Declaración del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de Tucumán en repudio al decreto provincial con el que Jaldo busca encarcelar a jovenes y adolescentes, prohibirles su derecho a la escolarización y criminalizarlos.
Jueves 9 de mayo de 2024 17:21
Repudio al ataque del gobernador Jaldo a los derechos de niños, niñas y adolescentes y la criminalización creciente contra la juventud
En el día de hoy el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció mediante una conferencia de prensa la firma de un decreto que instruye al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Tucumán a adoptar medidas “preventivas” que incluyen la detención de adolescentes, su exclusión educativa y sanciones disciplinarias contra aquellos padres que sean trabajadores del Estado.
La medida adoptada por el ejecutivo provincial utiliza como excusa las recientes peleas callejeras entre estudiantes de diferentes instituciones educativas para perseguir, criminalizar y disciplinar a la juventud, aprovechando para instalar nuevamente la agenda punitiva que pretende la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, tal como sostuvo el legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse, en coincidencia con los sostenido desde hace años por el bussismo.
En sus propias declaraciones a la prensa el gobernador sustuvo su voluntad de perseguir y mantener detenidos a adolescentes en cárceles junto a población adulta, así como la expulsión de las instituciones educativas y la imposibilidad de inscripción en colegio alguno durante lo que resta del año, vulnerando de manera escandalosa el derecho a estudiar y avanzando sobre derechos consagrados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se trata de obligaciones del Estado que, mal que le pese, el gobernador no puede disponer.
El ejecutivo local, en sintonía con la avanzada represiva del gobierno nacional de Milei, intenta crear derecho penal especial a través de la figura de “perturbación del orden público”, algo prohibido por la propia legislación nacional. Es que no se trata de un intento de frenar la violencia como expresaran desde el gobierno sino de crear herramientas para disciplinar a la juventud en un contexto de creciente ajuste y bronca por las medidas que empujan a la miseria a las mayorías.
La propia Gilda Pedicone de Valls, Fiscal de Estado, tuvo que salir a aclarar, en franca contradicción con lo sostenido por el gobernador al sostener que los jóvenes detenidos no podrían ir con adultos y que las sanciones para los padres de chicos están por fuera de lo que el decreto puede prever.
El decreto es completamente ilegal e inconstitucional, un avasallamiento total sobre derechos constitucionales, que busca criminalizar a los adolescentes y que, más allá de su aplicación futura, implica hechos de gravedad institucional en momentos de crecientes discursos de odio.
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.D.H) repudiamos este ataque brutal a los derechos de niños y jóvenes, y llamamos a todos los organismos de Derechos Humanos, Centros de Estudiantes y la población de conjunto a denunciar la medida adoptada y exigir su inmediata anulación.
