Miércoles 14 de enero de 2015
Divergencia de opiniones en el mundo sindical
Cuando fue presentado el proyecto de ley, la presidenta de la CUT del Partido Comunista Bárbara Figueroa declaró que un “proyecto de reforma como este va a beneficiar a millones de trabajadores y trabajadoras”, y agregó días después: “Es la reforma laboral más importante de los últimos 25 años”.
La opinión no fue unánime. Dentro de la CUT, el vicepresidente del Partido Socialista Arturo Martínez aunque valoró el proyecto, declaró que "El proyecto no cumple las expectativas de la CUT, es indudable que hay un par de temas que son importantes, pero por lo menos yo esperaba más. Hay temas nuestros que se quedaron afuera y hay otros mal abordados".
Por fuera de la dirigencia de la CUT, las críticas fueron mayores. Luis Mesina, secretario general de la Confederación Bancaria afirmó que “los puntos centrales, lo que los trabajadores estamos planteando desde hace más de 30 años no están planteados en esta propuesta y ya tenemos la trágica experiencia del 2006, cuando la presidenta Bachelet hizo reformas que significó legalizar una forma encubierta de esclavitud asalariada como es el subcontrato”. Manuel Díaz, presidente de la Federación Nacional del Trabajador Walmart, la valoró como un avance, señalando también que no responde a las expectativas históricas del mundo sindical. José Luis Ortega, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores, Homecenter Sodimac, declaró que "hoy como nunca están los votos, la Nueva Mayoría tiene la posibilidad de legislar para un Chile mejor. Creo que los puntos (de la agenda laboral) son insuficientes, Chile se merece un nuevo Código del Trabajo ". La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, (Anamuri), expresó su molestia por dejar fuera a los trabajadores jornaleros de los beneficios que propone la Reforma Laboral. La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) acusó estar excluida de la reforma laboral. La Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) en un comunicado señalando las restricciones que permanecen, afirmó que “el llamado entonces, para el Movimiento Sindical en su conjunto y para todos los trabajadores de Chile, es ejercer nuestro legítimo e histórico derecho a la presión”.
Fuera del mundo sindical, los especialistas laborales también señalaron los límites y restricciones.
La aparición de la letra chica
Transcurridos los primeros días y tras los anuncios y titulares, la lectura del proyecto de ley devela aspectos inesperados.
En una conferencia de prensa, la dirigencia de la CUT debió declarar que existen “elementos que revisten una gravedad mayor puesto que entran en contradicción con lo que el mensaje Presidencial plantea y con la primera parte del proyecto de ley”, y denunciaron cuatro puntos: el de la representatividad en los pactos de adaptabilidad, el de los servicios mínimos, el de las causales de desafuero y la aplicación de la Ley un año después de publicada.
Con relación a las causales de desafuero, se denuncia su ampliación, pues podría implicar que acciones normales en una huelga como bloquear las entradas o el generar ruido para llamara la atención pueda alegarse como una causa para desaforar a los dirigentes. Ante esto, Arturo Martínez fue más lejos: “Esta es como una Ley Hinzpeter adentro de la ley laboral”.
La tensión entre los titulares y la letra chica
Los titulares del proyecto de ley, la titularidad sindical, el fin del reemplazo en huelga, los pisos mínimos en la negociación que, junto a otros, hicieron que los empresarios la denunciaran como una “reforma pro-sindical” más que una “reforma laboral”, entran en tensión con la letra chica.
¿Qué se impondrá sobre qué? Probablemente, la respuesta esté más allá de la letra de la ley.
La decisión de la CUT y la respuesta del Gobierno
Ante esto, la CUT decidió que “hemos decidido no asistir el lunes a la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados, a la que sería nuestra primera presentación sobre el proyecto de ley”. Todo un gesto político.
Pero aliviando, pues también decidieron “solicitar una reunión a la Ministra del Trabajo y el Ministro de Hacienda, para que podamos aclarar este debate”.
De todos modos, la respuesta del Gobierno fue un portazo. La Ministra del Trabajo Javiera Blanco declaró que “no estamos generando una situación de criminalización de la huelga” y llamó a la CUT a hacerse parte del proceso legislativo.
El optimismo inicial de una rápida y fácil aprobación se aleja. La cercanía de Bárbara Figueroa con el Gobierno, no estaría dando los frutos esperados.
