Las condiciones se han precarizando para las y los trabajadores, quienes quedamos a merced de los abusos patronales. Por su parte, los partidos del régimen como el PAN intentan aprobar medidas para lavarse la cara frente a su responsabilidad.
Miércoles 11 de noviembre de 2020
Las condiciones laborales a nivel nacional han empeorado, precarizando cada vez más la vida de los trabajadores quienes quedan a merced de los abusos patronales.
Frente a esa situación los partidos del régimen pretenden esconder su responsabilidad en estos hechos. Pongamos un ejemplo, el caso de Tamaulipas, en el que las autoridades del Partido Acción Nacional (PAN) están proponiendo medidas que están reguladas por el derecho penal “para evitar abusos contra los trabajadores”.
Hoy intentan aparecer como una oposición “preocupada” por los trabajadores, cuando en sus 12 años de administración federal avanzaron aceleradamente con la subcontratación “legalizada” por Calderón en 2012. Ni hablar de los ataques contra otros sectores como el SME con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.
¿Cuál es la situación de las y los trabajadores en Tamaulipas?
Desde que inició la pandemia hasta agosto de este año, en el país se habían calculado 1,117,584 personas despedidas sólo en el sector formal, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Habría que recalcar que en el sector público el Estado ha contratado por honorarios o proyectos, lo mismo ocurre en el sector privado donde hay contrataciones sin prestaciones, mientras que en el sector informal se encuentran más de 25 millones de personas, esto es el 53 % de la población. Por lo anterior, no hay certeza de las estadísticas relativas a los despidos, pudiéndose elevar exponencialmente.
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En el caso de Tamaulipas, en agosto, el secretario del Trabajo de la entidad, Miguel Villarreal Ongay señaló que durante el año se han perdido 31 mil empleos, la mayoría en la industria de la maquila. Como en otros estados, se justifican los despidos con la pandemia, naturalizando que ante una crisis los trabajadores puedan ser tratados como desechables, anteponiendo a los empresarios y sus ganancias, sobre la vida de la clase trabajadora.
Argumentó también que había un “ajuste en la línea de producción de la planta de Victoria”. Señaló que es “difícil recuperar todos los empleos perdidos”, que la Secretaría de Desarrollo Económico vería algunos proyectos en este sentido, pero sin garantizar el empleo estable ni condiciones laborales dignas.
En días recientes, relativa a la cuestión laboral, la Comisión de Justicia del Congreso de Tamaulipas aprobó una iniciativa, promovida por el PAN, en la que se dictaminó procedente la reforma al Código Penal de Tamaulipas para aprobar como delito de falsificación de documentos públicos o privados que alguna persona obligue o condicione al trabajador o trabajadora a firmar documentos en blanco en menoscabo de los derechos de la víctima.
Por lo que la sanción sería de seis meses a 5 años de privación de la libertad y una multa de 100 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, hasta 17 mil 376 pesos; misma que sería aplicada al representante social de una empresa, sociedad o corporación, que equivaldría al patrón o a su representante.
¿Qué se requiere para parar los abusos patronales?
La reforma calderonista ha encontrado continuidad con la propuesta de la 4T, a pesar de implicar una reducción de derechos de las y los trabajadores, en la que se encuentran a merced de al menos dos distintas patronales.
Aunque indudablemente el PAN ha sido actor y cómplice de los ataques a las condiciones laborales, ahora plantea medidas que buscan lavarle la cara, señalando que pueden hacer frente a los abusos patronales como los despidos laborales injustificados. Pero en el marco de que no hay justicia laboral ni penal para las y los trabajadores, resulta prácticamente inútil.
Con estos y otros ejemplos ha quedado claro qué intereses protegen el Estado y sus partidos que, por más que diga que va a sancionar a las patronales, al final las termina premiando con contratos millonarios, como ocurrió en el caso de la SEP y Salinas Pliego.
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Las y los trabajadores tenemos nuestros propios intereses, como la conquista de derechos laborales y el mejoramiento de nuestras condiciones de vida. Pero una y otra vez se ha mostrado que no podemos confiar en la “justicia” laboral, que por contar un ejemplo ha dejado en la deriva durante ya un año, en medio de una pandemia, el reconocimiento como trabajadores de las y los docentes de la Asamblea de Profesores de la UACM en Lucha, despedidos por denunciar la precarización laboral.
Ni hablar en la materia penal, que es utilizada por el Estado para criminalizar la pobreza y perseguir luchadores sociales. En los reclusorios difícilmente entran los ladrones de cuello blanco que saquean a millones de familias pobres.
Por lo anterior, observando las paupérrimas condiciones en las que nos encontramos, para hacerle frente a los despidos, a las reducciones salariales, la precarización y a la exposición de nuestras vidas en las líneas de producción en esta pandemia, es urgente la más amplia organización y unidad de las y los trabajadores para la defensa de nuestros intereses, bajo la exigencia de la prohibición de los despidos injustificados y de los abusos patronales, y por la expropiación de las empresas o fábricas que cierren, abusen o despidan, bajo control de sus trabajadoras y trabajadores, que somos quienes generan la riqueza a costa de nuestra explotación y sin derechos laborales.
Será nuestra fuerza en unidad, independiente, masiva, combativa y en las calles la que haga realidad lo antes dicho. Nada vendrá de la “buena voluntad” del PAN, los partidos del régimen o sus instituciones de justicia.
El paso de unidad ya lo está recorriendo el Movimiento Nacional contra la precarización laboral y los despidos, que pretende ser una alternativa organizativa para millones de trabajadores, pues los partidos políticos patronales claramente no representan nuestros intereses, porque ya sea el PRI, el PAN o el propio Morena, cada uno defiende a su manera el orden de los ricos. Ya que en realidad ninguno se plantea llevar a la práctica la abolición de la precarización laboral, y aunque Regeneración Nacional plantee que va a desaparecer el outsourcing, la verdad es que lo que les interesa es regularlo para cobrar impuestos.