Una mujer falleció en Lago Puelo ante la indolencia de los funcionarios provinciales. Una muerte tal vez evitable, en el marco de una medida que busca "salvar vidas".

Ulises Crauchuk Corresponsal Comarca Andina | @ulisescrauchuk
Domingo 5 de abril de 2020
Foto: Diario Crónica
El pasado 19 de marzo ante la inminente declaración de la cuarentena obligatoria, Marisa tramitó una autorización para trasladarse desde su residencia en Lago Puelo, provincia de Chubut a El Bolsón, provincia de Rio Negro, localidad distante a 16 Km y separadas por el paralelo 42° que funciona como límite interprovincial. La misma tenía como fin adquirir medicamentos para su madre, una persona mayor y paciente oncológica, que sólo pueden adquirirse en las farmacias de dicha localidad que dan prestación a su obra social.
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El pedido iba dirigido al "superministro" de Seguridad de la provincia de Chubut, Federico Massoni y al Director General del Ministerio de Seguridad, Nicolas Oviedo Del Valle.
La solicitud, que debía cumplimentar un sinfín de requisitos, incluía el pedido de traslado de su madre a la Clínica La Merced a fin de realizarse una cirugía oncológica.
La respuesta nunca llegó y finalmente, el pasado 30 de marzo, la madre de Marisa falleció luego de una triste agonía producto del cáncer que padecía.
Ayer, 4 de abril, Marisa recibió un mail del Ministerio de Seguridad de Chubut, donde le informan que su solicitud "no reúne las condiciones para otorgarle la autorización para circular por la provincia". Un detalle macabro de la indolencia criminal de las autoridades.
Un "superministro" desbocado
Mientras Massoni sube a redes videos donde "traslada" a infractores de la cuarentena de manera compulsiva a "centros de detención" con gran despliegue policial y los medios provinciales festejan poco más las detenciones de gente en las calles y medios de transporte, el caso de Marisa es la muestra de la arbitrariedad criminal a que se encuentra sometida la población de la provincia.
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Sirenas que anuncian el "toque de queda" decretado por el propio Massoni a las 19:30 horas, salidas a comprar tres veces a la semana según el número de DNI y otras restricciones de movimiento que constitucionalmente no son atribución del Ministro de Seguridad, ni siquiera del gobernador, han sido anunciadas oficialmente.
Ayer mismo, se conocía que lejos de tender a relajar las medidas restrictivas del aislamiento social, el ministro planea endurecerlas, cerrando el paso por la Ruta 40 incluso a personas autorizadas. La decisión preocupó a las autoridades locales porque implicaría la imposibilidad de traslado al personal de Salud que habita en Chubut y trabaja en Rio Negro, como ya sucede con trabajadores del correo y comercios.
En medio de una crisis social y económica provocada por el propio gobierno de Arcioni que ya lleva dos años, con estatales y jubilados que aún no cobraron febrero y un sistema de Salud que evidenció estar colapsado con el brote de Hantavirus vivido el verano pasado en la cordillera, la emergencia sanitaria nacional tiene consecuencias devastadoras para la población. Con una provincia en bancarrota, sometida al pago de una deuda pública agobiante que se descarga sobre las espaldas del pueblo trabajador, la situación se agrava aún más.
Al igual que sucedió con el reclamo de docentes y estatales que durante la primera gestión del actual gobernador le costó el cargo al propio Massoni, la única respuesta del gobierno parece ser la represión y el recrudecimiento de las políticas punitivas junto con el desprecio mas absoluto por la vida y la salud del pueblo chubutense.
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