Conacyt. Claves sobre el conflicto entre el gobierno y 31 científicos

En las últimas semanas ha surgido un conflicto que involucra al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a científicos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, lo cual ha detonado una gran discusión en el espacio público.

El choque se volvió más escandaloso porque la Fiscalía General de la República (FGR) inició un proceso judicial contra los académicos por delincuencia organizada y desvío de recursos. Dicha situación ha suscitado un debate importante en torno a cómo se gastan los recursos para el desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, es importante entender cuál es el telón de fondo, explicando qué hay detrás de las dos partes.

El Foro Consultivo, un organismo de política neoliberal

Primero que nada, es necesario explicar qué es el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT), de donde proceden los 31 investigadores acusados por la FGR.

Este Foro, fue fundado en el 2002 como asociación civil durante el gobierno de Vicente Fox, es el órgano autónomo de consulta permanente del Poder Ejecutivo Federal, del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI) y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), según la información descrita por su propia página. Pero, más allá de lo formal, ¿para qué ha servido todos estos años?

Entre las denuncias que se han hecho contra estos investigadores se dice que, desde el Foro cargaron al erario el pago de los impuestos de sus miembros, el uso de choferes, restaurantes y viajes de lujo, además de que, en su calidad de funcionarios del Conacyt, asignaron recursos a una asociación a la que pertenecían.

Claro, todo respaldado por la Ley de Ciencia y Tecnología de aquel entonces, creada por Fox para entregar: “al sector empresarial la conducción, las instituciones de educación superior, los recursos y el horizonte mismo de la ciencia y la tecnología”, según información de La Jornada, una premisa completamente neoliberal, a través de la cual le fueron entregados al Foro 571 millones de pesos.

Así se dejaba claro que la orientación productiva del desarrollo técnico y científico iba encaminada al beneficio de la iniciativa privada, por lo que el Conacyt entregó 41 mil 624 millones de pesos entre 2013 y 2018 a los capitalistas de Intel, Whirlpool, Volkswagen, Mabe, Honeywell, IBM, Monsanto, Bayer o Kimberly Clark. Es decir, con recursos públicos se financió el desarrollo técnico de estas empresas para su propio beneficio, política que se dio tanto con Fox, como con Calderón y continúo con Peña Nieto.

El Conacyt y la 4T

Actualmente, la administración de los funcionarios de la 4T, en cuanto a ciencia y tecnología, tampoco se podría definir como muy progresista, más allá de los discursos en ese sentido provenientes de las autoridades.

Como muestra de esto basta considerar el acceso a los estímulos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en donde actualmente quienes ostenten un cargo público pueden cobrarlos aún sin hacer investigación, tal es el caso de la directora del Conacyt, Álvarez-Buylla o Hugo López-Gatell.

Esto da continuidad a un sistema de estímulos que se articula con la perpetuación de la precarización laboral de miles de docentes, ya que son las burocracias académicas las que se benefician de éste, y los 31 científicos del Foro Consultivo son parte de esas burocracias.

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Otro ejemplo del verdadero carácter de la política gubernamental es el despido injustificado de 44 investigadores de Cátedras Conacyt (hoy llamado Investigadoras e Investigadores por México), quienes se encontraban en la completa indefensión laboral. También se han recortado los programas de becas para posgrados y se abandonó a becarios que estudiaban en el extranjero.

Por otro lado, existe el hecho de que la vacuna “Patria” aún no está disponible, la cua se le encargó a la empresa Avimex, mientras se ha abandonado la investigación en las universidades públicas para crear nuestras propias vacunas.

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Aunado a esto tenemos el reciente escándalo de Mariana Imaz Sheinbaum, la hija de la jefa de gobierno cuya beca Conacyt asciende a más de un millón de pesos en el periodo de 2019-2020, cuando un becario normal gana entre 9,800 y 14,700 pesos mensuales, es decir, los montos anuales no rebasan los $180 mil pesos.

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“La crisis que cruza el Conacyt”

La crisis política que hoy se observa en torno a la ciencia y tecnología refleja las pugnas intestinas que enfrentan al gobierno con sectores de la academia vinculados, por distintas vías, a las anteriores administraciones que representan a la actual oposición. La disputa muestra que ninguno de los actores de la actual discusión se preocupa por orientar el presupuesto para terminar con la precariedad laboral en la que se encuentran miles de profesores de asignatura y jóvenes investigadores.

Tampoco se plantean cambiar la orientación productiva de dicho sector para que la ciencia esté al servicio de las necesidades sociales, tanto en las anteriores administraciones como en la actual, se observa un involucramiento estrecho con las empresas privadas, además de que se sigue repartiendo el dinero entre sus funcionarios (tanto gubernamentales como académicos).

En verdad, lo que se observa con la 4T es una política de continuidad con los gobiernos anteriores, y lo que está cambiando son los beneficiarios. Ahí está la fuente del conflicto, ya que los beneficiarios anteriores se niegan a ser desplazados por el actual partido gobernante, así que responden con dureza, aprovechando que son un sector prestigiado entre la intelectualidad y sectores afines. Mientras que la tirada de Morena es removerlos para disponer de esos recursos para sus propios proyectos, como lo ha venido haciendo hasta el momento.