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Red Internacional
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Congreso Nacional. Con críticas, se estatizó la Universidad de las Madres

Con 132 votos afirmativos, 87 negativos y 5 abstenciones, la Cámara baja aprobó este miércoles el proyecto enviado por el Ejecutivo para estatizar la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. Fue durante una nueva sesión especial en la que el kirchnerismo impuso el tratamiento de 19 proyectos de ley vinculados a la educación, entre los que se destaca la obligatoriedad de la sala de 4 años del nivel inicial y la creación de varias universidades nacionales, como la Universidad Nacional de las Artes (UNA), sobre la base del actual Instituto Universitario Nacional del Arte.

Sol Bajar

Sol Bajar @Sol_Bajar

Jueves 23 de octubre de 2014

Nicolas del Caño sobre la estatización de Universidad de Madres - YouTube

La sesión que comenzó con el homenaje de los diputados del Frente de Izquierda a Mariano Ferreyra, tuvo el centro de su debate en el polémico proyecto que crea el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, que pasará a depender del Ministerio de Justicia de la Nación. El rechazo a la norma, que también contempla la formación de un consejo supervisado por el Poder Ejecutivo, se expresó en 7 dictámenes de minoría aportados por la oposición, dividida en dos posiciones políticas claramente diferenciadas: la de la izquierda, que cuestiona el proceso de integración de esta histórica lucha a la política del gobierno nacional, y la de la oposición mayoritaria, basada en las denuncias por corrupción que recaen sobre la Universidad.

La negativa de estos bloques, encabezados por el Frente Renovador, la UCR, el FAP, la Coalición Cívica y el PRO, se concentró en la imputación por graves irregularidades ligadas al manejo de fondos públicos y a la deuda millonaria que tiene con el Estado la asociación que dirige Hebe de Bonafini. Margarita Stolbizer llevó nuevamente la voz cantante: la diputada del GEN comparó la medida “con el salvataje destinado a tapar las huellas de los delitos que se cometieron en Ciccone” y apuntó a los “casos de defraudación del Estado, en uno de los episodios de corrupción más resonantes de la última década”, en alusión al desvío de fondos del plan de construcción de viviendas populares de la Fundación Sueños Compartidos, que dirigió Sergio Schoklender hasta que estalló el escándalo. “Temo que con esta ley pase lo mismo”, dijo la legisladora del GEN.
Cabe señalar, sin embargo, que el oficialismo debió aceptar en el Senado las modificaciones al proyecto original, según el cual el Estado hubiera tenido que hacerse cargo de los pasivos del instituto, que rondan hoy los 230 millones de pesos.

“No estamos en la panacea de los derechos humanos”

Martin Gil, miembro informante del Frente para la Victoria, calificó la norma como un “salto educativo” del gobierno nacional, porque “es el estado el que asume la formación en derechos humanos, para que nunca más la violación de derechos tengan lugar en Argentina”. Sin dudas, el cuestionamiento mayor a las afirmaciones del kirchnerismo vino del Frente de Izquierda, rechazó el proyecto con los dictámenes en minoría de Nicolás del Caño (PTS) y Néstor Pitrola (PO).

En un encendido discurso, Del Caño homenajeó la resistencia de las Madres “frente a la maquinaria estatal” que secuestró y asesinó más de 30 mil detenidos desaparecidos y denunció que “mientras muchos de los partidos que hoy integran los bloques mayoritarios aportaban intendentes, embajadores y hasta gobernadores a la dictadura cívico militar, las corrientes de la izquierda eran perseguidas y muchas veces diezmadas por la policía.”

En su reivindicación de esta lucha, y de la que siguió al fin de la dictadura, Del Caño se refirió también al proceso de integración de la Asociación Madres de Plaza de Mayo al gobierno nacional: “esa política de cooptación nos debilitó para encarar la lucha contra la represión y la impunidad”, y agregó que “no estamos en la panacea de los derechos humanos”, en alusión a los informes que demuestran que sólo en la última década al menos 2.224 personas perdieron la vida a manos de miembros de las fuerzas de seguridad o de patotas ligadas a sectores sindicales vinculados al gobierno.

“En estos 10 años fueron asesinados en manifestaciones y luchas populares más de 30 compañeras y compañeros”, afirmó el mendocino antes de leer, uno a uno, sus nombres. “El mejor homenaje a aquellas bravas Madres de Plaza de Mayo, que supieron enfrentar al terrorismo de Estado y al pacto de impunidad del PJ y la UCR es seguir la lucha hoy junto a los trabajadores de Lear, Donnelley y EMFER, por la destitución de Milani y la disolución del Proyecto X, por el no pago de la deuda externa, por el juicio y castigo a todos los culpables, por la apertura de todos los archivos de la dictadura”, afirmó.

Una propuesta alternativa al proyecto oficial

Fue en este sentido que la izquierda cuestionó duramente que la Universidad de las Madres pase a estar bajo la órbita del Poder Ejecutivo nacional: “El Estado es el único que por definición viola los derechos humanos”, dijo Del Caño antes de interpelar al pleno: “¿Un Poder Ejecutivo como el de De La Rúa, que hace trece años ordenó la represión en Plaza de Mayo, definirá los contenidos de un instituto de derechos humanos? ¿O el mismo que fue responsable de los asesinatos de Kosteki y Santillán bajo el Gobierno de Duhalde? ¿O Macri, que está procesado por montar una red de espionaje ilegal? Algunos de los que están acá hoy fueron parte de esos Gobiernos, tanto los del oficialismo como los de la oposición”.

Por eso, el diputado del PTS en el Frente de Izquierda propuso en su dictamen una salida alternativa al proyecto del oficialismo y al resto de la oposición: “nuestra propuesta consiste en la creación de una universidad nacional de derechos humanos “Madres de Plaza de Mayo”, que debería ser autónoma como cualquier universidad nacional pública y no una dependencia del mismo Poder Ejecutivo que viola los derechos humanos. La autonomía de esta universidad debería servir para que haya una verdadera pluralidad de voces y no un coro adulador de las políticas del Gobierno de turno. Dicha universidad pública debería estar conducida por un cogobierno de docentes y no docentes, con mayoría estudiantil”, señaló.
Por su parte, Néstor Pitrola (PO) denunció que “un aparato que prolonga la represión a los trabajadores, un aparato lleno de impunidad, no se resuelve con un instituto, sino con la lucha del pueblo. Es lo contrario a esta ley, que pretende cooptar a esas organizaciones”. En alusión al traspaso de la imprenta de papel moneda a manos del Estado, cuya causa judicial tiene al vicepresidente Boudou como principal acusado, el diputado afirmó también que “si allí no se garantiza la soberanía monetaria, menos aún la estatización de la universidad va a garantizar los derechos humanos en la argentina”