Esta mañana la Comisión Acusadora de la Legislatura de Jujuy desestimó los pedidos de juicio político impulsados por el oficialismo provincial. Sin los votos suficientes, los diputados de Gerardo Morales debieron retroceder sobre sus pasos.
Martes 12 de noviembre de 2019 12:35
Acostumbrados a mayorías automáticas y apoyos de legisladores peronistas, los diputados de Cambia Jujuy dieron curso a dos dudosas denuncias de “dos valientes ciudadanas”, según dichos del propio gobernador, para iniciarles juicio político al fiscal Alejandro Ficoseco, y a los vocales del Tribunal de Cuentas René Antonio Barrionuevo y Mariana Bernal, y su Presidenta Nora Millone Juncos. Tanto el fiscal como los miembros del Tribunal de Cuentas no pertenecen al círculo de Morales, y ahí uno de los principales motivos del inicio de estas causas.
Pero un “error de cálculos” y el fortalecimiento del peronismo, que después de 4 años de votarle las principales leyes a Gerardo Morales esta vez no le dio los votos que faltaban, obligaron al oficialismo a desestimar las denuncias y archivar el pedido de juicio político. Una derrota auto infligida de un gobierno que todavía no inició su segundo mandato y tendrá que rever su “equilibrio de fuerzas” y “pagar más caro” sus acuerdos con el peronismo, ahora al mando en la Casa Rosada, pensando en los 4 largos años que tienen por delante.
Más allá de esta pequeña zancadilla del peronismo a Morales, la misma no deja de ser una negociación “a cielo abierto” de los términos entre oficialismo y oposición para cogobernar a favor de los “dueños de la provincia” dentro de un régimen bipartidista, sin sacar los pies del plato. Si durante 4 años con Morales y Macri en el poder los sindicatos y organizaciones sociales dirigidas por el peronismo no hicieron más que dejar pasar uno a uno los ataques a los trabajadores y sectores populares, con los Fernández en la rosada ya se perfila la nueva estrategia: hay 2023 para “recuperar” la provincia.
La posición del Frente de Izquierda
En ese sentido, desde el bloque de diputados del PTS en el Frente de Izquierda denunciaron desde un primer momento el accionar del Gobernador como parte de una interna con el PJ, pero sabiendo que todo fortalecimiento del Estado en su conjunto, significa una mayor posibilidad de avanzar aún más sobre el derecho a la protesta de los trabajadores y el pueblo pobre en una provincia donde rige un régimen policíaco. Por eso además de rechazar estos juicios políticos para concentrar el control del Estado, la izquierda exige la derogación del Código Contravencional.
Así mismo, denunció que ningún control se puede esperar del Tribunal de Cuentas, conformado por integrantes puestos a dedo por los gobiernos, sino que el control tiene que estar en manos de los trabajadores estatales, los sindicatos, profesionales de la UNJu y organizaciones de defensa del consumidor, DDHH, entre otras, dado que son los propios trabajadores los únicos interesados en que no existan hechos de corrupción con los fondos públicos.
