Educación. Con 75% de la población en contra y sin aumento al presupuesto, la SEP quiere regresar a clases

Sin embargo, al momento, tan solo en la CDMX, cinco escuelas han cerrado y vuelto a la virtualidad por presentar casos de Covid, pues en la capital se han hecho públicos seis contagios de niños y niñas.

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Los casos de Nayarit y Campeche, que tuvieron que regresar a las clases en línea por el incremento de contagios tras el regreso a clases presenciales, muestran el alto riesgo que implica la reapertura de las escuelas sin infraestructura, presupuesto ni el conjunto de la población vacunada.

La SEP, con Delfina Gómez a la cabeza, no tienen intención alguna de modificar su plan de volver a las aulas, por el contrario, ha emprendido una serie de reuniones y acuerdos para coordinar la vuelta a clases, con organismos burocráticos como la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPAF), con la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) y con la Rectoría de la UNAM.

Estas instituciones no representan de ningún modo el sentir de los sectores que dicen representar, como evidencian los resultados de la encuesta de El Financiero que apuntan que el 65% de los encuestados no tiene acuerdo con esta medida mientras que el 75% de los padres y madres de familia optarán por no llevar a sus hijos e hijas a las escuelas.

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Además, la SEP anunció el lanzamiento de un curso en línea para “un regreso a clases seguro” dirigido principalmente a docentes y padres y madres de familia, el cual tiene una duración de diez horas.

Esta iniciativa apela a la lógica de que a través del esmero y los cuidado de cada individuo, pueden evitarse los contagios, pero, si bien esto es un aspecto real del problema, lo que ha evidenciado la pandemia es la enorme precariedad en la que viven las familias trabajadoras, la cual se extiende a las condiciones de las escuelas y universidades públicas del país.

Mientras la SEP se reúne con asociaciones y autoridades y lanza cursos en línea para legitimar lo ilegitimable, no hay preocupación alguna por garantizar las condiciones y la infraestructura para que el regreso seguro a clases presenciales no sea mero discurso.

Es evidente que el rechazo de la población al regreso a clases presenciales no se debe al éxito de la educación virtual, pues esta ha dejado a 5 millones de niños y jóvenes expulsados de las aulas por no contar con los recursos o las condiciones necesarias; sino al miedo a tener más familiares contagiados y a que la situación de Campeche y Nayarit se generalice al resto del país.

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Es decir, la falta de presupuesto para el sector educativo, que el 2021 tuvo un nulo crecimiento en comparación al año anterior, que impide que el conjunto de niños, jóvenes y personas que deseen estudiar sin importar su edad puedan hacerlo, no sólo dejó a millones fuera de las clases virtuales, sino que ahora lo hará de las clases presenciales.

Las condiciones mínimas para un regreso a la presencialidad que no ponga en riesgo la vida de niños, jóvenes, docentes, trabajadores de la educación y sus familias, deben contemplar que no haya una sola escuela sin agua ni jabón, infraestructura para mantener la sana distancia, además de que el conjunto de la población esté vacunada.

Para esto debe haber un aumento al presupuesto educativo de por lo menos el 10% del PIB y ese dinero debe venir de los bolsillos de quienes se han aprovechado de las clases virtuales, como Salinas Pliego y Carlos Slim, a partir de impuestos progresivos a sus fortunas; así como de aquellos que históricamente se han enriquecido del saqueo de nuestros recursos naturales y del trabajo mal pagado en nuestro país sin importar que haya una pandemia, es decir de los organismos a los que año con año se les paga una deuda externa millonaria, dejando de pagar la misma.

No puede ser la SEP, la ANFAP, la CNNEP y las rectorías y autoridades universitarias las que decidan el cuándo y el cómo del regreso a clases presenciales, pues no son ellos ni ellas quienes estarán poniendo sus vidas en riesgo al cruzar las ciudades en transportes hacinados y sin condiciones de higiene para asistir a las escuelas y pasar ocho horas en salones con 40 personas.

No son las autoridades quienes arriesgan la salud de sus familias, sino las y los trabajadores, que ya de por sí llevan más de un año pagando los platos rotos de la crisis económica y sanitaria con despidos, recortes salariales, contagios y muertes que podrían haber sido evitadas si el presupuesto del sistema de salud no llegase a los talones del que se destina a las Fuerzas Armadas.

Deben ser las comunidades educativas: estudiantes, docentes, trabajadores y madres y padres de familia, quienes decidan y controlen el regreso a clases presenciales a través de comisiones de salud e higiene.

Si estudias o trabajas en el nivel de educación superior o media superior, te invitamos a que te sumes a la [Consulta por una Educación Pública y Gratuita-https://consultaclasesenli.wixsite.com/my-site], contestándola y difundiéndola y que te organices con quienes la impulsamos, para que seamos las comunidades quienes tomemos el control de nuestras escuelas y universidades empezando por el regreso a las aulas, como parte de la lucha en defensa de la educación.

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