En el inicio del juicio, la Fiscalía leyó el requerimiento de elevación a juicio. Un imputado fue apartado por “insania mental”.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Viernes 6 de mayo de 2016
Minutos antes de las diez, un centenar de familiares de desaparecidos y organismos de derechos humanos se encontraban ubicados en la sala de audiencias de la Tribunal Oral Federal en lo criminal. Tras una breve espera, ingresará el tribunal compuesto por Gabriel Eduardo Casas, Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. Así mismo, ingresarán los imputados a la sala mientras los familiares cantaban “cómo a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”. Quienes se encontraban apoyando a los represores, una veintena de personas, intentó tapar los cánticos, sin éxito, entonando el himno nacional.
Para iniciar el proceso, se pasó el listado de los 20 imputados, quienes se encontraban en la sala o través del sistema de videoconferencias, desde algún penal. Se trata de Luis Armando De Candido, Ricardo Oscar Sánchez, Ramón César Jodar, Jorge Omar Lazarte, Roberto Heriberto Albornoz, Néstor Rubén Castelli, Enrique José Del Pino, Jorge Gerónimo Capitán, Miguel Ángel Moreno, Alfredo Alberto Svendsen, Pedro Adolfo López, Casiano Pedro Burtnik, Julio César Meroi, Omar Edgardo Parada, Manuel Rubén Vila, Francisco Camilo Orce, Enrique Benjamín Bonifacino, José Luis del Valle Figueroa, José Ernesto Cuestas y José Roberto Abba.
La defensa de Bonifacino pidió que se lo aparte del proceso y se le quite la prisión preventiva por “padecer de insania mental”. El tribunal, luego de deliberar unos minutos, aceptó apartar al imputado, quién permanecerá detenido en prisión domiciliara. El Ministerio Público Fiscal, representado por Pablo Camuña (fiscal general subrogante y titular de la procuraduría de Crímenes contra la Humanidad) y Agustín Chit (fiscal ad hoc), se reservó el derecho de presentar un recurso de casación.
“Un ensayo de la metodología represiva"
En la lectura de los dos requerimientos de elevación a juicio, la fiscalía definió al Operativo Independencia (OI) como “un plan sistemático de exterminio”, “parte de un proceso que terminó en el golpe del 24 de marzo, un ensayo de la metodología represiva que se aplicó luego al país”. Inaugurado con el decreto secreto de Isabel Perón, constituyó “la primera experiencia del terror estatal”.
La lectura abarcó en una primera etapa el marco regulatorio y normativo del OI, describiéndose los códigos militares heredados desde la dictadura de Onganía y también la legislación del gobierno de Perón e Isabel, como la reforma al código penal y, desde ya, los decretos de febrero de 1975. En este tramo se desarrolló la doctrina impartida por los ejércitos franceses (de su experiencia en Indochina y Argelia) y estadounidense (de la guerra de Vietnam).
Luego se pasó a una descripción de la cadena de mandos, la división táctica de las fuerzas represivas en la provincia y las etapas del OI. La militarización total de la provincia, enumerando diferentes operaciones de detenciones masivas. El nivel de despliegue militar y la represión sobre las poblaciones del interior provincial demuestran que un objetivo central era el movimiento obrero. En diferentes tramos de la audiencia se nombraron ingenios como el Fronterita o el ex ingenio de Lules, y empresas con la citrícola San Miguel, como ejemplos de quienes colaboraron con la represión.
También se retomó las definiciones que da Acdel Vilas en su libro sobre su comandancia en el OI, quien habló de una “guerra de inteligencia” donde la obtención de información a través de la tortura era una ley. Así se estableció un circuito clandestino de secuestros, torturas y nuevos secuestros a través de la información obtenida con métodos vejatorios. La clandestinidad de los operativos era acompañada por una fuerte campaña psicológica.
En el último tramo, antes del cuarto intermedio del mediodía, se procedió a una descripción de los centros clandestinos de detención (CCD). Durante el periodo citado, se constataron el funcionamiento de 30 CCD en la provincia, que constituían circuitos y subcircuitos, considerando a la Escuela Diego de Rojas (“la Escuelita de Famaillá”) como el primer CCD. El resto funcionó en dependencias de las fuerzas de seguridad, edificios estatales y predios relacionados con las principales familias de la industria azucarera.
Luego de leer el contexto, se comenzó con la lectura de los hechos repasando cada uno de las 270 víctimas del juicio. Finalmente se leyeron 124 casos de los 270 ya que el tribunal dio un cuarto intermedio hasta hoy a las 9.
