El proyecto de Presupuesto del Sector Público Nacional de 2017 comenzará a tratarse en la Cámara de Senadores la semana entrante, una vez conseguida la aprobación en el recinto de diputados en las primeras horas del día de ayer. Obtuvo allí 177 votos a favor, 58 en contra y 4 abstenciones. Además del oficialismo y de sus habituales aliados, votaron junto al oficialismo los diputados del Bloque Justicialista, el Frente Renovador, el Frente Amplio Progresista (FAP) y doce diputados del Frente para la Victoria (FPV), entre ellos el titular del PJ José Luis Gioja. Las abstenciones corresponden a Libres del Sur y al massista Héctor Daer, integrante de la cúpula de la CGT. En contra se postularon el resto del bloque de diputados del FPV y los integrantes del Frente de Izquierda.
El Gobierno acompañó el proyecto de Presupuesto 2017 que envió al Poder Legislativo con un mensaje de remisión en el que postula que el objetivo prioritario es “avanzar” hacia la “Pobreza cero”. Sin embargo, como ha denunciado la izquierda y se ha plasmado en distintas manifestaciones de rechazo al plan de gobierno, tal es el caso de investigadores, docentes y científicos, se trata de un presupuesto de ajuste sobre el pueblo trabajador y de endeudamiento del Estado. Algunos datos salientes:
Variables fundamentales: el Presupuesto 2017 estima a nivel macroeconómico un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en términos reales del 3,5 %, una inflación del 17 % y un dólar a $ 18 en promedio. Las bases que impulsarían el crecimiento en el año entrante no surgen del proyecto presentado y aún no se observan los “brotes verdes” prometidos por el gobierno. La apuesta es a compensar parcialmente los elementos contractivos con deuda y obra pública para navegar el año electoral. Con dicha estimación inflacionaria pretenden imponer un techo al incremento de los salarios estatales del 17%, que es de hecho lo asignado en el Presupuesto, y mediante el cual señalar una vara para al resto de las paritarias de sector privado. Hasta el momento ninguna estimación alternativa de inflación para el año que entra se acerca a los parámetros oficiales. La inflación acumulada del 2016 ya supera el 40%. El resultado financiero continuará siendo deficitario y alcanzará a $ 408.801 millones, equivalentes a 4,9 % del PBI, mientras que el déficit fiscal será de $269.444 millones, lo que significa el 2,8% del PBI. Por su parte, el nivel de Gasto Público total será del orden del 24,2%. Deuda Pública: Ese escenario fiscal implica que el gobierno está planeando incrementar el nivel de endeudamiento público en el orden de U$S 25.000 millones, por sobre los ya elevados niveles de deuda del año en curso. Aprovechando los bajos niveles de deuda que dejó el kirchnerismo, luego de los pagos seriales y la política de “retorno a los mercados internacionales” que comenzó la anterior gestión, el macrismo viene incrementando la deuda. En lo que va del año la deuda registrada supera los U$S 50.000 millones. Un elemento que a lo largo de los años puede volverse explosivo. Servicios de Deuda: Los intereses de deuda pública representan el 10 % del total del gasto proyectado para 2017 (2,53 % del PIB), un nivel que representa el doble del gasto en transporte, 650% del gasto en Ciencia y Técnica, el 185% del gasto en salud y 55% del gasto en educación El proyecto destina un aumento del 32,4 % nominal al pago de los intereses de la deuda pública con respecto a 2016, por encima del crecimiento proyectado de inflación. Los fondos buitres, el Club de París y otros especuladores embolsarán $ 247.632 millones (casi U$S 14.000 millones al tipo de cambio de $ 18 por dólar promedio que establece el presupuesto para 2017). Composición del gasto en el presupuesto
Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Presupuesto 2017
