Existen momentos de la política en los cuales no se puede evitar afirmar lo que todo el mundo sabe que no es cierto. Es que, por el contrario, reconocer la verdad, implica reconocer una debilidad. Uno de esos momentos atraviesa el presidente, Alberto Fernández. “Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer”, lanzó este viernes 22/7 desde el Museo del Bicentenario.

A pocos metros de allí, en la city porteña, los especuladores financieros seguían jugando a la devaluación del peso argentino. Las cotizaciones del dólar paralelo continuaban en niveles de pánico. El Banco Central cerraba la semana con una pérdida neta de U$S 300 millones. Esta cifra se suma al saqueo que sufrieron en los últimos meses las reservas de la entidad monetaria por parte del gran capital. Fernández no lo puede reconocer, pero el brazo se lo torcieron hace rato. En este momento, en todo caso, solo puede buscar hacer control de daños. Evitar que el caos económico siga en expansión, tal vez, puede ser su mayor legado.

“Les pido que recuerden que a ninguno de los problemas escapé. Superé la deuda (con los acreedores privados), tuve que discutir con el FMI y superar los problemas que el Fondo Monetario generó, todo eso en medio de una pandemia que nadie sabía cómo sobrellevar”, afirmó el presidente. De este modo, intentó dar cuenta de su carácter, de su firmeza, cuando el tema de conversación pública es su fragilidad.

Eligió el ángulo equivocado. Justamente, en la negociación con los lobos de Wall Street (es decir, con los acreedores privados) su gobierno no solo convalidó una deuda fraudulenta que heredó de Mauricio Macri, sino que también cedió a la presión de los fondos de inversión imperialistas, entre ellos BlackRock, que obligaron a que a cada “última oferta” del exministro de Economía, Martín Guzmán, le siguiera otra “última oferta”, hasta que los buitres consiguieron imponer sus términos.

Otro tanto ocurre con el Fondo. En marzo, cuando cerró la negociación con el FMI, Guzmán, se abrazó a una hipótesis: creyó que con el programa aprobado por Washington lograría la "épica” de tranquilizar la economía de la que habló en su carta de renuncia. La ilusión duró un suspiro. Bajo el mismo catecismo, su reemplazante, Silvina Batakis, confió en que al reafirmar los términos del acuerdo fondomonetarista lograría tranquilizar a los “mercados”. En el momento de su asunción el foco de incendio se encontraba en la corrida contra la deuda pública en pesos emitida por Economía. Ese foco sigue ardiendo, pero ahora la emergencia se trasladó al terreno de la corrida cambiaria.

En esta historia el kirchnerismo cumplió un papel clave. Mientras en 2018 “rechazaba” verbalmente el acuerdo con el FMI, lo dejaba pasar con total pasividad de los sindicatos y movimientos sociales que dirigía, concentrados bajo el lema “hay 2019” en el recambio electoral. Luego Cristina Fernández de Kirchner designó por dedazo a Alberto Fernández lanzando una especie de “épica” de los tiempos duros por venir y las decisiones difíciles, es decir, planteando que no quedaba otra que pagar.

Alberto Fernández y su ministro Guzmán arrancaron a pura “emergencia económica”, haciendo votar en el congreso (con aval kirchnerista) leyes que permitieron ajustar a la baja las jubilaciones para ordenar las cuentas fiscales y renegociar la deuda, primero con los bonistas y luego con el Fondo. Ante el nuevo acuerdo con el FMI de 2022 todo el oficialismo acompaño hasta último momento, y una vez que estaba garantizada su aprobación, y cuidándose de no entorpecerla, Máximo Kirchner dio un paso al costado para evitar quedar pegado. Pero como planteamos hace años desde el Frente de Izquierda, de la mano del acuerdo con el Fondo venía la profundización del saqueo, y esto es lo que sucede hoy.

El dólar a la estratosfera

El 11 de julio, en su primera conferencia de prensa, la ministra Batakis afirmó que “el tipo de cambio multilateral está en una situación de equilibrio”. De esta forma, intentó poner un dique de contención a las presiones por una devaluación del peso argentino. Pero a diez días de aquella conferencia, las decisiones que tomó el gobierno implican, en los hechos, una devaluación de algunos segmentos del mercado cambiario.

