En la noche del lunes la Policía Federal reprimió a trabajadores y vecinos del barrio 17 de noviembre (conocido como Campo Tongui) en el marco de allanamientos por la causa de La Salada.
Martes 27 de junio de 2017 15:35
Imagen: @MotorEconomico
Los efectivos policiales ingresaron al barrio con helicópteros, tirando balas de goma y entrando a las casas sin orden de allanamiento, llevando adelante una verdadera cacería contra los habitantes del lugar, secuestrando máquinas textiles y mercadería. Actualmente el barrio se encuentra militarizado y cerrado por las fuerzas represivas. Hay detenidos que se encuentran alojados en la Comisaría n° 10 ubicada en Puente La Noria.
Jorge Castillo, conocido como el “Rey de La Salada" y principal acusado en esta causa, cuenta con el acuerdo y la complicidad del poder político tanto de Cambiemos como del propio intendente peronista Martín Insaurralde, además de que es conocida su connivencia con la policía y las mafias locales.
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El entramado incluye a los barones del conurbano, mafias policiales, empresarios millonarios que se enriquecen a costa del trabajo ultra precarizado de miles de trabajadoras, trabajadores y jóvenes (muchos reclutados por esas mafias para robar). Los aprietes y amenazas son algo cotidiano e incluso muchos son golpeados o torturados, tal como se denuncia en la causa con videos que muestras a mujeres siendo azotadas.
No es casual entonces que esta represión se dé luego de las escuchas que comprometen al intendente lomense quien ofrecería efectivos policiales para estos fines, en la feria que se organiza en la Ribera a cambio de un canon por puesto que iría a parar al Municipio.
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El gobierno nacional pretende despegarse de Jorge Castillo llevando el foco de atención sobre Insaurralde, quien enseguida salió a desligarse de las escuchas que salieron a la luz, negando toda conexión.
Se trata de una gran interna política que una vez más terminan pagando los trabajadores y vecinos pobres del lugar. Familias enteras, en su mayoría provenientes de países limítrofes, que trabajan en talleres clandestinos o sus propias casas en condiciones de superexplotación e insalubridad, con salarios que ni se acercan a la canasta familiar, confeccionando prendas que luego se venden en la feria. Los feriantes trabajan entre 12 y 16 horas en condiciones de extrema insalubridad, y el círculo de trabajo explotado se completa con quienes proveen de alimentos y otras cuestiones básicas a estos trabajadores durante esas largas horas.
El gobierno nacional ahora pretende lavarse la cara, y con un discurso contra la inseguridad aprovecha para militarizar los barrios más humildes donde habitan estas personas, con el claro objetivo de perseguir a trabajadores y jóvenes y mantener el control sobre esta maquinaria de negocios para pocos a costa del sufrimiento de muchos.
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