revista El Sur, había revelado una grabación realizada por la vieja Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a fines de 2006 donde se escuchaba a un agente propio de la Delegación Córdoba que decía: “Esta chica (por Nora Dalmasso) se habría enterado que lo estarían usando a Macarrón como que estaba, no te digo lavando dinero o algo por el estilo, pero a través de Macarrón, entonces la mujer se entera y se pone loca y el grupo habría dicho mirá negro, encárgate de este tema, solucionalo”; fortaleciendo la línea del asesinato por motivos económicos.
En mayo pasado, también, el blog Clickear reveló que el viudo Macarrón armó una sociedad off shore en Miami, Estados Unidos, con la que compró, al menos, un departamento.
Hace tres años y medio, el 4 de abril de 2013, Macarrón junto a un socio, abrieron en Miami la sociedad DRMM Corp; con la que, el 1 de julio del año siguiente compraron el departamento 135 del complejo Avila South ubicado en 210 172nd Street de la pequeña localidad de Sunny Isles Beach, en el condado de Miami-Dade. Esta sociedad off shore sigue activa y no fue declarada a AFIP.
A mediados de mayo, el viudo y único acusado del asesinato de Nora Dalmasso, y su socio realizaron un depósito de US$ 5.000 para gastos de dicho departamento.
Cuando se descubrió el cadáver de Nora, desde el círculo íntimo de los Macarrón se instaló la hipótesis de un juego sexual fatal con un amante. Tapando la hipótesis del femicidio. Para ello hubo una fuerte apoyatura desde la Policía, la Justicia y el poder político cordobés. El gobernador en esa época era José Manuel de la Sota, quien se había mudado a Río Cuarto.
Por caso, el lunes siguiente del femicidio de Nora, el 27 de noviembre de 2006, el jefe de la Unidad Regional Río Cuarto de la Policía de Córdoba, comisario mayor Sergio Comugnaro debió presentarse en Córdoba a rendir para acceder a un ascenso y la investigación fue dirigida por el comisario inspector Rafael Gustavo Sosa, jefe de la División Homicidios, quien años después fue condenado por el narcoescándalo que reveló la protección policial a narcotraficantes.
Sosa junto al fiscal Di Santo y dos fiscales designados por el entonces fiscal General, Gustavo Vidal Lascano –Fernando Moine y Marcelo Hidalgo- direccionaron el caso para acusar del homicidio a un “perejil” como el pintor Gastón Zárate. El reclamo popular desbarató esa operación policial-judicial. Incluso, De la Sota ordenó a sus legisladores del PJ que inicien un jury a esos tres fiscales, que luego deliberadamente fue frenado.
Durante los más de nueve años en que la causa estuvo en la fiscalía de Di Santo, nunca se investigó al viudo, debido a su relación con el poder político cordobés.
Con la llegada en diciembre del año pasado de Juan Schiaretti a la gobernación de Córdoba, el caso tomó impulso nuevamente. El fiscal Miralles adhiere al schiarettismo dentro de la interna del peronismo judicial. Mientras que el fiscal General, Alejandro Moyano –jefe de Miralles- se ha encolumnado con sus acciones frente al Ministerio Público Fiscal detrás del ex gobernador.
En abril pasado, durante una visita a Río Cuarto, el gobernador Schiaretti habló por primera vez del femicidio de Villa Golf: “Como cordobés y también como gobernador de la provincia, me indigna que a Nora Dalmasso la mataron muchas veces y de víctima me parece que la quieren hacer victimaria de la manera en que ha sido tratado este caso a lo largo del tiempo. Esto me parece que no puede ser, porque termina siendo una agresión a la mujer”. En 2007, cuando era vicegobernador y la causa se inclinaba contra el pintor Zárate, Schiaretti había hablado del caso, pero sin nombrarlo explícitamente: “No puede haber una Justicia para pobres y otra para poderosos”.
Los dichos de Schiaretti en abril fueron un espaldarazo al fiscal Miralles: “En el fondo, es un ataque a la mujer la manera en que se ha tratado el caso Nora Dalmasso. Esto trasciende la actuación que tiene que tener la Justicia, que es quien debe responder cómo va la causa”.
Ayer, el fiscal Miralles dejó en claro dos cosas: que la prueba genética es contundente para acusar al viudo Macarrón por el crimen de su esposa. Y que esa prueba sola no le alcanza para llevarlo a juicio. Por eso trabaja contrarreloj para sumar más indicios que completen el caso. El fiscal está convencido que ese fin de semana, el viudo voló clandestinamente entre Punta del Este y Río Cuarto, cuando asesinó a Nora mientras mantenían relaciones sexuales. La ventana horaria de los testigos así lo confirman: nadie lo vio en Uruguay durante seis horas, la madrugada del sábado 25 de noviembre. Y busca pruebas para confirmar su hipótesis. Incluso, espera informes que le llegarán desde Uruguay, que solicitó antes de la feria judicial de julio.
Pese al repunte de la investigación, la madre y el hermano de Nora; Delia Grassi y Juan Dalmasso, se quedaron sin abogado querellante, luego de que despidieran a Diego Estévez, un abogado que siempre jugó en sintonía con los Macarrón. Todavía no designaron nuevo abogado. “Yo sólo no puedo con todo, falta un querellante que trabaje complementariamente”, se queja Miralles entre sus allegados, confiaron fuentes del caso a La Izquierda Diario.
Los familiares de la víctima se debaten en contratar a un peso pesado de Córdoba que pueda desbaratar las chicanas de Marcelo Brito -defensor de Macarrón y ex fiscal General de De la Sota en su primera gobernación-; o un abogado local que acompañe las acciones del fiscal.
Miralles sabe que el tiempo le corre en contra. La calificación de “homicidio calificado por el vínculo” hace que el delito prescriba pasados 15 años de ocurrido. Con el defensor Brito planteándole chicanas judiciales a cada paso, el fiscal no quiere dejar cabos sueltos y que el juez de Control, Jorge Medina –de reconocida alineación con el ex gobernador De la Sota- le anule la elevación a juicio con el pretexto de que la investigación está incompleta y empantane el caso hasta su prescripción. Otra vez, como en un principio, el femicidio de Villa Golf se ve ensuciado por las relaciones de los sospechosos con el poder político cordobés.
Ayer, en toda Argentina habrá marchas en recuerdo por los asesinatos de las hermanas Mirabal. Por #NiUnaMenos. Una década después, el caso Nora Dalmasso, sigue impune.
