La madrugada del 3 de abril el gobierno de Chimalhuacán, encabezado por Morena, reprimió con gases y tubos un plantón que exigía justicia ante los abusos policíacos y denunciaba su rol al encubrir delitos cometidos por sus elementos, como abuso sexual, secuestro y feminicidio.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Domingo 3 de abril de 2022
Imagen: Alan Tomé/Telediario
La madrugada de este 3 de abril, a través de redes sociales activistas y colectivas feministas denunciaron la represión contra un plantón instalado en las afueras de la Fiscalía de Chimalhuacán, municipio del Estado de México gobernado por la morenista Xóchitl Flores Jiménez.
Con gases lacrimógenos y tubos, un operativo desproporcionado de elementos de la Policía local identificados y otros vestidos de civil —mismo en el que también participaron elementos de la Guardia Nacional —arremetió contra quienes nutrían la protesta, principalmente familiares de víctimas de feminicidio como la familia de Diana Vázquez (asesinada en 2017 en Chimalhuacán) y de Mariana Lima (asesinada en 2009 por un comandante de policía de Chimalhuacán), que se encontraban en el sitio en solidaridad con la activista Irene Martínez, quien el 1 de abril fue detenida por elementos de la policía de tránsito local, desaparecida por unas horas y finalmente presentada con signos de tortura.
El "delito" de Irene Martínez, denunciaron distintas colectivas de la entidad, fue haber denunciado a cinco elementos de la policía de Chimalhuacán (un comandante entre ellos) que en 2019 secuestraron y abusaron sexualmente de su hija de 12 años. Desde entonces, y al igual que la familia de Diana y de Mariana, han denunciado el hostigamiento sistemático por parte de la policía, así como la inacción por parte de la Fiscalía General del Estado de México en cuanto a avances en las investigaciones sobre estos crímenes y la inoperancia de la Alerta de Violencia de Género, botones de pánico y "corredores seguros".
La impunidad y la complicidad de las instituciones para cubrir a su brazo armado no duda en revictimizar o criminalizar y así lo demuestra el comunicado que lanzó el Gobierno de Chimalhuacán tras la represión, en donde asegura que "la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal actuó conforme a la ley" y acusaron "vandalización" por parte de "40 feministas" de las instalaciones policíacas.
Casos como estos evidencian un entramado de complicidad que falsea escenas del crimen (como en el caso de Mariana Lima), que entorpece las investigaciones alegando "falta de pruebas" y somete a las familias a graves vejaciones, hostigamiento y, como vemos con el caso de Irene Martínez, a la persecución y violencia.
La exigencia de verdad y justicia para las víctimas de la violencia patriarcal y feminicida es una con la denuncia de la impunidad y la exigencia de la disolución inmediata de los cuerpos represivos, así como del desfinanciamiento de cuerpos militarizados como la Guardia Nacional.
¡Ni una más!
