Sol Bajar @Sol_Bajar
Viernes 3 de octubre de 2014
Representando el mandato de la cúpula clerical
Uno de los principales cuestionamientos a la reforma de los Códigos se abrió con los cambios que recibió el artículo 19 del viejo texto de Vélez Sarsfield. La propuesta de modificación original mantenía el criterio de 1871, según el cual “la existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno”, y añadía que “en el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevé la ley especial para la protección del embrión no implantado”.
Enterada, la Asamblea de la Conferencia Episcopal Argentina puso el grito en el cielo: cuestionó el artículo por considerarlo contrario a la dignidad de la persona humana y repudió que se negara esta calidad al embrión.
A pedido de la activista contra el matrimonio igualitario y la legalización del aborto, la justicialista Liliana Negre de Alonso, se propuso modificar el párrafo que molestaba a Iglesia. El 27 de noviembre de 2013, con el voto afirmativo del bloque oficialista, el Senado aprobó eliminar la referencia al “seno materno” y suprimir toda la oración que protegía al embrión no implantado, que en aquella redacción no se consideraba “persona humana”. Así, el dictamen de mayoría enviado a Diputados redujo la formulación de Vélez Sarsfield a la solicitada por el clero: “la existencia de la persona humana comienza con la concepción.”
Mucho ruido, pocas nueces y un derecho pisoteado
Aunque esto fue rápidamente rechazadopor amplios sectores, incluido el llamado “progresismo k”, el debate fue prácticamente silenciado hasta marzo del 2014, cuando en la apertura de sesiones legislativas Cristina Fernández expresó su voluntad de avanzar en la reforma. En el marco de una debilitada situación política y económica y una incierta sucesión presidencial, la mandataria se proponía recomponer la relación del gobierno con el –hasta entonces- cuestionado Bergoglio, para contar con la anhelada bendición papal.
Cuando la voluntad presidencial –que se sabe contraria al derecho al aborto- se convirtió en mandato de sesión express, lo que hubo en la progresía K fue el silencio lamentable de quienes daban por descontado su voto negativo a la influencia clerical.
“No impedimos derechos: los ampliamos”, aseguró Diana Conti durante la sesión del miércoles. La diputada Mara Brawer, que hasta había denunciado las “presiones por parte de sectores conservadores” ligados a la Iglesia para la sanción del Senado, afirmaba por su parte que “este código es maravilloso”.
Solo un puñado de legisladores y legisladoras del FpV manifestaron sus matices con el artículo 19, por considerarlo un retroceso para la reproducción asistida y –en algunos casos- para la legalización del aborto. Todos, sin excepción, votaron a libro cerrado, sin disidencias, el nuevo Código Civil y Comercial.
La posición de la izquierda
Las maniobras para aminorar el costo de una votación contraria al aborto legal no alcanzaron a ocultar lo que el diputado Nicolás del Caño, del PTS en el Frente de Izquierda, denunció en el recinto. El legislador mendocino dijo que los bloques mayoritarios de la oposición obviaban la denuncia al pacto Gobierno – Vaticano “porque en cuestiones en las que tiene injerencia la Iglesia están de acuerdo”.
También interpeló a los y las integrantes del Frente para la Victoria que acompañan el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la Campaña que lo impulsa, al plantear que “el artículo 19 es una nueva traba a la posibilidad de las mujeres de acceder a un derecho elemental como el aborto legal, seguro y gratuito”, y al recordar que “este gobierno que se dice progresista niega desde hace once años el derecho a más de quinientas mil mujeres que abortan en nuestro país.”
“Es una hipocresía plantear el derecho al aborto y al mismo tiempo aprobar el artículo 19 que impuso el Vaticano y la Iglesia Católica. Además, ¿Qué progresismo puede plantear un retroceso de más de ciento cuarenta años en lo que hace a las cuestiones de la laicidad?”, dijo Del Caño durante su intervención en el recinto.
También el diputado de izquierda Néstor Pitrola cuestionó “el bloqueo al derecho al aborto y a la fertilidad asistida” y denunció al nuevo Código por “retrógrado y reaccionario”.
El nuevo Encuentro Nacional de Mujeres, a realizarse en Salta en los próximos días, será sin dudas una oportunidad para que el movimiento de mujeres debata y decida los pasos a seguir para conquistar el derecho a que no haya una sola muerta más por la clandestinidad del aborto.