Es lo que ocurre con la decisión anunciada el 13 de julio de aumentar del 35 % al 45 % la retención a cuenta de los impuestos a los bienes personales y a las ganancias para los consumos en dólares que realizan con tarjetas los turistas argentinos que visitan otros países. A esto, siguió otra medida decidida esta semana: a los visitantes extranjeros que visitan a nuestro país se les reconoce un tipo de cambio más alto, vinculado al “dólar bolsa”. Es una invitación, un incentivo, a que los visitantes vendan dólares en el circuito oficial para evitar que las divisas se pierdan en el agujero negro del circuito ilegal: el del “dólar blue”. De esta forma, el Banco Central se transforma en un “cuevero” más de la calle Florida. Resta saber si el gobierno logra el resultado que se propone. Por el momento, se disparó más el dólar “blue”.

Con esta iniciativa, el oficialismo reconoce lo que negaba hasta ayer: que el circuito del dólar “blue”, aunque es menor en volumen de dólares transados, mueve bastante el amperímetro de las expectativas. No solo eso. Además, en los hechos, legaliza la brecha cambiaria. Pagar más pesos por cada dólar a los turistas extranjeros tiene un costo en emisión de pesos por parte del Banco Central, que deberá “neutralizar” con el aumento de la bola de nieve de las Leliq.

Los barones del agronegocio miran de reojo. Se estima que retienen cereales y oleaginosas sin exportar por unos $ 14 mil millones para presionar por una devaluación del tipo de cambio oficial. Ahora tienen a mano un buen ejemplo para exigir al gobierno que se consagren para ellos los mismos “derechos” reconocidos a los turistas extranjeros. Es lo que se escucha por estos días en la Exposición Rural de Palermo, donde la oligarquía terrateniente llora lágrimas de cocodrilo mientras expone sus riquezas a los ojos de todo el mundo.

Los datos que publicó el miércoles de esta semana el INDEC exhiben una reversión del saldo mensual positivo del comercio exterior: en junio, por primera vez desde diciembre de 2020, el saldo estuvo en rojo. Una presión adicional para un salto del dólar oficial. Ese saldo es resultado de los retrasos en la venta de granos por parte del agronegocio, de las maniobras de otros exportadores que subfacturan sus ventas al exterior, de las avivadas de importadores que adelantan compras al exterior o sobrefacturan para sacarle dólares baratos al Central, pero fundamentalmente es el resultado de las debilidades de la estructura económica del país: aumentaron sustancialmente las importaciones de bienes intermedios que consume la industria debido a su atraso productivo y las compras de combustibles por el aumento de los precios internacionales, pero también por la crisis energética que el país atraviesa hace mucho tiempo.

A las devaluaciones las carga el diablo: todas las fuerzas que conducen hacia un salto general en el tipo de cambio oficial están desatadas. Incluso dentro del oficialismo hay quienes creen que una devaluación es una “salida”. Aunque no podrían indicar hacia donde conduce esa “salida”. De consagrarse la devaluación del tipo de cambio oficial, implicaría una licuación acelerada, aún mayor, de todos los ingresos de la clase trabajadora y de los sectores populares golpeados desde 2018 con el regreso del Fondo a la Argentina gracias a los oficios de Mauricio Macri.

La devaluación, además, agudizaría las tendencias a la desaceleración económica, o por qué no a la recesión, que surgen de las medidas implementadas en las últimas semanas: entre otras, la suba de tasas de interés y las restricciones a las importaciones. En el Frente de Todos se perciben al borde de la cornisa y buscan tender puentes hacia Juntos por el Cambio. En última instancia, entre todos pusieron en pie el régimen del FMI, que es quien comanda y comandará la economía por las próximas décadas.

