Los vecinos y organizaciones lograron que la Justicia avale el freno a este megaproyecto inmobiliario de diez edificios, un shopping y estacionamiento. Las empresas IRSA y Portland lo presentaron como cuatro proyectos distintos, para que no se evaluara el impacto ambiental de conjunto.
Martes 29 de septiembre de 2020 11:41
La megaobra denominada Ciudad Palmera, de las empresas IRSA y Portland, ubicada en avenida Avellaneda al 1300, en el barrio de Caballito, fue frenada por la Fiscalía de la Cámara de Apelaciones, a cargo de Nidia Cicero.
Dicha Fiscalía avaló la medida judicial que ya había paralizado la obra hace semanas atrás, por irregularidades, impulsada por el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 24, Darío Reynoso.
Siguiendo los mismos argumentos que Reynoso, la Fiscalía registró indicios de que la construcción de la Ciudad Palmera forma parte de un “Master Plan”, que tendría efectos ambientales nocivos para la población.
El amparo ya había sido presentado por los vecinos y organizaciones del barrio que integran el Consejo Consultivo Comunal de Caballito, la Junta Comunal 6, la asociación vecinal S.O.S. Caballito y el Centro Cultural Estación de los Deseos.
La megaobra en cuestión consiste en la construcción de diez edificios, más de mil departamentos, un shopping a cielo abierto y estacionamientos. Esto supera los 2.500 m2 de comercios permitidos en la zona, ya que implica la construcción de aproximadamente 80.000m2 de centro comercial a cielo abierto, superando al Alto Palermo.
Como señalaron los referentes de la comuna, según consignó Página 12, “Al dividir la obra en cuatro desarrollos, cada una fue catalogada como sin impacto relevante. De esta forma se evitaron pasar por la Legislatura y por la audiencia pública donde los vecinos y vecinas pueden opinar”. Sin embargo, los indicios de que la obra forma parte de un plan mucho más amplio y de enorme magnitud, fueron suficientes para frenar su desarrollo por el grave impacto ambiental que tendría, y violar las normas de construcción en la Ciudad.
También denunciaron, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), que el gobierno porteño utilizó el viejo Código de Planeamiento Urbano, en lugar del actual Código Urbanístico, para otorgar los permisos a las empresas para avanzar en la construcción. Y que la empresa dueña del predio tendría que haber “cedido entre 6.000 y 12.000 metros cuadrados a la Ciudad para uso público y espacios verdes. Porque las normas del Código de Planeamiento exigen que el propietario de un predio superior a 1.5 hectáreas, para iniciar un proyecto de urbanización, debe ceder entre el 25% y el 50% de la superficie del predio a la ciudad", explicó el referente del Observatorio.
Estos megaproyectos inmobiliarios son jugosos negocios para las empresas como IRSA y Portland, avalados por el Gobierno de la Ciudad. No les importa el impacto ambiental y el gobierno prioriza dichos negocios, en lugar de impulsar planes de viviendas populares y urbanización de las villas, donde hay tanta gente que vive en condiciones precarias y de riesgo, mucho más durante la pandemia.
Estos días nuevamente no hay agua en la villa 1-11-14, denuncian los vecinos. Según un informe de la Encuesta Anual de Hogares del 2018, sólo en la Ciudad de Buenos Aires, existen 365.000 hogares con déficit habitacional (construcción incompleta, con materiales precarios o con hacinamiento, es decir más de 3 personas por habitación), en donde habitan 1,17 de las poco más de 3 millones de personas que viven en la Ciudad. Son 7.900 las que viven en situación de calle y se estiman 20.000 más en riesgo de quedar en la calle.
Mientras tanto, en provincia de Buenos Aires, son miles las familias que están ocupando tierras porque no tienen donde vivir. Se quedaron sin las pocas changas que hacían, debido a la crisis profundizada por la pandemia, y no pudieron pagar más el alquiler. No les quedo otra que construir una precaria “casita”, con cuatro maderas y una bolsa de nylon, como les pasa a las 2.500 familias en la toma de Guernica. La Justicia provincial y el gobierno de Kicillof les responden que son ilegales y los quieren desalojar este 1 de octubre.
Justamente ese predio iba a ser destinado (de manera irregular, porque no hay documentos que avalen la propiedad), para la construcción de un country para los más ricos. Otro negocio entre las empresas y la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero.
Los negocios inmobiliarios favorecen a los mismos de siempre: a las empresas millonarias, a los ricos, a los gobiernos que lo avalan. Mientras, la pelea por vivienda digna hoy cobra más fuerza que nunca, y la solidaridad con quienes pelean por tierra para vivir.
