Estos días se ha visto al gobierno dar lecciones de cueca en la inauguración de las Fondas del Parque O’Higgins. Mientras que, la represión dura y pura se ha mantenido hacia los sectores del movimiento estudiantil que han salido a marchar en las calles de Santiago. En el sur, la represión y criminalización hacia el pueblo mapuche ha vuelto con la ampliación del Estado de Excepción. Para la clase trabajadora, el costo de la vida va subiendo junto a la inflación.
Teresa Melipal Santiago de Chile
Viernes 16 de septiembre de 2022
Estamos cercanos a la celebración de las fiestas patrias, fecha donde hay mayor encuentro entre familias de trabajadores y sectores populares por los dos feriados legales en el calendario. Pero, no hay mucho entusiasmo de celebración: la ganada del Rechazo y el alto costo de la vida son dos factores que han sacado el interés de un sector de la población.
Vueltas y giros a la derecha
A casi dos semanas posterior al resultado del plebiscito, el gobierno de Boric entró a una crisis política de la cual se expresó en el cambio de gabinete. Las figuras de Carolina Tohá (PPD) como nueva ministra del interior y de Ana Lya Uriarte (PS) como nueva Secretaria General de la Presidencia dan cuenta del desembarco de la ex Concertación en la dirección del gobierno.
Junto con ello, la agenda del gobierno giró a derecha con mayor represión y criminalización hacia el territorio mapuche y a estudiantes movilizados en Santiago. También se expresa en la posible firma del polémico acuerdo transnacional TPP-11, donde sectores medioambientalistas han denunciado las posibles intervenciones de empresas extractivistas en zonas rurales y urbanas.
Sin embargo, esto no es todo. La derecha pone el ritmo de los pasos a seguir hacia el nuevo proceso constituyente y el gobierno sólo baila con buenos pasos para el público. Es que la política de los consensos toma protagonismo y son los partidos del régimen quienes la orquestan.
Posterior al plebiscito, Chile Vamos decidió no asistir a la cita fijada para este jueves que se realizaría en el Congreso para definir las coordenadas de un eventual nuevo proceso constituyente. Su queja es para que el gobierno no participe directamente de las negociaciones y que sean los partidos quienes protagonicen la nueva "cocina" del Congreso. A estas palabras se sumó el impune Sebastián Piñera, quien salió de las sombras tras casi más de un año de silencio.
La cocina del proceso constituyente va por su fase más sofisticada. Sectores de Apruebo Dignidad quieren que sean expertos elegidos a dedo quienes redacten una nueva propuesta de Carta Fundamental. Mientras que la derecha se rehúsa a continuar con el proceso.
Por una salida de las y los trabajadores
Nada favorable al pueblo trabajador vendrá de este nueva cocina constituyente pactada y negociada a espaldas del pueblo. Hoy, la clase dominante apuesta por una nueva Constitución que reconozca derechos sociales en el papel, mientras se mantienen los pilares del régimen político y económico de la transición, sin los “excesos” de la Convención Constitucional. Por eso hay que denunciar y enfrentar la ofensiva de la derecha a la cual se subordina el gobierno y la izquierda reformista de los movimientos sociales constituyentes, ligando la pelea por una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que necesariamente será impuesta por la movilización y lucha en las calles en perspectiva de una huelga general. A la pelea por un programa de emergencia para que la crisis económica y social la paguen los empresarios y no el pueblo trabajador.
Partiendo por demandas fundamentales, como un aumento general e inmediato de los salarios acorde a la inflación de los alimentos, y un salario y pensión mínimos de $650.000; por la rebaja de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y cesantes sin rebaja salarial alguna; por detener el aumento de los servicios básicos de agua, luz, combustibles planteando la expropiación sin indemnización y bajo gestión de sus trabajadores de todas las empresas de servicios básicos que especulen con los precios como ha ocurrido con el caso de Metrogas. Por impuestos progresivos a las grandes fortunas, la nacionalización de la banca y el monopolio del comercio exterior para terminar con la fuga de capitales récord de los últimos dos años. Así también luchar por el juicio y castigo a los represores, la libertad a las y los presos políticos de la rebelión y del pueblo mapuche. Luchar por el fin de la militarización del Wallmapu y por el derecho a la autodeterminación del Pueblo Mapuche.
Es fundamental reagrupar a las distintas organizaciones sindicales y sociales para esta perspectiva. Las dirigencias sindicales y sociales deben poner fin a su tregua con el gobierno y dejar de esperar a que se logren las demandas con sus maniobras institucionales, para lo cual debemos luchar por la independencia del gobierno y los empresarios.