Devaluación salarial

La marcha del próximo 17 de agosto convocada por la CGT, además de extemporánea, hace gala de la vaguedad. Sin escenario, sin oradores. Para “interpelar a toda la política”, dijo Héctor Daer. No es a favor ni en contra del gobierno, afirmó Pablo Moyano. Aunque agregó que “es para defender a la democracia y decirle a los empresarios que no jodan con el salario de los trabajadores". No obstante, se desconoce cuáles son los reclamos concretos a favor del salario que levanta la central. Es una tarea de la clase trabajadora la organización desde abajo para pelear por recuperar el poder de compra del salario, exigir que las centrales convoquen de inmediato a un paro nacional y a un plan de lucha por las demandas más urgentes, en la perspectiva de la huelga general.

Una de las urgencias es recuperar todo lo perdido desde la gestión de Macri hasta actualidad: según el Índice de Salarios del INDEC, la caída del poder de compra en el sector privado registrado es del 22 % (abril 2022 versus octubre 2015); en el sector público del 28 % (mismo período); y entre los informales del 30 % (para un período más corto, abril 2022 versus octubre 2016). Con la escalada de precios la única forma de no perder todos los meses es con la actualización automática mensual de las remuneraciones según la inflación. Al mismo tiempo, es necesario que nadie cobre un salario menor a lo que cuesta una canasta básica de pobreza ($ 104 mil para el mes de junio) en el camino de conquistar un mínimo equivalente al costo de una canasta familiar (valuada en $161 mil para el mes de mayo, según ATE Indec). El mismo reclamo de recuperación del poder de compra vale para los haberes jubilatorios.

Según datos del INDEC, sin considerar el sector público, el Excedente de Explotación Bruto (EEB), una suerte de aproximación a la masa de ganancias empresarias de toda la economía, aumentó su participación en la riqueza generada en el país desde el 42,2 % en el primer trimestre de 2016 al 47,8 % en el primer trimestre de este año. La contraparte es la caída de la Remuneración del Trabajo Asalariado (RTA) que disminuyó su participación en la riqueza desde el 45,3 % en los primeros tres meses del 2016 al 38,2 % en el mismo período de este año. Con el regreso del FMI primero y con el Gobierno de Alberto Fernández existió una enorme transferencia de ingresos en beneficio de los dueños de todo.

Los mecanismos económicos son complejos de explicar, pero toda trabajadora y trabajador de a píe sabe a partir de la experiencia práctica que la suba del dólar lleva a la suba de precios. La devaluación actúa como una “paritaria” de los grandes exportadores: de consagrarse, implicaría una nueva transferencia en favor de los que vienen ganando y mucho. En la crisis se crea la falsa idea de que todos pierden. Nada más alejado de la realidad.

Los dueños del comercio exterior

En algunos aumentos de precios, es cierto, inciden factores internacionales, como la suba de las materias primas. Eso se ve claro, por ejemplo, con el incremento del precio del trigo que impacta en el aumento del pan, los fideos y otros productos alimenticios. Pero la vía de transmisión de esos aumentos de precios internacionales hacia el mercado interno tiene lugar gracias a que el comercio exterior de granos está dominado por un puñado de empresas, mayormente multinacionales, pero también algunas nacionales. Se trata de Cofco-Nidera-Noble (China), Cargill (EEUU), ADM-Toepfer (EEUU), AGD (Argentina), Moreno (Glencore, Suiza), LDC (Francia), ACA (Argentina), Molinos (Argentina).

Estas empresas, fundamentalmente las multinacionales, dominan las cadenas mundiales de valor agroindustriales: establecen pautas financieras, productivas y tecnológicas. En Argentina, hacen lo que quieren gracias a que gozan prácticamente de un oligopolio privado del comercio de granos. Como demostró el caso Vicentin, es conocido que estas empresas subfacturan las exportaciones para eludir el ingreso de dólares al país o que directamente triangulan las operaciones para, no solo para no entrar los dólares, sino también para eludir el pago de impuestos. Es una práctica generalizada.

Es por eso que, desde la izquierda, se plantea el monopolio estatal del comercio exterior: para que las ventas externas (y también las importaciones) se realicen en función de las necesidades de la población; para que en un país donde existen condiciones para reorientar la producción hacia fines sociales, los alimentos estén accesibles para todos; para que no existan los niveles de pobreza e indigencia inauditos para los parámetros históricos del país.

