A un año de la defensa de la 7722 recorremos los 10 días del conflicto y sacamos conclusiones sobre los elementos fundamentales que nos permitieron triunfar: el rol del SUTE y de la juventud.
Miércoles 23 de diciembre de 2020 00:00
En diciembre de 2019, apenas asumió el nuevo gobierno del Frente de Todos, Alberto Fernández se reunió con los gobernadores para avanzar con un plan extractivista en las provincias. El 20 de diciembre, el gobernador de Mendoza de la UCR, Rodolfo Suárez, como el mejor alumno del presidente, presentó un proyecto en la Legislatura provincial para derogar la Ley 7722. Esta ley, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas para la minería, se conquistó con la movilización popular en el año 2007.
El pacto entre Cambiemos y el PJ-Kirchnerismo para avanzar con la megaminería en Mendoza demostró que para garantizar las ganancias de las multinacionales megamineras y obtener dólares para pagarle al FMI, no hay grieta. La prueba de esto fue la audiencia pública que hizo Anabel Fernández Sagasti, como la abanderada kirchnerista de la megaminería, para expresar públicamente que todo su bloque apoyaba el proyecto presentado por el gobernador. A pesar de que con los votos del oficialismo de Cambiemos en la legislatura, alcanzaba para aprobar la derogación de la ley. En cambio las y los legisladores del Frente de Izquierda, estuvieron desde el primer momento defendiendo la 7722 dentro y fuera de la legislatura.
Quienes se beneficiarían con esta derogación eran las multinacionales megamineras como la Barrick Gold, mejor conocida por envenenar a todo el pueblo de Jachal, San Juan. Inclusive sectores de la burguesía nacional que sin perder tiempo se apuraron a presentar proyectos para constituir empresas megamineras como “Sierras del Nevado” del diputado nacional por el Frente de Todos, Omar Felix.
Te puede interesar: A 13 años de la 7722, la historia de una lucha
Te puede interesar: A 13 años de la 7722, la historia de una lucha
Frente a esta situación, el pueblo mendocino irrumpió en las calles masivamente en la defensa del agua, que es algo muy sentido por la gran mayoría de la población que es consciente de la escasez de este bien y en una provincia que viene de una década de crisis hídrica. Un importante punto de apoyo para que decenas de miles salieran a las calles, fue la tradición militante de las asambleas departamentales por el agua en conjunto con los partidos de izquierda.
Decenas de miles de personas rechazamos en las calles el ataque a la 7722. Muchas incluso se sintieron traicionadas porque habían votado hacía unos meses nada más, al Frente de Todos a nivel nacional y a Juntos por el Cambio a nivel provincial y salieron a las calles a enfrentar a su propio gobierno. Después de algunas movilizaciones y sin respuesta por parte del gobierno, el día 22 de diciembre se redobló la apuesta, con una caravana multitudinaria que vino desde los departamentos del interior y confluyó con una movilización al otro día que fue hasta casa de gobierno. La respuesta del gobierno de Suarez fue una brutal represión con balas de goma, gases lacrimógenos y una cacería de la policía motorizada por toda la ciudad. Esta represión fue resistida por una vanguardia juvenil que junto a la izquierda resistimos frente a casa de gobierno. Ese mismo día, a la noche, una nueva movilización multitudinaria se expresó en las calles en repudio a la represión. La acción decidida de la juventud frente a la policía, fue un nuevo motor para masificar la lucha.
Sin la resistencia de esta vanguardia juvenil, el gobierno no hubiera tenido que pagar el alto costo político que lo hizo retroceder
Pero hubo un elemento más, fundamental para la lucha. Teníamos la organización previa de las Asambleas por el Agua, y también la masividad en las calles. Pero nos dimos cuenta que teníamos que avanzar en mayor organización y coordinación. En este sentido fue el rol indispensable que jugó el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación, un sindicato recuperado y dirigido por sectores anti burocracia sindical y la izquierda, impulsó junto a las organizaciones ambientales, políticas y sociales la coordinadora provincial por el agua. Es así que el SUTE puso a disposición sus instalaciones para debatir en asambleas e impulsó la Coordinadora del Agua, que permitió articular la lucha con todas las organizaciones y cientos de activistas logrando un gran Frente Único. Esto demuestra el rol que pueden cumplir los sindicatos si se ponen a disposición de la acción y movilización contra las leyes extractivistas y nos marca el camino de la pelea que tenemos que dar de cara al conjunto de los sindicatos de Chubut y todo el país.
Esto junto a la enorme resistencia de la que fuimos parte junto a miles de jóvenes, porque después de eso y la repercusión que tuvo en medios de comunicaciones provinciales, nacionales y hasta internacionales, se despertó un repudio generalizado que se expresó en movilizaciones callejeras hasta en la noche navidad. Sin la resistencia de esta vanguardia juvenil el gobierno no hubiera tenido que pagar el alto costo político que lo hizo retroceder.
Entonces, además de la masividad de la lucha, el rol de la organización y coordinación de las asambleas y el SUTE, así como la juventud en la primera línea, fueron elementos centrales en nuestra pelea que llevaron a que al gobierno y al peronismo solo les quedara admitir su derrota. Y así, el 30 de diciembre se restableció la 7722 y el pueblo mendocino triunfó por sobre los intereses de las mineras y el régimen político.