Otra vez una niña de 11 años es obligada a parir producto de una violación; Matías Huerta, dirigente UDI sale a la luz como un maltratador de mujeres; una mujer es atacada en casa blanca por su orientación sexual; y un nuevo femicidio en Concepción se hace noticia.
Lunes 15 de agosto de 2016
La agenda noticiosa nacional está permanentemente agitada entre la polémica por las AFP’s, los escándalos de corrupción, las muertes del Sename, las polémicas reformas del gobierno y una serie de grietas profundas que se reflejan en la creciente deslegitimidad a nivel social del sistema político, económico y social de Chile; una de estas grietas es permanente y lo hace más allá de las coyunturas políticas: la violencia hacia la mujer.
Esta continua violencia transversalmente se replica en cada una de las esferas de la realidad chilena, desde la cotidianidad “privada” hasta los marcos institucionales y las políticas públicas. El triste recuento de la semana pasada que incluye una menor abusada y obligada a parir, un político empresarial y precursor de la moral eclesiástica maltratando infamemente a su pareja, una agresión lesbófoba y un femicidio son eslabones o dimensiones del mismo fenómeno: la violencia machista en una sociedad capitalista y patriarcal, que materializada históricamente corresponde a todo el legado de la Dictadura Moral que se impuso en Chile al son en el que también se imponían la tiranía del neoliberalismo de las AFP’s y la privatización de todos los derechos sociales.
El debate sobre el derecho al aborto que reabre el caso de la menor con 20 semanas de embarazo es la “evidencia de la magnitud de la violencia sexual hacia las niñas y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad”, estas son acertadas palabras que Camila Maturana de la Corporación Humanas les concedió a el diario El País en una nota; pero no sólo es evidencia de la magnitud de la violencia sexual contra las mujeres, sino que también es la magnitud de la violencia institucional de este país sobre una víctima que ha sufrido el calvario de ser violada y abusada sexualmente sin la posibilidad ni la capacidad de pedir auxilio en el momento exacto y que es forzada a parir.
El proyecto de las tres causales aún no ha sido aprobado a raíz de la polémica que genera la causal de violación entre el minúsculo puñado de congresistas financiados por grandes empresarios, una polémica irrisoria, pues datos de la encuesta CADEM el 2015 mostraron que el 69% de la población aprueba el aborto en caso de violación.
De todas formas si se aprobase, esta menor tampoco tendría el derecho de rehacer su vida con 20 semanas de embarazo forzoso, pues el proyecto contempla esta causal hasta las 12 semanas y 14 (en casos extremos) de desarrollo fetal, cuando la propuesta inicial era de 18, lo que nuevamente nos plantea que el proyecto de aborto del gobierno de la nueva Mayoría cubre sólo entre un 3% y 5% de los abortos clandestinos en Chile y que es insuficiente aun para las mujeres violentadas sexualmente, quienes, según datos recavados por la ginecóloga infantil y adolescente Andrea Hunneus, son principalmente niñas: un 66% son menores de edad y de ese enorme porcentaje un 11% tiene menos de doce años y son violentadas en un 90% por algún familiar o cercano, para la especialista y, según sus observaciones del panorama esta causal no debería tener límites de tiempo ya que la mayoría de las víctimas por su corta edad y su situación de marginalidad no denuncia a tiempo ni pide auxilio; es decir, ni siquiera la clandestinidad es una posibilidad que pase por la frágil psicología de una niña de 11 o 12 años.
El gobierno sencillamente no quiere resolver este drama de manera real y concreta y el movimiento feminista en Chile ha sido claro y no titubea en exigir el derecho al Aborto Libre, Seguro y Gratuito. El proyecto de las 3 causales sigue estancado y en Chile sigue ocurriendo que hay 17 violaciones diarias y 34 abusos sexuales según datos del mismo Ministerio Público hace 5 años atrás. Una situación que ya es insostenible, de la cuál el Estado no se hará cargo por voluntad política de quienes dirigen el país.
Esta voluntad política se refleja en dichos pro-vida como “El aborto es un crimen cobarde, que se dirige en contra de seres inocentes e indefensos” o “De ser aprobado el aborto, nuestro país estaría validando una violación masiva, sistemática y brutal contra el mas básico derecho humano” Estas virtuosas frases subidas a Twuitter son, nada más ni nada menos, que de Matías Huerta, el ex dirigente UDI y ex candidato a concejal de su partido quien no subió a esta red social sus otras frases de “te voy a seguir sacando la mierda donde te vea” que le dijo a su pareja en medio de una brutal agresión grabada por la víctima.
No conforme con esto, Huerta renuncia para proteger a su partido UDI y dice que estar motivado a buscar la ayuda profesional que se merece para superarlo, victimizándose como “enfermo”: una persona enferma es una persona desvalida, él es un victimario, un maltratador sano que es tan sano como para militar en un partido político que ha sido clave en sostener la violencia que a diario recae sobre mujeres y niñas que luego de ser violadas son forzadas a parir, gracias a la legislación inspirada por Jaime Guzmán y maquillada por la Nueva Mayoría, según se observa con datos en esta misma nota.
La ministra del Sernam Claudia Pascual aparece en el escándalo con la única y escueta solución política que el Estado ofrece en caso de violencia contra las mujeres; la denuncia y la asesoría a la víctima.
Denuncia y asesoría que jamás le sirvió de herramienta a la mujer que fue encontrada muerta en Concepción, Gisela Ferraro de 30 años, femicidio número 28 en lo que va del año, caso 28 en el que triunfa la violencia contra las mujeres en el ámbito privado y también en la institucionalidad del Estado, que no sólo puede no garantizar el derecho al aborto, sino que no es capaz de garantizarles el derecho a la vida a estas 28 mujeres asesinadas solamente este año.
Por otra parte salta un nuevo caso de agresión por orientación sexual en Casa Blanca hacia una mujer, el victimario es otro hombre maltratador de mujeres, otro Matías Huerta, pero anónimo, pues ya había agredido brutalmente a su pareja quien era amiga de la víctima de lesbofobia; nuevamente sólo asesoría y orientación para la víctima, pero ahora ni siquiera del Estado, sino que de la ONG del Movilh.
Una semana de triste recuento para las mujeres, en la que cada hecho es un eslabón de la larga cadena de violencias que Chile reserva para las mujeres, cadena que el gobierno pretende sencillamente maquillar, pues ampara esta violencia y la reproduce mediante su legislación, su desigualdad, sus planes de precarización laboral, su sistema de pensiones y su inseparable alianza con la Iglesia Católica y no en menor medida con las demás iglesias.
Esta cadena sólo será cortada a través de la irrupción de la indignación masiva, que como en el país vecino de Argentina repletó un movimiento masivo con la consigna “ni una menos”, consigna que en Chile también comienza a cobrar importancia, y con la reactivación de la lucha por el derecho al aborto.
No se hace factible otro camino, pues la derecha defenderá la inspiradora herencia de Jaime Guzmán y la Nueva Mayoría se limitará a, en palabras analógicas, maquillar la herida de la mujer violentada, maquillaje que perpetúa el silencio y disimula la violencia, violencia que el mismo Estado ejerce y reproduce.
Y cada semana se repite el recuento y la tonada: Chile un país que violenta y criminaliza a sus mujeres.