Los dueños de la lapicera de remarcar

La inflación se elevó en los últimos años hasta ubicarse en zona peligrosa en los meses recientes: hoy las proyecciones ubican la inflación en el 79 % anual hacia fin de año. Pero no se descarta que la espiralización entre la suba del dólar y el aumento de precios lleve al Índice de Precios al Consumidor (IPC) a superar el 100 % anual. Si bien existen causas estructurales en la espiralización de la inflación, en el río revuelto los más poderosos son los que salen ganando.

La estructura oligopólica (es decir, dominada por unos pocos grandes jugadores) del comercio exterior se repite a nivel de la producción. Un par de ejemplos lo ilustran. Según CEPA (Centro de Economía Política Argentina) tres cuartas partes de la facturación de los productos de las góndolas es explicada por veinte empresas. Entre el 2016 y el 2019, tres empresas (Mastellone, Sancor y Danone) explicaron casi el 75 % de la facturación del rubro lácteo. Otras tres empresas (Coca-Cola, ADA y Pepsico) concentran el 85 % de la facturación de bebidas sin alcohol. En aceites, las compañías Molinos Ríos de la Plata, Molinos Cañuelas y Aceitera General Deheza (AGD), explicaron el 90% de la facturación. Otro tanto ocurre con la concentración en las grandes cadenas de supermercados, que son el eslabón final por el cual llegan los productos al consumidor.

Las empresas de alimentos mejoraron notablemente sus ganancias los años recientes. Algunos ejemplos lo grafican bien. En 2021, según la información que se desprende de sus balances contables, Molinos Río de la Plata, que pertenece a los Pérez Companc, tuvo ganancias por $ 2.739 millones, esto equivale a decir que ganaron $ 7,5 millones de pesos por día. En 2021, la ganancia neta de Arcor fue de $19.918 millones, 140% más que lo obtenido en 2020. Incluso en medio de la pandemia, y la crisis social, Arcor había ganado $8.213 millones.

En este entramado y en esas ganancias está la clave de porqué los Precios Cuidados y otras tímidas regulaciones estatales resultan medidas impotentes para frenar la suba de precios. Es que, si no se afecta esa estructura donde unos pocos son los dueños de casi todos los alimentos que se producen, las armas para ganar la guerra de la inflación las tienen los que suben los precios, los que tiene la lapicera para remarcar. La clase trabajadora tiene el potencial para garantizar el abastecimiento a precios accesibles para toda la población. Para eso, es necesario acabar con los secretos comerciales y abrir toda la contabilidad de las empresas para develar el verdadero costo de los productos y poner toda la información al servicio de comités de trabajadores y sectores populares.

Todos aquellos grandes productores de alimentos, agroexportadores (que tienen hasta sus propios puertos donde la Aduana “tiene que pedir permiso” para controlar), las grandes empresas agropecuarias, los terratenientes o “chacrers” que se demuestra que participan activamente de la especulación para imponer condiciones económicas favorables o lucrar con el desfalco nacional, deben ser expropiados y su estructura productiva puesta bajo gestión de las y los trabajadores.

Los trabajadores de las distintas empresas podrían contar con la colaboración de contadores públicos y técnicos para esta tarea. Esos mismos comités estarían en condiciones de detectar las maniobras y trampas de los capitalistas en todas las etapas de la cadena de producción y comercialización e impedir que se lleven adelante. Las empresas que se nieguen a dar toda la información, que sigan especulando con los precios y el abastecimiento deberían ser nacionalizadas y puestas bajo la gestión de sus trabajadores en colaboración con profesionales de las universidades públicas, como parte de una planificación racional para acabar con el hambre y garantizar una alimentación de calidad.

Asociación ilícita

Entre enero y abril de este año (último dato disponible) los bancos privados ganaron $ 40 mil millones, $ 336,6 millones por día. En un año (abril de 2022 versus abril de 2021) sus ganancias escalaron un 108 % mientras el índice de precios al consumidor en el mismo período fue de 58 %. También entre enero y abril, los pasivos remunerados del Banco Central, como las Leliq, reportaron ingresos a la banca privada por más de $ 621 mil millones. En solo cuatro meses, los bancos recibieron 2,3 veces más que el presupuesto de Potenciar Trabajo para todo 2022, que es de $ 276 mil millones. ¿Por qué se discute todo el día en los medios de comunicación el Potenciar Trabajo para los que no tienen nada y no se discute el subsidio a la ganancia de los “choribanqueros”?