Educación: La partida de educación aumenta en términos nominales un 16,3%, levemente por debajo de la dudosa inflación pronosticada (17%), y se lleva sólo 6,8 % del total del gasto proyectado para 2017, bajando 0,3 puntos respecto a 2016. Universidad: Los fondos para Educación Superior rozarán los 80 mil millones de pesos, lo que representa el 3,4% del gasto y 0,8% del PBI, compensando parcialmente la pérdida verificada en 2016 contra la inflación, y a favor de la discrecionalidad de los rectores. El gremio docente universitario Conaduh advierte un recorte del 40 % de las becas y una rebaja de los fondos para infraestructura de 70 % en términos nominales. Ciencia y Técnica: el gobierno había prometido subir el presupuesto al 1,5% del gasto pero presentó un proyecto que lo ubicaba en 1,3%. Frente a las movilizaciones de docentes, científicos y estudiantes, se aumentó la partida en $1.290 millones, no obstante se ubica así en torno a 1,4% del gasto, por debajo de las “promesas”. En el dictamen por mayoría del Congreso no se especifica la fuente de recursos y modificaciones presupuestarias que sostendrían esta partida extra. En un comunicado de prensa, los Jóvenes Científicos Precarizados (JCP), explicaron que aún con esa partida extra, el actual presupuesto implica un recorte brutal en términos reales a la investigación pública y citaron que con esos fondos "ni siquiera alcanza para igualar el presupuesto del Ministerio al monto otorgado durante 2016, sino que sigue $ 190 millones por debajo, incluso sin tomar en cuenta la devaluación de diciembre ni la inflación acumulada". Salud: tiene un incremento nominal de 4,9 %, pero considerando la inflación estimada por el gobierno, se llevaría adelante un ajuste real de 12,2 %. La participación en el Gasto se reduce 0,2% y llega a 3,7% de los gastos totales. Servicios Sociales: El gobierno dice que el presupuesto tiene como componente fundamental el gasto social que acumula el 48% del gasto total, pero esto de ninguna manera significa una opción en favor de los más necesitados. Es un argumento engañoso porque lo habitual es que este sea el componente central, en particular jubilaciones y pensiones, AUH y asignaciones familiares. Para el año próximo eso incluye la falsa reparación histórica a los jubilados, una concesión que hizo el macrismo para traficar el blanqueo de capitales. Además, la seguridad social se financia centralmente a través de los aportes de los trabajadores registrados con descuentos en sus recibos de sueldo y los impuestos al consumo que realizan los sectores trabajadores. Derechos Humanos: La Secretaría sufre un recorte nominal del 15 % en relación con el año previo, lo que representa $ 110 millones menos. Mujer: La diputada Myriam Bregman (PTS/FIT) denunció el bajo nivel que se destina a las mujeres ante la violencia de género. Al Consejo Nacional de Mujeres irán $ 750 millones, un monto casi similar al 2016. Estructura impositiva: Además de las partidas de gastos, las fuentes tributarias de recursos también son un indicador de las prioridades de política del gobierno nacional. La estructura tributaria regresiva sigue recargada sobre los trabajadores. La principal fuente de recaudación tributaria será el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con el 33 % del total. Ese impuesto recae mayormente sobre los consumos populares. Por el contrario, se redujo el peso de los derechos de exportación a las patronales agrarias y el único impuesto que grava las “riquezas”, bienes personales, aportará menos del 1% de los recursos totales. Incluso, en la ley de blanqueo se instituyó la eximisión del pago hasta 2018 para los contribuyentes cumplidores y una reducción de su alícuota para los no cumplidores. "Menos" de lo mismo
El presupuesto del macrismo presenta recortes reales sociales arriba señalados y un "sinceramiento" expreso de la continuación de los planes de endeudamiento ya aplicados este año. Estos habían sido iniciados en el kirchnerismo en sus enormes esfuerzos por retornar a los mercados financieros internacionales gracias a la política de pagadores seriales, cuestión que ahora un ex-ministro enteramente responsable de este curso exterior, como Axel Kicillof, intenta desligarse en su dictamen por minoría en Diputados.
Las proyecciones de inflación en 17% es el dato más saliente del dibujo presupuestario para limitar los salarios y gastos reales, más que un diagnóstico serio de la situación económica.
Como en muchos otros terrenos, el gobierno hubiese querido avanzar mucho más en el ajuste, pero la realidad y la relación de fuerzas con la clase trabajadora le imprimió un límite a la reducción del gasto y los vaivenes de ciertas partidas.
Pero este presupuesto, lógicamente no modifica sustancialmente la estructura regresiva de ingresos y gastos de un Estado que es gestionado para (y ahora más directamente, por) los empresarios. Es "menos" de los mismo para el pueblo trabajador.
Que este presupuesto se presente como un "avance hacia la pobreza cero" no puede más que mostrar el cinismo del gobierno ajustador de Cambiemos.
