La reforma laboral quedó postergada, en una pausa hasta marzo. Lo que no se toma pausa son las conspiraciones contra los trabajadores de la casta parlamentaria. La pugna sigue abierta, y la reforma queda entre el recurso autoritario de la derecha, y el chantaje de la Nueva Mayoría
Nicolás Miranda Comité de Redacción
Miércoles 3 de febrero de 2016
La intransigencia empresarial
Las expectativas de los trabajadores se deshicieron con una reforma laboral que anunciaba una cosa para terminar pro-empresarial. Las promesas, mínimas, de asegurar el derecho efectivo a huelga y fortalecer los sindicatos, se diluyeron. Con la posibilidad del re-emplazo interno vía las “adecuaciones necesarias” o nuevas fórmulas afines; con los quórums para formar sindicatos; con los plazos limitados para declarar la huelga; con la limitación de la huelga a la negociación colectiva; con la posibilidad de extender los beneficios; con los límites a la negociación inter-empresa. Por no mencionar todo lo que queda fuera, como la negociación por rama.
Aún así, los empresarios no quieren, como Pinochet, “que se mueva ni una hoja” sin que ellos lo permitan.
Hace pocos días atrás, justo antes que termine el año, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se reunió con la Ministra de Trabajo Ximena Rincón, y al concluir, declaró que no se harán parte de ningún acuerdo por la reforma.
No están solos.
El autoritarismo de la derecha
La derecha no se toma pausa. En el receso legislativo, conspira activamente contra los trabajadores. Ya había anunciado que podría recurrir al anti-democrático y autoritario Tribunal Constitucional (TC). Ahora, se preparan activamente.
Tienen una tranquilidad: no elegido por nadie, con miembros designados, con la repartija de cargos entre la derecha y la Nueva Mayoría, ahora cuentan con mayoría. Uno de los suyos, José Ignacio Sánchez, re-emplaza ahora a Francisco Fernández, que estaba ligado al PS.
La derecha reunió un equipo de abogados para preparar la impugnación constitucional en el Senado y llevarla al TC. Impugnarán todo: la titularidad sindical con la extensión de beneficios, el re-emplazo en huelga, el derecho a la información de la empresa para los sindicatos. Todo amparado en “la iguldad ante la ley” según la entiende la Constitución de Pinochet que diseñó uno de sus fundadores, Jaime Guzmán.
Tampoco están solos.
El chantaje de la Nueva Mayoría
Tampoco se toman una pausa en la Nueva Mayoría. En los días siguientes a la postergación, las negociaciones secretas siguieron su curso.
Con tranquilidad, el presidente de la DC, que lidera el llamado “bloque pro-PYME” de los Senadores, declaró que tienen casi cerrado un acuerdo, que asegure las restricciones dichas, como la de las “adecuaciones necesarias”.
Insiste en este punto, diciendo que “ lo que nos preocupa a algunos es que en determinado tipo de empresas un grupo pequeño de trabajadores pueda generar con su paralización un daño irreparable a la empresa, que perjudique a todo el resto y es ahí donde ha estado la diferencia y por eso hemos hablado de adecuaciones necesarias”.
Sobre esta base, revela que “con lo que hemos conversado esta semana los primeros días de marzo podemos aprobarla sin problemas”.
Realiza un chantaje. Agregó que “en marzo debemos llegar a un acuerdo, y si no hay acuerdo, se vota”. Es decir, se va a votación, si no se toman sus planteos anti-sindicales, votarán en contra y se perderán los mínimos, realmente mínimos, anunciados.
En este escenario, la estrategia de lobby parlamentario de la dirigencia de la CUT en todas sus alas, el PC de Bárbara Figueroa, el PS de Arturo Martínez, la DC de Nolberto Díaz, fue un fracaso. El anuncio de paro para el 22 de marzo, debe rechazar estos chantajes y recursos autoritarios de la casta parlamentaria, prepararse con antelación, sostenerse en la movilización y la más amplia unidad