Las reservas del Banco Central, es evidente, son saqueadas por diversos mecanismos. Aún con todas las maniobras que hacen las empresas importadoras y exportadoras, la escasez de dólares no se explica por ese solo factor. Entre los años 2000 y 2021, el país acumuló un ingreso neto de U$S 184 mil millones de dólares en el comercio exterior: se trata de la diferencia entre exportaciones e importaciones. Más recientemente, desde 2019, el comercio exterior muestra números positivos muy altos.

Aun así, en el país escasean dólares. ¿Por qué? Porque existe una fabulosa y sistemática fuga de capitales a guaridas fiscales. Además, hay empresas que simulan pagos de deuda al exterior para sacar dólares baratos del país, dólares que provee el Banco Central. A eso se suma que los pagos de deuda pública insumen una gran cantidad divisas y otro tanto ocurre con la remisión de ganancias de las empresas extranjeras que operan en estas tierras. La escasez de dólares no se puede reducir a maniobras (que obviamente existen), sino que se explica por un saqueo sistemático, estructural, del país por parte del empresariado local y extranjero. Para terminar de raíz con este saqueo es que la izquierda propone, como se señaló, el monopolio estatal del comercio exterior bajo el control de los trabajadores.

Pero esta medida en sí misma no es suficiente. El sistema bancario en manos privadas también opera por la devaluación. En medios de comunicación oficialistas se denunció estos días que las “mesas de dinero” de tres bancos especulaban con el ilegal dólar “blue”. No dieron los nombres. No obstante, que operen dólar “blue” es apenas un detalle. El sistema bancario es el que organiza la evasión impositiva y la fuga de capitales que hacen los dueños del país hacia guaridas fiscales en el exterior por todas las vías posibles.

Según develó el periodista Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna, en el ranking de las cien empresas que más fugaron durante el macrismo se destacaron Telefónica, Pampa Energía, General Motors, Shell, Quilmes, Monsanto, Aluar, Procter & Gamble, Arcor y Techint, entre muchas otras. Es una práctica sistemática que se hace más potente en cada crisis. La investigación que se realizó en el Congreso sobre la fuga durante el fatídico 2001 muestra que los grandes bancos organizaron la salida de capitales: Citibank, Banco de Galicia, Banco Río (actual Santander), BBVA Francés, Banca Nazionale del Laboro y el HSBC.

Para evitar los saqueos de quienes conspiran contra los intereses de las mayorías es necesaria la nacionalización del sistema bancario y financiero, con la expropiación de los bancos privados (pero no para apropiarse de los ahorros de los sectores populares, sino para preservarlos) y la conformación de un banco público único, bajo gestión de sus trabajadoras y trabajadores.

Aunque en la Argentina el crédito productivo se encuentra cada vez más retaceado, en favor del lucro que generan los préstamos al Banco Central y al Tesoro o los juegos con el tipo de cambio, y el que existe se focaliza en los grandes pulpos económicos, concentrar el crédito nacional puede ser una herramienta potente para tener una radiografía de toda la producción. Esto permitiría detectar todos los “Vicentin” que puedan haber apelado al crédito público para enriquecerse, con aval de los gobiernos de turno, como así también tener un termómetro de la circulación del capital, la verdadera situación de las ganancias del gran empresariado, de las riquezas que acumulan, de las relaciones entre los diferentes pulpos económicos. También haría posible garantizar crédito barato para acceder a la vivienda, a microemprendimientos o para los pequeños comerciantes golpeados por la crisis.

Los amos del norte

A Alberto Fernández se le cayó la reunión con Joe Biden por el Covid del presidente yanqui. Pero la ministra de Economía, Silvina Batakis, partió igual a Washington a un encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. También mantendrá reuniones en el Banco Mundial y con funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos.

