En una audiencia preliminar, la querella de la causa “Villazo”, llevada adelante por APDH con la abogada Julia Giordano como parte del equipo, requirió que la causa comience con la mayor urgencia posible, en Villa Constitución. Además piden imputar a Maria Estela Martinez de Perón.
Jueves 8 de diciembre de 2022 18:56
La audiencia se realizó en los Tribunales Federales de Rosario. Allí la querella solicitó celeridad en la causa, considerando que las víctimas vienen esperando hace años una respuesta del Estado por los crímenes sufridos y muchos de ellos fallecieron sin tener a sus verdugos condenados. Los jueces argumentaron que el retraso se debe a la cantidad de causas abiertas. Sin embargo, desde la querella sostienen que hay motivos políticos por los cuales aún no se avanza en la causa el Villazo, fundamentalmente porque se están enjuiciando a empresarios y responsables civiles de la represión y por otro lado porque el “Villazo” es la prueba de que el plan sistemático del genocidio empezó en el 75 bajo el gobierno peronista.
Los requerimientos de la querella, además de exigir urgencia en el juicio, son el traslado de la causa a la localidad de Villa Constitución, dado que allí es el lugar donde sucedieron los crímenes que se le imputan a los acusados, permite contextualizar la causa y allí es donde residen las víctimas; por otro lado, solicitan que se impute en primera instancia a María Estela Martínez de Perón.
La causa se tramita en Rosario a pedido de la defensa de los genocidas. Cínicamente afirman que en Villa Constitución no están dadas las condiciones de seguridad para los imputados y que tienen temor a represalias. Al cruce le salió la abogada de APDH, Julia Giordano, que les recordó que las verdaderas víctimas son los sobrevivientes y testigos, como Jorge Julio López y Silvia Suppo.
Causa “Villazo”
La causa “Villazo” juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los obreros y habitantes de Villa Constitución, que venían de la histórica gesta conocida con el nombre que da carátula a este juicio. Con más de 400 testigos, más de 60 víctimas y 25 imputados se investiga los crímenes cometidos bajo el gobierno constitucional de María Estela Martínez, con la participación activa de las empresas (Acindar, Marathon, Metcon y otras) y de la burocracia sindical de la UOM Nacional. Este operativo represivo se conoció como “Serpiente Roja del Paraná”, donde fuerzas represivas paraestatales y estatales coparon la ciudad y tuvieron como núcleo represivo a los obreros y a la combativa localidad de Villa constitución, implantando el terror de Estado, con un centro clandestino de detención en las propias instalaciones de la fábrica Acindar, con cientos de presos políticos, torturas y homicidios.