En este segundo semestre, la nueva ministra deberá atravesar el desierto sin agua: el Fondo exige un recorte del gasto real (descontada la inflación) de casi el 8 % mediante la licuación de salarios públicos, haberes jubilatorios, transferencias a provincias y a empresas públicas. No solo eso. También exige que se presenten propuestas de contrarreforma previsional.

La peregrinación a Washington tiene el objetivo de lograr una flexibilización en el acuerdo con el organismo internacional, tanto en cuanto al objetivo de juntar reservas en el Banco Central como en el objetivo de déficit fiscal. Los Estados Unidos tienen la llave para lograr una flexibilización con el Fondo: ese país es el mayor accionista de este organismo de dominio imperialista.

Para lograr una flexibilización, Batakis lleva una ofrenda al FMI: la segmentación de tarifas y el revalúo inmobiliario. Las dos medidas tendrán fuerte impacto en sectores de “clase media” e incluso de hogares de asalariados. Son una caja de Pandora. Del revalúo todavía no existen detalles. Pero, en la segmentación de tarifas existe un grado importante de improvisación y falta de unidad de criterios entre los funcionarios a cargo de implementar la medida.

La quita de subsidios energéticos afectará a hogares que llegan a fin de mes no muy holgados: por ejemplo, aquellos que tienen dos integrantes con salarios no muy lejanos a las remuneraciones promedio del sector privado registrado podrían traspasan el umbral para ser considerados “ricos”, según el particular concepto de quienes armaron el Frankenstein de la segmentación.

La disyuntiva entre tarifazos o subsidios es el mejor homenaje a la privatización menemista de los servicios públicos: entre los defensores del régimen capitalista nadie se atreve a discutir que la energía debería ser considerada un derecho humano ni la nacionalización del sistema energético. Los aumentos de gas y electricidad para quienes pierdan los subsidios van a ser muy fuertes, aunque su aplicación será progresiva. Se implementarán desde agosto, es decir impactarán en las facturas que se reciban en septiembre.

Para agosto también aumenta 40 % el transporte en el AMBA. Otra ofrenda al Fondo con el objetivo de reducir subsidios. Los tarifazos son la chispa adecuada para fogonear un malestar social creciente. El FMI es un bombero loco que ya prendió fuego varios países con la misma receta: aumento de tarifas. Este viernes se oficializó, además, el congelamiento de la planta de empleados públicos, que Batakis había anunciado en su primera conferencia de prensa.

En Washington, la ministra también tendrá como misión confirmar lo que había pactado su antecesor, Martín Guzmán, en relación a que la evaluación del cumplimiento del acuerdo se efectúe a año vencido, es decir durante el primer trimestre de 2023. Es una forma de patear en el tiempo el pedido de un “waiver” (perdón) por incumplimiento o directamente reconocer la caída del acuerdo porque hace aguas por todos lados. De lograr mantener los términos acordados por Guzmán, la nueva ministra dejaría planteado el escenario de una nueva crisis de pagos o renegociación del acuerdo para la “previa” de las elecciones.

Batakis no la tiene fácil. Como lo expresó un editorial del diario británico Financial Times, existe una fuerte presión del capital financiero internacional para que el Fondo sea más duro con Argentina. Hay que decirle basta a la prepotencia imperialista, establecer el desconocimiento soberano de la deuda con los buitres de Wall Street y expulsar al FMI del país. Liberarse de la dependencia del capital financiero internacional es fundamental. Para eso es necesaria la más amplia lucha y movilización. Como decíamos ya hace tiempo desde el Frente de Izquierda, la opción nunca fue el FMI o el caos, sino que uno y otro van a la par y de la mano de un monumental saqueo como el que estamos viendo.

Como los capitalistas se opondrán a las medidas que afecten sus ganancias, la clase trabajadora y sus aliados de los sectores populares, como muestra la experiencia histórica, tendrán que avanzar en su auto organización democrática (contra todas las experiencias burocráticas del pasado) en la perspectiva de un gobierno de las y los trabajadores que termine con la propiedad privada de los medios de producción y de cambio, planifique democráticamente la economía e inicie la construcción del socialismo desde abajo a escala nacional e internacional.

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